Los obispos no actúan nunca con cálculos de oportunidad política
«Un pueblo que mata a sus hijos es un pueblo sin futuro«, afirmó este mediodía el obispo auxiliar de Madrid y portavoz episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, durante la rueda de prensa conclusiva de la Comisión Permanente del Episcopado. Un encuentro que ha servido para que los obispos apoyen y avalen la manifestación contra la futura Ley del Aborto que diversas organizaciones han convocado para el 17 de octubre, cuya convocatoria y participación consideran «legítima y conveniente«. No obstante, Camino recordó que los obispos no convocan la marcha (él mismo no quiso decir si acudirá o no), y mostró su esperanza en que su oposición al Proyecto de Ley «no enturbie» las relaciones con el Gobierno.
En opinión de los obispos, la nueva ley «supone un serio retroceso en la protección del derecho a la vida de los que van a nacer, un mayor abandono de las madres gestantes y un daño irreparable para el bien común». Como posteriormente profundizó Camino, la reforma «es todavía más injusta que la ley anterior, ya de por sí injusta«, y defendió «el derecho de los ciudadanos a manifestar su radical oposición» a la misma en la calle.
Y es que, en opinión del portavoz episcopal, «el aborto es una cuestión religiosa, pero no sólo. No hace falta ser creyente para oponerse al aborto, pero es que somos creyentes». Afortunadamente, subrayó, «la Iglesia no está sola en defensa de la vida humana».
Sí estará frente al Gobierno. En este punto, Camino señaló que «los obispos no actúan nunca con cálculos de oportunidad política«, y aseguró que lamentaría que el diálogo con el Ejecutivo socialista se enfriase. «Esperamos que la defensa de la vida no sea obstáculo del diálogo con nadie», añadió.
Sí quiso dejar claro el portavoz, cuestionado por la respuesta de la Iglesia católica en España a la fallida reprobación del Papa en el Congreso, que «la Iglesia no interviene en política«, y volvió a criticar la actitud de quienes promovieron la votación en la Cámara Baja. «Las confesiones religiosas deben ser libres, sin coaccciones, sin temor a ser juzgados por el Estado».
«Si la Iglesia se inmiscuyera en la cuestiones propias del Estado, no lo estaría haciendo bien, pues cada uno tiene su espacio, que hay que preservar», destacó el obispo auxiliar de Madrid, quien recordó que las autoridades estatales «tienen la obligación de no interferir en el libre desarrollo de las confesiones religiosas, sin cortapisas ni actuaciones excesivas«.
«El Estado no puede decidir lo que el Papa puede o no decir«, denunció Camino, que reconoció no obstante que «la sociedad sí puede quejarse, aunque sea injusto, de lo que dijo el Papa. Pero otra cosa es el Estado, que es un poder de la sociedad y tiene un poder limitado, para no poner en cuestión los derechos de los ciudadanos».
«La Iglesia intenta no intervenir, no hacer política, pero sí interviene en el libre debate público, que es acorde con la democracia», concluyó el portavoz. Sí sería criticable, reconoció, «que la Iglesia quisiera condicionar el funcionamiento del Estado en cuanto tal», cosa que, en su opinión, no se hace en la España de hoy.
En otro orden de cosas, los obispos reclamaron «un gran pacto social sobre la educación«, en el que se hallen todos los sectores implicados: «profesores, padres de alumnos, titulares de instituciones educativas y la misma Iglesia», y mostraron su apoyo a los obispos de Honduras, y en particular al cardenal Maradiaga, «en su esfuerzo por obtener la reconciliación del pueblo hondureño, mediante una salida justa, pacífica y sin presiones a la crisis que atraviesa el país hermano».
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