Los legisladores, que son los que imponen, tienen el deber de escuchar a la sociedad
El Secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Juan Martínez Camino, ha asegurado ante los micrófonos de La Linterna de la Cadena COPE que con la reforma de la Ley del aborto la vida del nasciturus en las primeras 14 semanas no vale nada, vale lo que quiera que valga un tercero y deja de tener protección legal alguna. «Esto es un paso atrás en la desprotección del derecho a la vida y por ese motivo es tan importante la manifestación del día 17 en Madrid«, afirmó.
Según Camino es difícil explicar porque el Gobierno ha tratado de reformar una ley que debiera haberse reformado en otra dirección. En palabras del portavoz de la Conferencia Episcopal «hace un año cuando el Gobierno comenzó a proponer una nueva Ley del Aborto la sociedad estaba escandalizada del negocio que suponían los centros abortivos, España se había convertido en centro de comercio internacional del aborto y lo que la sociedad pedía era una ley más seria para defender el derecho a la vida de los seres humanos incipientes».
Monseñor Martínez Camino se ha querido defender de aquellos que afirman que defender la vida es retrógrado y ha afirmado que «si es retrogrado dar voz a quienes tienen un derecho pero no pueden defenderse por si mismo, bienvenido sea serlo«. Aunque en su opinión esas etiquetas no explican nada sobre el fondo de la cuestión.
Martínez Camino ha querido manifestar que la manifestación del día 17 de octubre en Madrid responde a un clamor social y «ha sido convocada por más de 40 asociaciones de distinta procedencia todas ellas interesada en dar voz a estos seres humanos que van a nacer frente al despotismo de un estado que da licencia para matarles«.
El Secretario General de la Conferencia Episcopal también se ha referido a las declaraciones de la ministra Elena Salgado en las que aseguraba que los obispos no pueden decir a los legisladores aquello que tienen que hacer. En opinión de Martínez Camino los obispos son parte de la sociedad, una sociedad significativamente católica y se ha preguntado «¿por qué un grupo social, que no imponen nada a nadie y menos al Estado, no puede expresar sus opiniones?». Martínez Camino ha afirmado que «los legisladores, que son los que imponen, tienen el deber de escuchar a la sociedad».
La Iglesia en su opinión ha sido coherente con su llamamiento a la misericordia y la justicia con nuestros hijos, se trata de la Justicia entre las generaciones, y si no hay justicia con nuestros hijos no los puede haber con los vecinos. «Una sociedad que es inmisericorde con sus hijos no puede ser solidaria con los hijos de los otros; si se pierden las entrañas de justicia y solidaridad y se piensa que se puede matar a los propios hijos se introduce un germen de insolidaridad que contamina todo el cuerpo social.» Además Martínez Camino ha sentenciado que no se puede ser católico coherente y estar a favor del aborto. Y es que según sus palabras propias las condiciones para la eliminación de un ser humano inocente afecta a lago esencial de la moral cristiana.
Sobre las acusaciones que desde el Gobierno señalan que la Conferencia Episcopal Española nunca abrió la boca para hablar del aborto, Martínez Camino ha recordado que en los años de gobierno del PP se publicaron cinco notas sobre la defensa de la vida incipiente. «Quien afirme que la Iglesia condiciona sus pronunciamientos en este asunto a las distintas coyunturas políticas no refleja la verdad».
Martínez Camino ha expresado su confianza en que la Ley del Aborto no salga y ha recordado que la mayoría de los españoles son contrarios a ello. En caso de salir adelante para el Secretario General de la CEE es una buena noticia que se presente un recurso de inconstitucionalidad tal y como ha hecho el PP porque tanto la constitución como el Tc ha emitido algunos fallos al respecto que son muy claros.
Para Monseñor Martínez Camino, «alguien que defienda que es lícito quitar la vida a un ser humano inocente, está cometiendo un pecado gravísimo», una situación que, ha aclarado «está en contra de la doctrina oficial de la Iglesia». Lo que señalan los obispos en su última declaración sobre este asunto fechada el 17 de junio pasado, y que se titula «Declaración sobre el anteproyecto de ley de aborto: atentar contra la vida humana de los que van a nacer convertido en derecho», se puede ver, ha dicho «que de acuerdo con la doctrina de la Iglesia, ningún católico coherente con su fe podrá aprobarlo ni darle su voto, y tampoco debería hacerlo nadie que atienda a los justos imperativos de la razón».
En cuanto a la enseñanza religiosa, asegura, que «en estos momentos son centenares de miles de alumnos los que se educan en centros católicos y si no hay más es porque no hay sitio y porque hay muchas trabas administrativas para aumentar un aula». Hay «colas», ha afirmado, «en todos los colegios de ideario católico para entrar». «Muchos padres quieren llevar a sus hijos y no pueden, porque no hay un desarrollo auténtico de la libertad de enseñanza«. En su opinión, uno «de los grandes fallos de la LOE», ha recordado.
Por otro lado, se ha alegrado de que el ministro de Educación haya recogido el interés de la Iglesia. Los Obispos, ha continuado, «han dicho que están preocupados por las grandes lagunas en la educación y quieren un gran pacto social para la educación». Una tarea fundamental, ha afirmado «para la sociedad». «No puede haber una ley de educación cada cuatro años«. Pero eso, ha insistido es necesario «un pacto social no sólo entre partidos políticos, sino entre todos los actores del amplísimo y complejo mundo de la enseñanza, padres de alumnos, profesores, sindicatos de profesores, titulares de los centros de iniciativa social y la Iglesia, como actor importante en la educación».
Sobre la Ley de Libertad Religiosa, ha asegurado Monseñor Martínez Camino, que «hay una Ley orgánica de Libertad Religiosa muy buena que todavía no ha sido aplicada». Señala «que ninguna confesión religiosa había hecho una demanda de una nueva ley orgánica, pero sí se demandaba su aplicación, su desarrollo».
