La iniciativa aprobada ayer por el Congreso instando al Gobierno a aplicar la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para eliminar los crucijijos en las aulas ha traído cola. La sentencia de Estrasburgo asegura que son «una violación de los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones» y de «la libertad de religión de los alumnos».
El PP y otras formaciones conservadoras como CiU han apelado a la tradición y a la cultura para criticar la iniciativa, solicitada por ERC-IU-ICV y apoyada por el PSOE y el resto de la izquierda.
El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran, ha admitido que le preocupa este «primer paso» porque es «la antesala» de otros decisiones que van en la línea de suprimir todos los símbolos religiosos pero no por el hecho de ser o no católico, sino por razones «constitucionales». Ha señalado que «hay un valor supremo en la Constitución que es la libertad de enseñanza». Ello comporta el derecho a un ideario, ha indicado, y si un Consejo Escolar de una escuela pública quiere que esté presente el crucifijo se estaría vulnerando el derecho al ideario.
Desde el Gobierno, el ministro de Educación entiende que la iniciativa pretende agilizar la tramitación de una Ley de Libertad Religiosa que tenga en cuenta la situación social actual y la pluralidad, así como el artículo 16 de la Constitución que habla de «la aconfesionalidad del Estado y de que hay que tener en cuenta las creencias religiosas de la población española».
Según ha señalado Ángel Gabilondo la idea es «hacer un análisis global de las creencias religiosas de la sociedad» y se tenga en cuenta «la pluralidad» y «la Constitución a la hora de hacer una ley».
La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, ha afirmado que en un Estado confesional como España rige el principio de que a las escuelas les corresponden «el conocimiento, los libros y la educación» y que la religión corresponde «a los templos y al espacio privado de cada ciudadano», además de especificar que la iniciativa se dirige a las escuelas públicas.
La dirigente socialista ha evitado por otro lado criticar directamente al obispo que este fin de semana ofició una misa presidida por una bandera franquista y ha subrayado que la democracia ha dejado «ya muy lejos» los símbolos franquistas, aunque haya «minorías que siguen atrapadas en el pasado».
El promotor de la iniciativa, el diputado de ERC Joan Tardá ha considerado que los miembros de la Comisión de Educación que aprobó la propuesta eran «muy conscientes» de que hablaban «de todos los centros», y no sólo los públicos.
El parlamentario socialista ponente ayer en la Comisión, Luis Tomás, ha explicado que su grupo negoció una modificación de la propuesta inicial de ERC pero no ha querido anticipar si ello será de aplicación también a los centros concertados o sólo a los públicos, aunque en principio entiende que por ahora afecta únicamente a estos últimos.
Quien sí lo tiene claro es el secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE y presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Álvaro Cuesta, quien ha recalcado que la medida afecta únicamente al ámbito público.
El diputado de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha opinado que la propuesta es aplicable a la escuela pública y no afecta a los centros privados.
Como contrapartida, la secretar general del PP, María Dolores de Cospedal, se ha preguntado «si el PSOE también va a prohibir los belenes y las cabalgatas de Reyes Magos» y ha añadido que «esto trasciende lo religioso, es decir, se encuentra en un ámbito cultural y está muy asentado en la sociedad española».
Así, ha reiterado la «muy clara» postura del PP «en contra de la iniciativa de retirar los crucifijos de los centros educativos», y ha criticado que se trate de «otra operación más del PSOE para crear división de opiniones en la sociedad».
(RD/Agencias)