Me pregunto si no ha llegado la hora de que la Iglesia tome la iniciativa de activar, a tenor de los principios recurrentes en derecho, la revisión de determinados puntos
(Vida Nueva).- José María Díaz Moreno, S. J., es Doctor en Derecho Canónico y profesor emérito de las Universidades Pontificias de Comillas-Madrid y Salamanca, en las que ha enseñado Derecho Canónico durante casi medio siglo. De 1966 a 1980 fue miembro de la Comisión Central de la Nunciatura Apostólica de Madrid que elaboró y negoció los vigentes Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede. Ante las amenazas sobre la revisión de los mismos, formuladas en el último Congreso del PSOE en Sevilla, le hemos pedido su parecer sobre esas amenazas. Éstas son sus respuestas.
¿Es posible revisar los Acuerdos con la S. Sede?
La revisión es ciertamente posible. Como lo es la de cualquier otro texto jurídico bilateral. Al redactar esos textos, no creo que ninguno de los que colaboramos en ese trabajo pensara que estábamos redactando un texto inmutable. Sería absurdo. Basta conocer medianamente la historia de los Acuerdos para caer en la cuenta de que fueron absolutamente necesarios para salir del bloqueo al que se había llegado con el último gobierno del General Franco. El Concordato de 1953 ya no era sino un cadáver jurídico que había que enterrar y, al mismo tiempo, había que evitar un vacío jurídico que sería dañoso para todos. En este sentido, es innegable su acentuado carácter coyuntural. Los Acuerdos tienen que encuadrarse en esa coyuntura, providencial y trascendental en la historia de España, que se conoce como transición. Pero, no obstante este innegable carácter coyuntural, puede decirse que los Acuerdos constituyen un acierto en el modo de entender las relaciones jurídicas entre la Iglesia y el Estado. Y han sido eficaces en el servicio que tanto la Iglesia, como el Estado deben prestar a las personas. Examinando la realidad de estos casi treinta años de vigencia, el balance es largamente positivo.
¿Es algo urgente o se trata de una estrategia?
La urgencia, y más en este momento de crisis, no la veo por más que me esfuerzo. No creo que esa revisión vaya a ser un eficaz medio de superar el drama humano de los millones de parados. Y, con sinceridad, tampoco veo la estrategia. Leer la amenaza de la revisión de los Acuerdos, en el contexto reciente al que creo te refieres, me dio pena y hasta sentí vergüenza ajena. Que se amenace con un «seria» revisión de los Acuerdos, como protesta por los cambios legales anunciados en la ley del aborto y por la desaparición de la desafortunada ley de Educación para la Ciudadanía, me parece absolutamente ilógico y fuera de lo razonable.
¿Es cierto, como se dice, que los Acuerdos otorgan privilegios a la Iglesia?
No. Precisamente ése fue uno de los mayores aciertos de los Acuerdos. La columna vertebral de los mismos es la libertad religiosa y su protección, como un derecho fundamental de la persona y una igualdad de oportunidades en el ejercicio de esos derechos, sin discriminación alguna por razón de la fe que cada uno, individual y asociadamente, profesa. Puede haber expresiones que suenen a un trasnochado privilegismo. El 23 de diciembre de 2006, el gobierno socialista y la S. Sede llegaron a un Acuerdo, mediante un oportuno cambio de notas, para modificar algunos puntos del Acuerdo Económico. Prueba evidente de que son revisables. Repito que esa revisión y modificación fue iniciada y fue ejecutada por el partido socialista. Ése es el camino y eso es lo razonable. Algo muy distinto es gritar la revisión como amenaza
¿Qué pasaría si se modificasen los Acuerdos? ¿Quien saldría perjudicado, el Estado o la Iglesia?
No se trata de beneficiar o perjudicar ni al Estado, ni a la Iglesia. Se trata, como ya he dicho, de hacer más eficaz el reconocimiento y protección del derecho fundamental de la persona a la Libertad religiosa, sin ningún tipo de discriminación. Todo lo demás es secundario. Eso es lo que la Iglesia y el Estado deben buscar y lograr, sin reaccionarismos, ni sectarismos de ningún tipo.
¿Por qué tienen que seguir vigentes?
En primer lugar, por respeto a lo pactado. En segundo lugar, porque creo que, si no son necesarios, sí son muy convenientes para garantizar la libertad religiosa. Lo que afirmo sobre los Acuerdos con la S. Sede, lo afirmo igualmente sobre los Acuerdos firmados en 1992 por el Estado español con los evangélicos, los israelitas y la Comisión islámica. Además, pensar que este sistema de garantías sólo existe en España y que es algo que pertenece al pasado, supone una ignorancia lamentable. La Iglesia católica mantiene en la actualidad 47 Concordatos o Acuerdos con los Estados más diversos, desde Albania, hasta el Vietnam. El último que conozco se ha estipulado en Junio de 2011, con la República de Montenegro. Que el Estado español denuncie los Acuerdos con la Iglesia Católica y que éstos desaparezcan, sería una extraña anomalía sin justificación alguna y un claro acto de sectarismo.
¿Alguna cosa más?
Estas amenazas mitineras en torno a los Acuerdos con la S. Sede, ya es cosa que viene de lejos. Mire, el año 2005, en un Congreso Organizado en la Universidad de Las Palmas, afirmé lo siguiente: «Vengo viendo que, por parte de algunos políticos y medios de comunicación social, y con ocasión de determinados hechos en el campo de la educación o de la financiación acordada entre la Iglesia y el Estado, con frecuencia hacen referencia a la necesidad de una revisión, y hasta denuncia, de los Acuerdos vigentes entre la Iglesia y el Estado. La mayoría de las veces, tanto los hechos que se aducen, como los fundamentos jurídicos que se alegan, no resisten una análisis serio. Si el inmovilismo es ciertamente nocivo para todos, no lo es menos el sectarismo de algunas ideologías. Si se piensa serenamente, porque se cree necesario o conveniente para el bien común, revisar los Acuerdos, en el derecho internacional, y en el texto de los mismos Acuerdos, hay medios legítimos para modificar lo que se cree necesario o conveniente. Todo lo que no sea moverse en esta línea pertenece a una rechazable demagogia, pura y dura. Los católicos, por otra parte, no deberíamos temer esa posible revisión, clarificando, hasta donde sea necesario, cualquier género de desfasadas situaciones privilegiadas que ya no se justifican, dentro del ejercicio reconocido, protegido y verificado del derecho inalienable de las personas a la libertad religiosa. Más aún. Me atrevo a sugerir lo siguiente: Hasta ahora, la amenaza, solapada o abierta, de denuncia o reforma de los Acuerdos vigentes, ha venido casi en exclusiva de determinados sectores políticos. ¿La Iglesia no tiene nada que decir? El Prof. Carlos Corral, en una exacta disección muy característica de su quehacer jurídico, ha dejado constancia de lo incumplido y por cumplir por parte del Estado. Ante esta realidad, me pregunto si no ha llegado la hora de que la Iglesia tome la iniciativa de activar, a tenor de los principios recurrentes en derecho, la revisión de determinados puntos. Entiendo que, aunque es verdad, que en la praxis concordataria no es usual esta práctica por parte de la S. Sede, no excluyo su conveniencia, y hasta su necesidad, cuando los Acuerdos se han convertido en un lugar común de una insultante demagogia contra la Iglesia. Quede aquí esta personal sugerencia que someto totalmente a cualquier otro parecer mejor fundado» Lo que dije hace ya cinco años, lo sigo manteniendo hoy.
