Desde la Iglesia española no se quiere dar ningún paso que pueda poner en peligro la colaboración del Gobierno en la inminente visita de Benedicto XVI en agosto a Madrid
(Jesús Bastante).- «Esto se veía venir. Tanta presión política, tanta misa en Colón… y alguno tenía que saltar. Lo extraño es que nadie se haya quejado antes». Así trataba de explicar un veterano «fontanero» de Añastro (sede de la Conferencia Episcopal española) la polémica protagonizada por el padre Enrique Olmo, coadjutor de la iglesia de Villanueva del Pardillo (Madrid), quien en su homilía del pasado domingo acusó al Gobierno socialista de «matar a los niños en el seno de sus madres» y de ser «más nazi que los nazis de Alemania», lo que motivó la protesta del catedrático Primitivo González López, y la furibunda reacción de varios feligreses, que expulsaron a este hombre de la iglesia.
González presentó una denuncia en el juzgado número 3 de San Lorenzo de El Escorial asegurando que el «sacerdote oficiante pronunció en público graves injurias contra el Gobierno de España». No es la primera vez que algún eclesiástico traspasa las líneas del discurso homilético, y realiza propaganda política desde el púlpito. En las últimas semanas, varios obispos han emitido cartas pastorales recomendando votar a partidos que defiendan la vida y la familia. Especialmente graves fueron los casos del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, quien vino a pedir el voto para los partidos de derechas, o del obispo de Ávila, Jesús García Burillo, quien apeló directamente al voto en blanco. Con anterioridad, hemos asistido a auténticos «mítines» como los protagonizados, cada fin de año, en la plaza de Colón y protagonizados por representantes de los movimientos más ultraconservadores de la Iglesia, como los kikos o Comunión y Liberación.
Precisamente, y ante la escasez de vocaciones, los nuevos sacerdotes provienen preferentemente de la cantera de estos movimientos, que han asumido desde la victoria electoral de Zapatero en 2004 la existencia de un «laicismo agresivo» en España, poniendo como ejemplos la legalización de los matrimonios gay, la paralización de la LOE o la ampliación de la Ley del Aborto. El propio Benedicto XVI hizo suya esa tesis en su reciente visita a Compostela y Barcelona. «Los nuevos curas son extremadamente conservadores, y están acabando con los restos de la Iglesia abierta y democrática que propuso el cardenal Tarancón», asegura este colaborador de la Conferencia Episcopal, que prefiere no dar su nombre.
Quien marcó el tono fue el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, que a finales de marzo, y junto al resto de los obispos de la Comunidad de Madrid, fijó su posición ante los comicios del 22-M. En la carta de la jerarquía madrileña aparecen las consideraciones que después han hecho suya otras diócesis. Según sus razonamientos, la primera preocupación de los fieles debe ser la defensa de la vida desde la concepción hasta su final natural, es decir, el rechazo a las candidaturas que defienda el aborto, la eutanasia y el uso de métodos anticonceptivos como la píldora del día después. Sin embargo, desde el entorno de Rouco Varela existe «preocupación» por el escándalo suscitado, toda vez que desde la Iglesia española no se quiere dar ningún paso que pueda poner en peligro la colaboración del Gobierno en la inminente visita de Benedicto XVI en agosto a Madrid, para clausurar la Jornada Mundial de la Juventud.
En España, no existe legislación que regule las intervenciones de responsables religiosos, que deben, como cualquier otro ciudadano, ajustarse a los límites constitucionales, algo que no parece haber hecho el coadjutor de Villanueva del Pardillo. En la época franquista, sí que llegó a haber un comisionado que «revisaba» las homilías de algunos sacerdotes que reivindicaban la democracia. Incluso, se llegó a crear la llamada «cárcel concordataria» de Zamora para curas díscolos con el régimen.
Expertos en Derecho Eclesiástico consultados por este diario insisten en que, en todo caso, «de comprobarse estas declaraciones, el cura debería ser suspendido de sus funciones, a expensas de lo que puedan hacer o no los tribunales».
En la actualidad, sólo los obispos gozan de cierto privilegio a la hora de enfrentarse a la Justicia, toda vez que, de una forma u otra, forman parte de la jerarquía de un Estado soberano como el Vaticano. De hecho, a lo largo de los últimos 30 años sólo un prelado, el arzobispo de Granada, se sentó en el banquillo por una cuestión patrimonial, y únicamente cuando se tuvo constancia de que el delito había prescrito y, por tanto, no habría pena para el mismo. Pese a todo, fue declarado culpable.
En la parroquia de Villanueva del Pardillo ayer era imposible contactar con el párroco, Gabriel Comas, ni con el sacerdote protagonista del altercado. El día anterior, en declaraciones a Religión Digital, Comas incidía en que su compañero «predica siempre de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia», aunque llamar nazi al Gobierno democrático no parece formar parte de la doctrina católica. «Se sacaron de contexto las afirmaciones de mi coadjutor», acertaba a decir el sacerdote responsable de la parroquia, quien no obstante prefirió «no decir nada más, porque hay que clarificar muchas cosas sobre lo qué se dijo y cómo se dijo. Además, todo depende de la sensibilidad del que escucha».
De todos modos, los expertos consultados no ven factible que una demanda así prospere, pues «a fin de cuentas, se trata de la palabra de una persona contra la del cura, o la de la comunidad. Y es bastante improbable que si quienes le echaron, supuestamente, del templo, eran feligreses, éstos declaren contra sí mismos». Fuentes del Arzobispado de Madrid consultadas por este diario no quisieron hacer ninguna declaración al respecto, aunque en privado aseguran que el cardenal Rouco no tomará ninguna medida contra el coadjutor. «Dejarán que el asunto muera por sí solo», inciden.