El caso fue reabierto en mayo de 2017, un año después que la Corte Suprema de Justicia dejara sin efecto una polémica Ley de Amnistía de 1993 que impedía que los responsables de crímenes de guerra fueran investigados, procesados y encarcelados
Un tribunal de El Salvador ordenó la detención del capitán Álvaro Saravia Merino, presuntamente responsable del homicidio del arzobispo Monseñor Óscar Arnulfo Romero el 24 de marzo de 1980, en uno de los casos que más conmocionaron a la iglesia católica de Centroamérica, por la influencia y el arraigo que tenía este sacerdote entre los fieles de su país.
El arzobispo, que fue canonizado por el Papa Francisco, se convirtió en un ícono de la Iglesia católica en América Latina por sus llamados para frenar la violencia y las violaciones a los derechos humanos en el empobrecido país centroamericano.
El juez Rigoberto Chicas valoró que existen elementos suficientes para imputar a Saravia, un militar de 78 años, por su participación en la ejecución de Monseñor Romero mientras oficiaba una misa en la capilla de un hospital para pacientes con cáncer.
«El juez libró oficio al director de la policía nacional, al departamento de disposiciones judiciales y a la Interpol de El Salvador a fin de que procedan a la búsqueda, ubicación y captura del imputado Álvaro Rafael Saravia Merino», dijo el jefe de prensa de los tribunales, Ulises Marinero.
Ordenan captura internacional contra el ex capitán Álvaro Saravia, acusado de asesinar a Monseñor Romero, el 24 de marzo de 1980. https://t.co/TUdmKqRUIB pic.twitter.com/F3G9VUcHmm
— TN5 (@TN5Telenoticias) 23 de octubre de 2018
Fuentes consultadas en tribunales dijeron no saber dónde se encuentra Saravia y que la policía es la encargada de investigar sobre el tema. La investigación del crimen de Romero inició en 1980, pero quedó en la impunidad y hasta el momento sólo se conoce la supuesta participación del capitán Saravia.
El caso fue reabierto en mayo de 2017, un año después que la Corte Suprema de Justicia dejara sin efecto una polémica Ley de Amnistía de 1993 que impedía que los responsables de crímenes de guerra fueran investigados, procesados y encarcelados. El tribunal también exhortó a la Fiscalía para que investigue a otros posibles autores y participantes en el crimen del religioso.
(RD/Agencias)
