La Conferencia Episcopal Española (CEE) sugiere que el actual proyecto de ley de muerte digna no debe ser obedecido al tratarse de un texto que no reconoce el derecho fundamental a la vida.
Así figura en la «Declaración con motivo del ‘Proyecto de Ley Reguladora de los derechos de la Persona ante el Proceso Final de la Vida», aprobado la semana pasada por la Comisión Permanente de la CEE y dado a conocer este lunes en una rueda de prensa en Madrid.
El documento de los obispos señala que este proyecto de ley «podría suponer una legalización encubierta de prácticas eutanásicas y que no tutela bien el derecho fundamental de libertad religiosa».
En consecuencia, indica que «las leyes que toleran e incluso regulan las violaciones del derecho a la vida son gravemente injustas y no deben ser obedecidas. Es más, esas leyes ponen en cuestión la legitimidad de los poderes públicos que las elaboran y aprueban. Es necesario denunciarlas y procurar, con todos los medios democráticos posibles, que sean abolidas, modificadas o bien, en su caso, no aprobadas».
El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, subrayó en la rueda de prensa que el proyecto de ley «no menciona» el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.
Además, explicó que el texto deja al enfermo que está en la etapa final de la vida «como un peso, una carga para la sociedad, para su entorno, para el sistema sanitario, como alguien que no aporta nada positivo a la vida, como alguien al que, por una falta de compasión mal entendida, se le priva de una vida con calidad».
Martínez Camino aludió a que la ley retrotrae «a épocas muy antiguas en las que no se valoraba más que la vida supuestamente productiva».
�LEY INJUSTA�
El portavoz de los obispos tildó de «ley injusta» el proyecto enviado por el Gobierno al Parlamento y que «supone un grave retroceso de civilización».
Martínez Camino apuntó que la CEE pretende, con su postura, «fortalecer el debate público y de que las leyes reconozcan los derechos fundamentales y los tutelen».
«Sin el reconocimiento de los derechos fundamentales y sin la tutela efectiva de los mismos es cuando no hay democracia y leyes de este tipo han existido en regímenes no democráticos», apostilló.
Martínez Camino aseguró que el proyecto de ley recoge alguna mejora, en opinión de los obispos, en relación al anteproyecto de ley, como que reconoce que las personas enfermas en su etapa final de vida podrán recibir «asistencia espiritual y religiosa», no solamente «religiosa».
El portavoz de la Iglesia católica española destacó que «no debería haber prisa» para regular la muerte digna y comentó que esta declaración de la CEE «no tiene por qué ser recibida como un ataque por nadie», en alusión al Gobierno.
La declaración de los obispos señala que el proyecto de ley de muerte digna «deja puertas abiertas a la legalización de conductas eutanásicas, que lesionarían gravemente los derechos de la persona a que su dignidad y su vida sean respetadas».
