Bolsonaro atacó severamente a los pueblos indígenas, sus derechos fundamentales a la tierra, la diferencia, el de ser sujetos de derechos y sus perspectivas de futuro
(Luis Miguel Modino, corresponsal en Brasil).- El Consejo Indigenista Misionero – Cimi, de Brasil, se ha pronunciado este 4 de enero, con una dura nota, contra las medidas tomadas por el gobierno de Jair Bolsonaro en estos primeros días de mandato, denunciando como inconstitucionales algunas de las medidas tomadas en referencia a los pueblos indígenas.
El foco de las protestas se centra en la Medida Provisional 870/2019, con la que transfiere la Fundación Nacional del Indio (Funai) del Ministerio de Justicia al Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, y lo que es más grave, retirando del órgano indigenista las competencias en la identificación y delimitación de tierras, que ahora pasan al Ministerio de Agricultura, controlado por los grandes hacendados, enemigos tradicionales de la demarcación de territorios indígenas, lo que viola tanto la Constitución Brasileña como leyes y tratados internacionales.
El Cimi denuncia la articulación de diferentes intereses para expoliar las riquezas de tierras secularmente preservadas, lo que pone en peligro no sólo al medio ambiente, sino también a los pueblos que las habitan. El objetivo del nuevo gobierno, según la nota, es «descalificar los derechos individuales y colectivos de comunidades y pueblos tradicionales, atacar a líderes que luchan por derechos, amenazar y criminalizar a defensores y defensoras del medio ambiente, indigenistas». De hecho, como también se recoge en la nota, el gobierno Bolsonaro va a controlar «actividades y acciones de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales en el territorio nacional», mediante una Secretaría de Gobierno encabezada por un militar.
El propio Consejo Indigenista Misionero prevé que «el gobierno actuará de modo autoritario», gobernando sólo desde y para los intereses de grupos afines, llegando a tildar al nuevo gobierno como «sectario», y que «actuará sin oír a la sociedad civil organizada», lo que podría ser entendido como un modo de autoritarismo propio de regímenes dictatoriales. Ante esa situación el Cimi espera la reacción del Congreso, algo que no es muy plausible, así como «intensas articulaciones, campañas y movilizaciones, en el país y en el exterior».
La actitud del organismo indigenista de la Iglesia católica, tradicionalmente amenazado por diferentes poderes políticos y económicos, y que el propio Bolsonaro incluyó dentro de lo que él denomina como «parte podrida de la Iglesia católica», junto con la propia Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil – CNBB, no resulta sorpresiva, pues tradicionalmente han denunciado las innumerables tropelías de los diferentes gobiernos brasileños que, en mayor o menor medida, han ignorado las reivindicaciones de los pueblos originarios.
Lo mismo se puede decir del nuevo gobierno, pues las medidas tomadas sólo confirman afirmaciones previas en contra los pueblos indígenas, intentando satisfacer intereses espurios de quienes no pretenden otra cosa que enriquecerse a cualquier costa y sin tener en cuenta las consecuencias para el medio ambiente y para aquellos que siempre han sabido cuidar con especial mimo de lo que consideran prolongación de su propia vida y expresión de la divinidad.
Nota del Cimi: Medidas inconstitucionales del gobierno Bolsonaro afrontan derechos indígenas
El presidente de la República Jair Bolsonaro, minutos después de su posesión, el 1 de enero de 2019, editó la Medida Provisional 870/2019. La MP tiene la finalidad de establecer la estructura del gobierno, los objetivos y funciones de sus ministerios y órganos y las medidas a ser adoptadas por la administración pública federal.
Entre las medidas está la transferencia de la Fundación Nacional del Indio (Funai), que hasta entonces se encontraba en el Ministerio de Justicia (MJ), para el Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos. Con ello, retiró de la Funai sus principales atribuciones, de proceder a los estudios de identificación y delimitación de tierras, promover la fiscalización y protección de las áreas demarcadas, así como aquellas donde habitan pueblos que aún no han establecido contacto con la sociedad nacional.
