Los obispos saben muy bien que en democracia los poderes públicos y el Parlamento actúan con plena independencia de las confesiones religiosas
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo a los obispos que el pecado «es un concepto que se sitúa en el ámbito de las creencias y no tiene ninguna cabida en el ordenamiento jurídico» después de que reiteraran hoy quien vote a favor de la ley del aborto no podrá comulgar por incurrir en «situación objetiva de pecado». Eso sí: abrió una importante puerta a la objeción de conciencia, al señalar que «nadie que no quiera abortar o practicar un aborto está obligado a hacerlo«.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega reconoció a la Iglesia su derecho a opinar en los debates sociales -en este caso, el del aborto- pero apuntó que «es al Gobierno y a los parlamentos a quienes corresponde aprobar las leyes y desarrollar las políticas».
«Y además el derecho a hacerlo sin injerencias de ningún tipo«, añadió la número dos del Gobierno, al tiempo que afirmó que «los obispos saben muy bien que en democracia los poderes públicos y el Parlamento actúan con plena independencia de las confesiones religiosas«.
Finalmente, defendió el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que pasó ayer su primer trámite en el Congreso de los Diputados, y de la que dijo que pretende dar más garantías a las mujeres y a los profesionales.
En cualquier caso, dijo que «nadie que no quiera abortar o practicar un aborto está obligado a hacerlo«. «Estamos haciendo las cosas como procede y donde procede en democracia», reiteró.
(RD/Ep)
