Advierte que el político que respalde el aborto no podrá comulgar

Los políticos abortistas son «pecadores públicos»

Martínez Camino dice que el origen de la ley del aborto está en Lenin, Hitler y Stalin

El ‘no matarás' es un principio de racionalidad ética de todos los tiempos

Sin matices ni excepciones. La Iglesia católica está en guerra abierta contra el aborto. Para los obispos, el derecho a la vida es «el derecho fundamental de los derechos fundamentales». De ahí que el secretario general y portavoz de la Conferencia episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, haya advertido a los políticos que apoyen la nueva ley del aborto que se convertirán en «pecadores públicos» y, por lo tanto, no podrán comulgar. Y hasta pueden convertirse en herejes y excomulgados, si defienden que es legítimo «quitar la vida a un inocente».

El obispo auxiliar de Madrid abría los ‘Desayunos informativos’ de la Universidad San Pablo CEU con una conferencia sobre el ‘Derecho a la Vida’. Presentado por Alfredo Dagnino, presidente de los Propagandistas, como «un gran intelectual», Camino explicó las penas canónicas que recaen sobre los políticos o los que colaboren en el aborto.

En primer lugar, los políticos que voten a favor de la ley del aborto se situarían «en situación objetiva de pecado público mortal». Y, en advertencia clara, a los líderes públicos que asisten a misa, Camino matiza que «los que están en pecado público mortal no pueden ser admitidos a los sacramentos«. Es decir, no pueden comulgar. «Esto vale para todos los católicos de cualquier partido. Por encima de lo que diga el propio partido».

También señaló el secretario del episcopado que esa situación no equivale a la de la excomunión. Porque «sólo quedan excomulgados los cooperadores directos y necesarios en un aborto realizado».

Ahora bien, otro peligro canónico acecha a los políticos: el de la herejía. Porque el político que afirme que es legítimo quitar la vida a un ser humano inocente entraría «en contradicción con la fe divina católica» y, por lo tanto, «caería en herejía y en la excomunión latae sententiae aparejada a la herejía«.

Un principio sin excepciones

Antes de extraer estas conclusiones, Camino comenzó sentando las bases de sus tesis de defensa a ultranza de la cultura de la vida. «Nadie puede privar de la vida a un ser humano inocente. Y este principio no admite excepción«, dijo.

Pero, ¿cuándo y quién es un ser humano?, se preguntó retóricamente el prelado. Y contesto: «Donde hay un cuerpo humano, hay un ser humano. Es decir, desde el momento de la concepción».

A su juicio, se trata de una tesis «respaldada por la antropología filosófica, por el sentido común y por el orden constitucional». Y citó varias sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que avalan su postura. Y por lo tanto, «el que va a nacer está protegido por la Constitución», concluyó el prelado.

Por eso, no hay nada que «pueda justificar el sacrificio de un ser humano inocente». Y esto es, según Camino, «un criterio de civilización«. De ahí que «lo que recoge la ley que se está tramitando y lo que se va a ventilar en el Parlamento sea un contrasentido ético». Debajo de este «contrasentido» late la concepción narcisista de la libertad de la persona.

A su juicio, «el Estado debe proteger de manera proporcionada el derecho de todos a la vida». Un derecho «anterior al Estado» y, por lo tanto, «el Estado no puede permitir que se quiebre el derecho fundamental de los derechos fundamentales, que es el derecho a la vida».

Orígenes en Lenin, Hitler y Stalin

Monseñor Martínez Camino explicó que «empezó a tener carta de naturaleza en la Rusia de Lenin, después en la Alemania del Estado nazi y en la Europa sometida a Hitler, donde el aborto fue legalizado por los arios para los no arios, castigando el aborto de estos últimos».

En contra de lo que sostenían los totalitarismos e, incluso, hoy en día, las democracias occidentales, «la vida humana no es un bien privado, sino un bien público que tenemos que proteger». Tampoco es «algo perteneciente a la moral privada de grupos o confesiones», porque «el ‘no matarás’ es un principio de racionalidad ética de todos los tiempos«.

Proteger la vida penalmente

Camino fue más allá y advirtió que «la primera obligación del Estado es proteger la vida incluso penalmente». Y él mismo volvió a preguntarse: «¿Quiere la Iglesia que las mujeres que aborten vayan a la cárcel? No, pero la vida del ser humano tiene que ser protegida». Y, por lo tanto, la ley penal tiene que caer sobre «los que se lucran con la industria del aborto, los que se benefician de ella».

En cualquier caso y para dejar claro que la Iglesia católica tiene entrañas de misericordia, Camino recordó que «incluso el aborto tiene perdón». A su juicio, «aunque hay pecados rojos como la púrpura, quedarán blancos como la nieve», porque la Iglesia siempre acogerá a las mujeres que pasaron por esa «tragedia».

Con una condición: que se confiesen. «Las que no se han acercado al confesionario, que se animen a hacerlo porque Dios quiere la absolución y la paz plena de las personas», aseveró. Y es que la Iglesia, que «defiende los derechos de los inocentes» y es «consciente del problema que envuelve (el aborto)», «no se muestra inmisericorde con quien caiga en el pecado».

La visión abortista del sistema educativo

Martínez Camino también arremetió contra el sistema educativo actual, al que acusó de estar teñido de «una visión abortista y de género». Y recordó que «el Estado no puede imponer ninguna moral a todos. Ni siquiera la católica. El Estado no puede ser educador de la sociedad».

Y cuando lo intenta, la Iglesia llama a los católicos a la objeción de conciencia. «Es un derecho y no vale decir que no está regulada expresamente. La Constitución es directamente aplicable en el derecho a la objeción en el caso del aborto«. Camino agradeció, en este sentido, «el coraje» de los profesionales de la Sanidad que se atreven a objetar «en un contexto cada vez de mayor dificultad».

Por último, el portavoz de los obispos aseguró que, sobre el aborto, no hubo contacto alguno con el Gobierno socialista. Y, para dejar clara la postura de la Iglesia, sentenció: «El derecho fundamental a la vida no es negociable«.

 

 

Recibe nuestras noticias en tu correo

Lo más leído