El año pasado, la Iglesia católica ingresó 250 millones de euros con la casilla de la Renta en 2010
(José Manuel Vidal).- El PSOE de Álfredo Pérez Rubalcaba parece querer volver a sus viejos demonios del anticlericalismo, presentes en el partido de Pablo Iglesias desde su nacimiento. Y amenaza con revisar los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979, si vuelven a conquistar el poder. ¿En qué consisten esos Acuerdos que el partido socialista quiere revisar? ¿Es factible hacerlo? ¿Qué perdería la Iglesia católica si, una vez en el poder, los socialistas replanteasen la revisión de facto? ¿Qué actitud adoptaría la jerarquía episcopal ante tal eventualidad?
Todos los privilegios de los que disfruta la Iglesia católica se basan en los Acuerdos Iglesia-Estado, firmados por España y la Santa Sede en 1979. Desde la clase de religión en la escuela hasta la financiación pública de las actividades eclesiales. El PSOE lo sabe y, cada dos por tres, saca a pasear el fantasma de la revisión. Ya lo hizo en la primera legislatura de Zapatero y los obispos, sin inmutarse (conscientes de que una una cosa es amagar y otra dar), respondieron por boca de su secretario general, Martínez Camino: «No hay nada innegociable».
Miedo al voto católico
Los obispos españoles están tranquilos. Basan su sosiego en varias razones: El miedo al voto católico, el especial cuidado de los políticos con el Vaticano y, sobre todo, la aritmética parlamentaria. El episcopado sabe bien que los Acuerdos tienen rango de tratado internacional y que, para derogarlos, se necesitan los dos tercios de las Cortes. Es decir, el partido socialista debería contar con el apoyo de los ‘populares’.
Además, los socialistas son conscientes, sobre todo, de que España sigue siendo culturalmente católica, aunque no vaya a misa, y que el Papa, jefe supremo de la Iglesia, es una autoridad moral universalmente reconocida. Eso salva a los Acuerdos Iglesia-Estado. Al menos, por ahora.
Y es que, como suelen decir los canonistas, «pacta sunt servanda» (los pactos se firman para cumplirlos). Además, al tratarse de un pacto entre el Estado vaticano y el Estado español, los Acuerdos adquieren rango de ley fundamental. De ahí que, para derogarlos, se necesiten los dos tercios de los diputados.
Con ese quorum se podrían revisar, aduciendo «cambio sustancial de materia» o «cambio radical de la sociedad». Ésta última podría ser la cláusula aducida por los socialistas, para intentar su imposible revocación sin el apoyo de los populares.
Firmados hace 33 años
Técnicamente no se llaman Concordato, pero lo son. Los Acuerdos Iglesia-Estado, firmados hace 33 años, sustituyen al viejo Concordato de 1953 y consagran a la Iglesia católica como la religión privilegiada del Estado español, sólo teóricamente aconfesional y laico. Desde entonces, la Iglesia y Estado están condenados a entenderse. Por tradición, porque a ambos poderes les conviene y por Historia.
La Roma postconciliar quería acabar con aquel texto extravagante que se publicó en el Boletín Oficial del Estado de 19 de octubre de 1953 con el siguiente encabezamiento: «En el nombre de la Santísima Trinidad». Y su primer artículo rezaba así: «El Estado español reconoce a la Iglesia católica el carácter de sociedad perfecta». La propia Iglesia había abandonado en el aula conciliar (1962-1965) este modelo de Iglesia para sustituirlo por el de «pueblo de Dios». Y la jerarquía española, capitaneada por el cardenal Vicente Enrique Tarancón, tenía prisa por adaptarse a la nueva situación.
Sin embargo, el general Franco, hasta entonces «caudillo por la gracia de Dios», se negaba a disolver el matrimonio entre la espada y la cruz bendecido por el Concordato del 53. Cuenta en sus memorias el cardenal Tarancón que el almirante Carrero Blanco le echó en cara el que apostase por el divorcio entre la Iglesia y el régimen, tras haberla salvado con una larga cruzada y haberla alimentado generosamente con 300.000 millones de pesetas de las de entonces.
Pero el anacronismo concordatario era tal que el régimen se vio obligado a aceptar su revisión. El 3 de enero de 1979, el ministro de Exteriores, Marcelino Oreja, y el Secretario de Estado vaticano, cardenal Villot, firmaban solemnemente en Roma los Acuerdos Iglesia-Estado. Con esa firma, se derogaba el Concordato de 1953 y se insertaban en el recién estrenado marco constitucional español las relaciones Iglesia-Estado. Los Acuerdos fueron consensuados a la par que la Constitución y únicamente se firmaron una vez ésta entró en vigor, si bien en agosto de 1976, el Rey renunció al privilegio de presentación de obispos.
Ya han sido modificados
Los acuerdos parciales se referían a cuatro apartados: asuntos económicos, educación, relaciones jurídicas y capellanes castrenses. Desde entonces han sufrido algunas modificaciones. Sobre todo, los de educación y financiación. En concreto, la actualización del acuerdo económico se realizó en 1987, cuando el Ejecutivo de Felipe González decidió poner en marcha el sistema de la asignación tributaria, fijando el porcentaje para la Iglesia en el 0,52%, amén del «complemente presupuestario».
Ese sistema pervivió durante casi 20 años. El 22 de septiembre de 2008, obispos y Gobierno firmaron el nuevo modelo de financiación de la Iglesia, por el que se sube el porcentaje al 0,7%; la Iglesia renuncia al complemento presupuestario y a la exención del IVA, al tiempo que se compromete a presentar una memoria económica anual.
El año pasado, la Iglesia católica ingresó 250 millones de euros con la casilla de la Renta en 2010.
