La tesis es que las procesiones son públicas, pero no estatales
(J. B.).- Tarde de Miércoles Santo. Amenaza lluvia en Málaga y la talla de Nuestro Padre Jesús Nazareno, titulado El Rico, acaba de indultar a un preso condenado a tres años de prisión, siguiendo una tradición instaurada por Carlos III. Al acto asistieron, entre otros, el delegado del Gobierno en Andalucía, Luis García Garrido; el obispo de Málaga, Jesús Esteban Catalá Ibáñez; el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre (PP); así como varios representantes de Instituciones Penitenciarias y del Cuerpo Nacional de Policía.
El preso, penado por delito contra la salud pública, había obtenido el tercer grado días antes de recibir el indulto aprobado en el Consejo de Ministros del 8 de abril. En el mismo, también se aprobaron otros indultos, correspondientes a al menos una docena de cofradías católicas que, desde hace siglos, mantienen el privilegio de sacar de prisión en Semana Santa a un preso.
El jueves, el edil de Málaga también asistió al desembarco de centenares de legionarios, que desde hace décadas sacan en procesión al Cristo de la Buena Muerte, patrón de la Legión. El año pasado, la ministra de Defensa, Carme Chacón, trató de poner coto a esta tradición, sin apenas éxito.
La presencia de los poderes públicos en los ritos católicos es una constante que se transmite por todo el país y que tiene su culmen en la Semana Santa. Corporaciones municipales en pleno, alcaldes, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y hasta el Ejército se «movilizan» para rendir honores a tallas de cristos y vírgenes, obviando la imprescindible y clara separación entre la Iglesia y el Estado que debería configurar un verdadero Estado laico. El fardo de la tradición católica todavía es demasiado pesado, especialmente en estos días en que los católicos conmemoran la muerte y resurrección de Cristo.
En esta tradición no hay banderas partidistas. Únicamente Izquierda Unida planteó en su día no participar en estos actos confesionales, pero en localidades como Córdoba todos los regidores comunistas salieron religiosamente detrás de los pasos. En Sevilla, este Domingo de Ramos fue el último en que el alcalde socialista, Alfredo Sánchez Monteseirín, presidió emocionado el palio de la Virgen de la Hiniesta, uno de los pocos de la Semana Santa sevillana que no se ha visto pasado por agua. Juan Alberto Belloch (PSOE), alcalde de Zaragoza, tiene previsto acudir el viernes a la procesión del Santo Entierro.
Situaciones similares se viven en la práctica totalidad de capitales de provincia, desde Pamplona (con toda la corporación municipal participando en la procesión de las Cinco Llagas) a A Coruña, pasando por León, Cuenca, Valladolid o Granada.
La participación de los políticos en actos religiosos fue, en su día, duramente contestada desde las filas del PSOE. Especialmente durante la primera legislatura de Zapatero. En 2008, un informe para la Fundación Alternativas titulado Laicidad, manifestaciones religiosas e instituciones públicas y elaborado por el hoy director general de Asuntos Religiosos, José María Contreras, y el catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado, Óscar Celador, planteaba la elaboración de una ley sobre neutralidad religiosa que regulase la participación de cargos públicos en ceremonias religiosas.
La aparcada Ley de Libertad Religiosa apuntaba, siguiendo este informe, que la presencia de alcaldes, concejales, presidentes de comunidades o delegados del Gobierno en actos religiosos, de la confesión que fueran, sólo podría darse «a título individual y de forma voluntaria«, y en ningún caso como representación de la institución pública a la que servían. De igual modo, se planteaba, siguiendo el Reglamento Militar, que la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tampoco fuera obligada.
La tesis es que las procesiones son públicas, pero no estatales, de modo que no se entendería la presencia de una corporación municipal en pleno, responsables de la Policía, la Guardia Civil, el Ejército u otros privilegios como el indulto de presos o los títulos de «alcalde perpetuo» que todavía hoy tienen algunas imágenes católicas. Una propuesta que no se llevará a cabo esta legislatura y que, en la práctica, parece abonada al fracaso.
La vinculación de la religión con el Ejército viene de antaño y su ligazón sigue siendo férrea, como demuestran las negativas a retirar imágenes de la Virgen de cuarteles o la obligación de los militares de participar en ritos como la renovación de votos a la Villa o las procesiones de Semana Santa. Este año, en 89 marchas católicas habrá presencia de militares, ataviados con su vestimenta oficial. Miembros del Ejército de Tierra asistirán a 120 actos religiosos en 67 localidades, informa Servimedia.
El año pasado, después de una polémica por la poca presencia legionaria en Málaga, la ministra de Defensa, Carme Chacón, afirmó: «La presencia de las Fuerzas Armadas en la Semana Santa de Málaga como en otras partes de España se ha venido produciendo con total normalidad y queremos que siga siendo así en el futuro».
Según el Reglamento de Honores de los miembros de las Fuerzas Armadas, «cuando se autoricen comisiones, escoltas o piquetes para asistir a celebraciones religiosas con tradicional participación castrense, se respetará el ejercicio del derecho a la libertad religiosa y, en consecuencia, la asistencia en los actos tendrá carácter voluntario». Sin embargo, esto no se cumple. En la práctica, la presencia es voluntaria, siempre que se garantice la participación del regimiento en el acto religioso.
