"La Iglesia no dejará de anunciar con toda libertad de acuerdo con la misión recibida"
No ha sentado bien a la Iglesia española que los diputados sometiesen a votación una eventual reprobación al Papa por las declaraciones que hizo sobre el sida y el uso del preservativo en su viaje a África el pasado mes de marzo en las que decía que su uso «aumenta el problema». Tanto es así que la Conferencia episcopal no sólo lamenta la votación, sino que, además, acusa al Parlamento de «poner en peligro» y «lesionar el derecho de libertad religiosa», asi como «contradecir seriamente el principio de no intervención». Es decir, la separación Iglesia-Estado.
La reprobación solicitada por IU-ICV no ha salido adelante porque la votación fue rechazada. El único apoyo al contenido de la iniciativa ha sido el del PSOE, aunque ha optado por abstenerse. Por boca del diputado Joan Calabuch ha expresado su «completa discrepancia» con estas manifestaciones y ha destacado «la especial responsabilidad del Papa a la hora de expresarse», «por las gravísimas consecuencias» que pueden tener sus palabras.
La nota de condena, titulada «ante la fallida reprobación del Papa por una comisión parlamentaria», es obra del Comité Ejecutivo, la máxima instancia operativa del episcopado español, que se reunió el pasado día 10. Una nota corta, pero contundente, que denota la indignación que la eventual reprobación parlamentaria de Benedicto XVI causó en toda la jerarquía de la Iglesia católica.
Para que nadie les acuse de no acatar las normas del Estado de Derecho, los prelados comienzan mostrando su respeto al Parlamento de la nación. Eso no obsta, para que los obispos lamenten «profundamente» que «se haya admitido a trámite y que hoy se haya votado en Comisión parlamentaria una reprobación de las palabras y de la actuación de Su Santidad el Papa Benedicto XVI».
Y lo lamentan por dos razones principales. Primero, porque con tal decisión «el Parlamento pone en peligro el principio de la libertad religiosa«. Y segundo, porque atenta contra el principio de no injerencia. Para los obispos, «la justa distinción entre Estado y sociedad y, más en concreto, entre Estado e Iglesia y entre el orden político y el orden moral, exige que las instituciones del Estado se abstengan de intervenir en el libre desarrollo de las instituciones religiosas, y en nuestro caso, de la Iglesia católica».
Sentados los principios, las consecuencias son obvias. «Tratar de interferir por medio de reprobaciones políticas parlamentarias en la guía moral que el Papa ejerce en la Iglesia mediante su magisterio ordinario, contradice seriamente el principio de no intervención y lesiona el derecho a la libertad religiosa«.
La Iglesia no impone nada a nadie
La jerarquía quiere dejar claro, además, que, cuando el Papa o los obispos predican sobre el preservativo u otros temas morales, no impone. «El magisterio de la Iglesia propone a los católicos y a todos los hombres unos principios de vida que no quiere ni puede imponer a nadie, pero que no dejará de anunciar con toda libertad de acuerdo con la misión recibida«.
Porque, además, la Iglesia católica cree que, «al exponer la doctrina moral que se deriva del Evangelio, contribuye a la formación de las personas como verdaderos sujetos responsables y como ciudadanos capaces de colaborar en la consecución del bien común».
Para rematar su escrito y reparar en lo posible el daño causado a la imagen de Su Santidad por los parlamentarios españoles, la Conferencia episcopal expresa «al Papa el afecto y la adhesión más cordial de los obispos y de todos los católicos españoles«.
El Vaticano apluade la decisión
El director de la sala de prensa del Vaticano, Federico Lombardi, aplaudió este jueves que el Congreso de los Diputados se haya negado a reprobar al Papa Benedicto XVI por sus declaraciones sobre el Sida y el uso del preservativo.
«Me habría asombrado que el resultado de la votación hubiera sido el contrario. Que el Parlamento haya rechazado la propuesta me parece lo más natural», aseguró Lombardi en declaraciones a Europa Press.
El portavoz vaticano, no obstante, no quiso hacer ninguna valoración sobre el hecho de que una propuesta de estas características hubiera sido admitida a trámite. El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española (CEE), en cambio, sí acusó al Parlamento de haber puesto «en peligro la libertad religiosa» al admitir votaciones de este tipo.
Lombardi tampoco quiso comentar las afirmaciones de algunos parlamentarios españoles que esta mañana acusaron al Papa de «sembrar confusión» y calificaron sus palabras sobre el Sida de «irracionales».
«El Vaticano ya se pronunció hace meses sobre este asunto. No tengo nada que añadir», afirmó el portavoz en referencia a la respuesta que la Santa Sede dio el pasado mes de abril al Parlamento belga después de que éste condenara públicamente las declaraciones del Pontífice sobre el Sida.
En concreto, la Santa Sede criticó al Parlamento belga por haber reprobado al Santo Padre en base a «un extracto de entrevista sacado y aislado de su contexto» y que había sido usado «por algunos grupos con un claro intento intimidatorio».
