La Fiscalía General del Estado debería actuar cuando ciertos líderes religiosos se pronuncian, permanente y públicamente, contra derechos civiles o leyes democráticas y con sus declaraciones o actuaciones podrían atentar contra el Estado de Derecho
(Comunicado de Europa Laica).- Los sucesos que se han desarrollado en el entorno y en la capilla católica de la Universidad Complutense de Madrid, en la que un grupo de alumnas y alumnos, mostraron su legítima opinión y rechazo a ciertos dogmas que la Iglesia católica difunde, en contra de la igualdad de sexos y de distintas opciones sexuales, ha provocado un seísmo mediático, político e integrista religioso, que pone de manifiesto un hecho mucho más importante que el suceso en sí, como es la permanencia de capillas en las universidades y la celebración de actos religiosos en el espacio universitario, lo que es intrínsecamente contrario a lo que debe de ser el espíritu libre, científico, riguroso, crítico y plural que este ámbito público universitario requiere.
Si a ello le añadimos la existencia de unos artículos del código penal en el que se contemplan, como delitos y con castigos desproporcionados si los comparamos con otro tipo de delitos, el supuestamente atentar contra sentimientos religiosos, nos demuestra que soportamos rasgos de un Estado confesional, en el que se privilegian a las religiones y en especial a la católica, por encima de otro tipo de asociaciones o actos sociales no religiosos.
Generalizadamente los poderes públicos españoles mantienen herencias y rasgos del nacionalcatolicismo más rancio, estableciendo y fomentando privilegios políticos, jurídicos, económicos, tributarios, simbólicos, etc. para la Iglesia católica. Esta situación, anacrónica, indica que, desde muchos ámbitos oficiales, se sigue apoyando la «doctrina social de la iglesia», por encima de derechos que son comunes a toda la ciudadanía. Y la apoyan y fomentan aplicando convicciones católicas individuales de algunos responsables públicos y políticos (hecho muy lamentable) o utilizando, como coartada, el Concordato de 1953 y los Acuerdos con el Vaticano de 1979, de ahí que exijamos su derogación.
En nuestra opinión la presencia de capillas católicas o la celebración de actos religiosos del tipo que fueren, supone una invasión intolerable del espacio público universitario que es de todos y no de una minoría, en este caso católica; minoría que no se conforma con poseer miles de iglesias y otros espacios religiosos por todo el Estado, en la mayoría de los casos financiadas con fondos públicos, sino que además invaden espacios comunes, como centros de enseñanza, cementerios, hospitales, cuarteles, centros penitenciarios, ayuntamientos, etc. Esto no debería tener cabida en un modelo de sociedad mayoritariamente secularizada y en un Estado de Derecho y teóricamente no confesional.
Los creyentes y las organizaciones religiosas nos merecen todo nuestro respeto, siempre que no se atribuyan un poder y unos privilegios que no les corresponden. No hay que confundir libertad religiosa, con potestad para invadir ámbitos comunes, que son de todos.
Autoridades académicas, responsables políticos y grupos ultracatólicos, en una sospechosa simbiosis, han denunciado a un grupo de jóvenes por expresar unas ideas y unas críticas; estos jóvenes se han encontrado con la torticera acusación de que, presuntamente, han violado sentimientos religiosos, denuncia totalmente absurda y sin fundamento.
Los ciudadanos y ciudadanas están en todo su derecho de exigir que los cultos religiosos salgan de los recintos comunitarios, como es la universidad; están en su derecho de exigir que las capillas católicas salgan de los recintos públicos; están en su derecho de denunciar dogmas y acciones católicas o de otra naturaleza que atentan contra derechos civiles o leyes aprobadas democráticamente, y no por ello atentan sentimientos religiosos.
Más bien, como venimos reclamando reiteradamente, la Fiscalía General del Estado debería actuar cuando ciertos líderes religiosos se pronuncian, permanente y públicamente, contra derechos civiles o leyes democráticas y con sus declaraciones o actuaciones podrían atentar contra el Estado de Derecho.
Esperamos de las autoridades universitarias, de los ministerios de Educación e Interior, de la fiscalía y de la judicatura que actúen con la lógica del sentido común y del trato igualitario a todos los ciudadanos y ciudadanas a que obliga la Constitución.
Exigimos, al mismo tiempo, la derogación como delitos, de la blasfemia o de la violación de hipotéticos sentimientos religiosos, tal y como figuran en el actual código penal, por ancestral e injustificable; también la no autorización de actos y culto religioso de cualquier signo en centros de enseñanza; la no exhibición ostentosa de símbolos religiosos o de otra naturaleza privada o particular en espacios públicos y el cierre de capillas católicas en las universidades públicas españolas.
Europa Laica reivindica y exige una universidad laica. Para ello presentó en septiembre de 2010, el Manifiesto por una Universidad Pública y Laica. Para consultar dicho manifiesto, al que se han adherido, hasta el día de hoy, más de 1.100 firmas, entrar en www.laicismo.org.
