Tras denunciar el "alto grado de represión" del Gobierno de Daniel Ortega

La Iglesia nicaragüense protesta por la expulsión de la ONU de la mesa de diálogo

ACNUDH emitió un informe que habla de "más de 300 muertos y 2.000 heridos"

La Iglesia nicaragüense protesta por la expulsión de la ONU de la mesa de diálogo
Manifestación en Nicaragua Agencias

La decisión del gobierno de Nicaragua de expulsar a la delegación de la ONU desprestigia al país en la comunidad internacional y no hace bien a la sociedad nicaragüense

El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, afirmó que la expulsión de una misión de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) después de que denunció el «alto grado de represión» de las protestas contra el Gobierno «desprestigia» a Nicaragua.

«La decisión del gobierno de Nicaragua de expulsar a la delegación de la ONU desprestigia al país en la comunidad internacional y no hace bien a la sociedad nicaragüense», dijo en sus redes sociales Báez, uno de los obispos más populares del país.

Báez forma parte de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), que actúa como mediadora en un diálogo, instalado en mayo y suspendido desde julio pasado, entre el Gobierno y la gran Alianza Cívica que integran empresarios, estudiantes, académicos y otros sectores nacionales y pide adelantar las elecciones.

 

 

 

 

El Gobierno de Nicaragua dio «por concluida la invitación» a la ACNUDH el jueves, aunque fue hasta el viernes que la confirmó tras una denuncia del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

La misión de la ACNUDH llegó a Nicaragua en junio pasado para conocer de la crisis sociopolítica que, según el informe que emitió el pasado miércoles en Ginebra, ha dejado «más de 300 muertos y 2.000 heridos», y de momento ninguno de sus integrantes se ha referido a la expulsión ordenada por Ortega.

El informe señaló al Gobierno de Nicaragua por el «uso desproporcionado de la fuerza por parte la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y obstrucción del acceso a la atención médica», entre otras violaciones a los derechos humanos, contra cualquier persona que opine distinto al Ejecutivo.

También lo responsabilizó de «detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado, frecuentes malos tratos y casos de torturas y violencia sexual en los centros de detención, violaciones a las libertades de reunión pacífica y expresión».

El presidente nicaragüense ya había rechazado el documento «por considerarlo subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado, redactado bajo la influencia de sectores vinculados a la oposición, y ausente del debido cuidado en su redacción de manera objetiva».

Las protestas contra Ortega y Rosario Murillo comenzaron el 18 de abril pasado, por unas reformas a la seguridad social, que finalmente fueron retiradas, y se convirtieron en la exigencia de que renuncie el mandatario, después de 11 años en el poder, entre acusaciones de abuso y corrupción en su contra.

(RD/Efe)

 

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Autor

Jesús Bastante

Escritor, periodista y maratoniano. Es subdirector de Religión Digital.

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