El gobierno, además de vaciar las funciones legales del órgano de asistencia a los pueblos y comunidades indígenas, transfirió al Ministerio de Agricultura, comandado por hacendados que hacen oposición a los derechos de los pueblos, la atribución de realizar los estudios de identificación, delimitación, demarcación y registro de áreas requeridas por los pueblos indígenas. En suma, el gobierno decretó, en su primer acto en el poder, el aniquilamiento de los derechos asegurados en los artículos 231 y 232 de la Constitución Federal, carta magna del país. Bolsonaro atacó severamente a los pueblos indígenas, sus derechos fundamentales a la tierra, la diferencia, el de ser sujetos de derechos y sus perspectivas de futuro.
Entregar la demarcación de tierras indígenas y quilombolas a los ruralistas – transfiriendo tal responsabilidad de la Funai y del Incra al Ministerio de Agricultura – el gobierno incumple las leyes y normas infra constitucionales, así como afronta la Constitución Federal. El artículo 6 de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los pueblos indígenas y tribales, promulgada por el Decreto n 5051, de 19 de abril de 2004, así como afronta el Art. 1 del Decreto 1775 / 1996, Art. 19 de la Ley 6001/1973 y los Arts. 1 y 4 del Decreto nº 9010/2017. La medida hiere aún los derechos culturales de los Pueblos Indígenas con fundamento en el Art. 129, inciso V, de la Constitución Federal.
«Estamos preparados, não vamos recuar, nem abrir mão dos direitos conquistados, e muito menos entregar nossos territórios para honrar o acordo entre Bolsonaro e seus coronéis»https://t.co/vt6MWXNUVo
— IHU (@_ihu) 4 de enero de 2019
El Consejo Indigenista Misionero viene a público repudiar tales medidas y denunciarlas como un componente de una colusión articulada por la bancada ruralista, empresarios de la minería y de la explotación maderera con el objetivo de desencadenar un intenso proceso de espolio de las áreas demarcadas, entregárselas a emprendimientos de la iniciativa privada del país y del exterior y, además, inviabilizar nuevas demarcaciones de tierras tradicionales.
En el entendimiento del Cimi, el gobierno recién iniciado pretende gestar el país a partir de propósitos que buscan descalificar los derechos individuales y colectivos de comunidades y pueblos tradicionales, atacar a líderes que luchan por derechos, amenazar y criminalizar a defensores y defensoras del medio ambiente, indigenistas, entidades y organizaciones de la sociedad civil, es decir, todos aquellos que se pongan en contra del proyecto de explotación indiscriminada de las tierras y de los recursos en ellas existentes. No es casual que la misma medida provisional, determina que una Secretaría de Gobierno, encabezada por un militar, haga el monitoreo de actividades y acciones de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales en el territorio nacional.
En los discursos de posesión del presidente y de sus ministros hubo la señalización de que el gobierno actuará de modo autoritario, hay afirmaciones de que no se pretende oír propuestas que no las de los segmentos políticos y económicos que el gobierno defiende. Los pronunciamientos del ministro jefe de la Casa Civil dan señales de que tendremos un gobierno sectario, que actuará sin oír a la sociedad civil organizada.
El Cimi confía que los Poderes Legislativo y Judicial, cuando sean llamados a evaluar y a manifestarse acerca de lo que está siendo deliberado y propuesto, actuarán con imparcialidad, prudencia y sobriedad para deshacer todas las proposiciones consideradas ilegales, tales como el desplazamiento de la competencia de la demarcación de tierras de la Funai para el Ministerio de Agricultura y la ausencia de consulta libre, previa e informada a los pueblos y comunidades originarias y tradicionales establecidas por la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificada por el Estado Brasileño, por lo tanto aceptada e incorporada al ordenamiento Jurídico del país.
Creemos que, a partir del protagonismo de los pueblos indígenas, de las demás comunidades y grupos sociales afectados por las medidas arbitrarias del gobierno Bolsonaro, se desencadenan intensas articulaciones, campañas y movilizaciones -en el país y en el exterior- con el objetivo de llamar la atención de organismos y las sociedades para la desastrosa política puesta en práctica en Brasil, llamando a todos a manifestarse ante las autoridades, en la perspectiva de que la Medida Provisional 870/2019 sea rechazada por el Congreso Nacional asegurando entonces que los derechos individuales y colectivos se vuelvan prioritarios frente a los derechos, intereses políticos y económicos corporativos.
Brasilia, 04 de enero de 2019
Consejo Indigenista Misionero
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