El estudio denuncia que, al menos, el conjunto de la financiación directa del Estado a la Iglesia católica en más de 7.000 millones de euros
(J. B.).- Miles de millones en donaciones, subvenciones, impuestos, cesión de terrenos y otros privilegios. Sin explicaciones y en mitad de una absoluta opacidad. Así son las cuentas de la Iglesia católica en España, según el «Anuario de la Laicidad en España 2011«, promovido por la Fundación Ferrer i Guárdia y que hoy se presenta en el Ateneo de Madrid. «Es preciso denunciar la falta de transparencia de las instituciones pública sobre las cifras«, apunta el estudio, que denuncia cómo no existe ningún documento que acredite, a nivel global, el montante total del dinero que se embolsa la Iglesia católica de las arcas públicas, ni siquiera el global de aspectos como la educación, el gasto en hospitales, el suelo de curas castrenses o capellanes o las ayudas al patrimonio histórico-artístico de la institución. Nadie sabe, a ciencia cierta, cuánto dinero recibe la Iglesia del Estado, bajo qué conceptos, y mucho menos en qué lo gasta.
Pese a ello, y tras más de 18 meses de trabajo, el estudio denuncia que, al menos, el conjunto de la financiación directa del Estado a la Iglesia católica en más de 7.000 millones de euros, «a lo que habría que sumar las exenciones de impuestos de los que gozan ella y sus donantes». Así como la financiación de otros «grandes eventos», como la JMJ del próximo agosto (donde la aportación pública superará los 50 millones de euros), o las visitas del Papa a Barcelona y Santiago. Cifras no tan alejadas de las planteadas por Europa Laica, que cifraba en más de 10.000 millones de euros la financiación estatal a la Iglesia, y en las antípodas de lo expresado por la Conferencia Episcopal, cuyos responsables aseguran que la Iglesia «ahorra miles de millones al Estado» con su labor social y asistencial.
«En una democracia en la que cada vez se constatan más muestras de ‘desafección’ política de la ciudadanía, no sería descabellado pensar, aunque sólo fuera por mero cálculo electoral, que el proceso de secularización de España recomienda un alejamiento claro de la identificación entre Estado e Iglesia para intentar preservar a la gestión de lo público, a la ‘política’, de la crítica que recibe la Iglesia católica como institución, con sus arcaísmos, sus contradicciones con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, su liturgia del poder, etc…». Éstas son algunas de las conclusiones del informe, que desnuda la realidad económica, social y política de la Iglesia católica de nuestro país, y que ha contado con la colaboración de expertos de primera talla, algunos de ellos católicos practicantes, como el sociólogo Javier Elzo o el teólogo Evaristo Villar.
Financiación, Salud y Sexualidad, Libertad de Conciencia, Pluralidad Religiosa, Educación, Activismo Político, Violencia y Religión, Liturgia Institucional, Género y Orientación Sexual son algunos de los aspectos detallados en el estudio, que hace especial hincapié en el «desmesurado» coste que supondrá la inminente visita de Benedicto XVI a Madrid para clausurar la Jornada Mundial de la Juventud.
Según explican los responsables del estudio, «la separación efectiva entre el Estado y la Iglesia católica» sigue siendo, treinta años después de la llegada de la democracia, «una de las asignaturas pendientes de la transición española» «Cuando hablamos de laicidad -recuerdan desde la Fundación- hay que tener muy presente que, entre otras cosas, estamos cuestionando privilegios y prebendas que la Iglesia católica ha conseguido mantener desde el régimen franquista. Intereses políticos y económicos tan poderosos que dificultan enormemente poder hablar de ello desde una posición reflexiva y a menudo unas posiciones radicalizan las demás y el entendimiento se hace prácticamente imposible».
Tres de cada cuatro españoles, según el informe, consideran que la Iglesia católica tiene demasiada influencia en las decisiones políticas, sociales y de igualdad que se toman en España, y achacan este omnímodo poder a una «legislación obsoleta» que tiene en la Constitución y en los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979 (pero negociados antes del texto constitucional) los anclajes de los ingentes privilegios con los que cuenta la institución eclesiástica en el conjunto del Estado. Tanto para influir en las leyes como para abortar otras que fomenten un verdadero Estado laico, como la paralización de la anunciada reforma de la Ley de Libertad Religiosa de 1980.
«Hoy la Iglesia católica mantiene intacta gran parte de su influencia política, económica y mediática en la sociedad española y la utiliza a través de su Conferencia Episcopal tanto como puede para intentar determinar la moral pública y la legislación del país«, constata el Anuario. Una influencia que lleva a la «crispación y radicalización de sectores ultraconservadores y nacional-católicos integristas» ante leyes como la ampliación del Aborto, la Memoria Histórica, el matrimonio homosexual o la reforma educativa, llegando incluso a pedir la excomunión tanto de los políticos que votaran a favor de las mismas, como la del Rey al sancionarlas. Un «clericalismo excesivo» que el Estado laico tendría que acotar de alguna manera.
También se critica con virulencia «la asistencia de las autoridades civiles a los actos religiosos«, que «es totalmente contraria al principio de neutralidad del Estado». Para los expertos, «las autoridades civiles pueden asistir a la inauguración de un templo, pero deben abstenerse de participar y asistir a los actos religiosos». Algo que habría de solucionar la fallida Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia.
