Relación inapropiada (El cardenal DiNardo se disculpa por los supuestos abusos del cardenal McCarrick).
El cardenal Daniel DiNardo, presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos y arzobispo de Galveston-Houston, ha sido acusado de desestimar una denuncia sobre un allegado suyo.
A una semana de que se celebre un encuentro en Baltimore, en el estado de Maryland, para abordar la crisis de abusos sexuales en la Iglesia Católica, que DiNardo presidirá, una mujer lo ha acusado de permitir que un cura la sedujera, traicionara y se aprovechara sexualmente de ella y después siguiera ejerciendo su ministerio en la Iglesia.
Laura Pontikes, una ejecutiva de 55 años, ha manifestado que Frank Rossi, que era el vicario general de la archidiócesis de Galveston-Houston, se aprovechó de que se encontraba vulnerable emocionalmente para iniciar una relación física unos años atrás.
«Recibió a una mujer que fue a una iglesia en busca de Dios y se la quedó él», ha asegurado Pontikes.
Según ha relatado la mujer, Rossi escuchó sus confesiones, aconsejó a su esposo y presionó a la pareja para que donara «cientos de miles de dólares».
Cuando lo denunció ante el cardenal DiNardo, este la elogió y le prometió que el acusado nunca más sería sacedote ni aconsejaría a mujeres.
Sin embargo, poco tiempo después, el purpurado autorizó a Rossi para que asumiera un nuevo encargo pastoral en una iglesia al este de Texas.
En respuesta a esta acusación, la archidiócesis de Galveston-Houston ha reconocido la relación sexual entre Rossi y Pontikes, pero ha afirmado que fue consensuada.
Las autoridades de Texas investigan el caso y, según la legislación local, un miembro del clero puede ser acusado de violar a un adulto si explotó una dependencia emocional, en el marco de una relación espiritual.
Estos hechos han vuelto a evidenciar el papel que han jugado destacados miembros de la Iglesia Católica en las investigaciones sobre los casos de abuso sexual.
El 23 de marzo, la Nunciatura Apostólica en Chile comunicó que el papa Francisco había aceptado la renuncia del cardenal Ricardo Ezzati, acusado de encubrir los delitos sexuales cometidos por el exsacerdote Fernando Karadima.
Unos días después, el pontífice aprobó una ley para obligar a los jerarcas del Vaticano a denunciar «sin demora» los posibles casos de abuso sexual y maltrato contra menores de edad y personas vulnerables, castigando con una multa de entre 1.000 y 5.000 euros al funcionario público que postergue la acción.
