La carta contra Bono expresa la involución de sectores de la Jerarquía respecto a las declaraciones del Concilio y la incapacidad de sus mentores de aceptar la aconfesionalidad del Estado
Hemos leído con sorpresa e indignación la carta emitida en nombre de la Conferencia Episcopal, al parecer suscrita por el jefe de prensa, seguramente al dictado de su portavoz, Sr. Martínez Camino, en la que se recrimina y condena, por primera vez con nombre y apellidos, a un político español, nuestro compañero José Bono, que es además Presidente del Congreso.
Ante ello queremos manifestar nuestra plena solidaridad con José Bono, como diputados socialistas que también hemos votado a favor del Proyecto de Ley de interrupción voluntaria del embarazo.
Y lo hemos hecho sin contradecir nuestra conciencia, defendiendo la vida del no nacido, pero también teniendo en cuenta otros bienes que el Estado debe atender y proteger, entre ellos la perspectiva de la mujer, a la que la Iglesia ha tenido olvidada a lo largo de su historia.
Se trata de regular una situación compleja, teniendo en cuenta que España se producen más de cien mil abortos al año, en la que están en juego intereses y bienes bien diferentes, y hacerlo en línea muy semejante a la inmensa mayoría de los países europeos.
Rechazamos la condena a José Bono, así como el dogmatismo intolerante e inquisitorial del que deriva. El Concilio Vaticano II proclama la «autonomía de las realidades terrenas», que gozan de sus propias leyes y valores y que los hombres deben ordenar y regular.
En un Estado laico los políticos, también los políticos cristianos, debemos actuar de acuerdo con nuestra conciencia, que es la guía que debemos seguir. La carta contra Bono expresa la involución de sectores de la Jerarquía respecto a las declaraciones del Concilio y la incapacidad de sus mentores de aceptar la aconfesionalidad del Estado.
