Tenemos una clase de Religión devaluada y maltratada por la legislación
El obispo de Sigüenza-Guadalajara, José Sánchez, considera una «vergüenza, un cáncer y una lacra» la corrupción política que se vive en la actualidad en España y para intentar acabar con ella los partidos políticos deberían sentarse juntos «para iniciar algo bueno».
Sánchez, que ha solicitado su abandono al frente del Obispado de esta diócesis al cumplir la edad reglamentaria para ello, afirma en una entrevista con la Agencia EFE, que las relaciones Iglesia-Estado en la actualidad «son buenas», pero considera que son «mejorables» tanto con el Gobierno central como con el de Castilla-La Mancha.
«El entendimiento de la Iglesia con los poderes siempre es difícil» tanto con los partidos de uno u otro signo, porque -a su juicio- van en distinta dirección, y si bien los partidos aspiran a tener el poder o a mantenerlo, «nosotros no aspiramos a tenerlo sino a educar a las personas».
Aunque reconoce que hay campos en los que son posibles la colaboración y el entendimiento «en orden al bien común», se ha mostrado especialmente preocupado por la relación de la Iglesia con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
En su opinión, el Gobierno de Zapatero «ha entrado fuerte» en algunos puntos, para él vitales, no sólo como Iglesia sino desde el aspecto humanista, como son los temas del aborto, el matrimonio, con la equiparación de éste entre personas del mismo sexo, y en lo que afecta a la educación.
En este sentido, ha señalado que el actual Gobierno no garantiza la libre elección de centro para que los padres puedan educar a sus hijos en sus propias convicciones «cuando tenemos una clase de Religión tan devaluada y maltratada por la legislación».
«Los padres tienen serias dificultades de convencer a sus hijos de lo importante que es esa clase cuando la legislación les dice que no», afirma.
El obispo reconoce que las autoridades eclesiásticas están a la espera de ver por donde va a ir la cuestión relacionada con la libertad religiosa, y se ha mostrado convencido de que «detrás de todo esto hay un proyecto de una sociedad concebida sobre otras bases y parámetros«.
«Los votos se terminan consiguiendo preparando al pueblo con una previa orientación en la educación que termina haciéndoles pensar de una determinada manera», dice, y a continuación, afirma que la asignatura de la Educación para la Ciudadanía tiene «serias lagunas».
En cuanto a las relaciones con el Gobierno de Castilla-La Mancha, ha indicado que existen «serias restricciones» en lo que se refiere a la concesión de solares para construir templos y también a la hora de garantizar la plena libertad para la elección de un centro para estudiar.
También se ha referido a la propuesta del Ministerio de Educación de ampliar la educación obligatoria hasta los 18 años, y ha señalado que quien quiera estudiar hasta esa edad, así se le debe garantizar, pero «quien no vale, no puede o no quiere, no se le puede forzar más de lo debido y crearle un trauma«.
Para Sánchez, los 18 años «es una edad demasiado alta para mantener para todos la formación obligatoria», y se inclina más por que los jóvenes puedan orientar su educación en la dirección que más les satisfaga a partir de una edad más temprana.
«Lo lógico es que antes de la edad de 18 años uno pueda diversificar las salidas en torno a la educación«, matiza.
Como responsable de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, Sánchez ha pedido a la sociedad que en estos momentos de crisis se respeten «igualmente» los derechos de los inmigrantes «aunque se les necesite menos«.
En ese sentido, Sánchez dice no estar de acuerdo con el aumento de los días de retención de las personas sin papeles, como figura en la última modificación de la ley de Inmigración, porque «retención suena muy mal, es privación de libertad y, generalmente, son penas reservadas para los delincuentes».
En este aspecto ha indicado que un inmigrante, aunque no tenga papeles, no es un delincuente, sino que «lo más que ha hecho es una infracción administrativa, que nunca puede estar penada con una privación de libertad».
Tampoco comparte las restricciones que implica la nueva ley respecto a la reagrupación familiar ya que «todo el mundo tiene derecho a estar con su familia».
Por último, el obispo de Guadalajara se ha mostrado muy preocupado por el descenso de las vocaciones sacerdotales en una diócesis que era «abundante» en ellas.
Este año sólo se ha ordenado un sacerdote y «se ve la perspectiva de varios años vacíos» y aunque no se culpa de ello, entre otras cosas porque «la vocación es libre», se pregunta qué pasa en la sociedad actual y más en concreto en las familias.(RD/Efe)
