Los obispos y los sacerdotes están hablando continuamente en sus diócesis de la crisis que afecta a la sociedad, y por supuesto a la Iglesia
(Jesús Bastante).- No está previsto, pero la Iglesia católica podría aceptar pagar el IBI, tal y como va a suceder en Italia, siempre y cuando también lo hagan el resto de confesiones y fundaciones incluidas en la Ley de Mecenazgo. «¿Se van a subir los impuestos a Cáritas? ¿Quieren que haga recortes Cáritas, o la catequesis?», se preguntó el portavoz episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, a este respecto, mientras que el gerente de la Casa de la Iglesia, Fernando Giménez, recordaba que «la Iglesia no tiene ninguna legislación específica a este respecto» y que la institución «está ahorrando muchos millones» a la sociedad con su actividad social y caritativa, por lo que continúa siendo justa esta «subvención indirecta».
Y es que, según explicó Giménez, «la legislación italiana y la española no son equivalentes». Así, la exención del IBI en España incluye a todas las confesiones religiosas con acuerdo con el Estado, así como a fundaciones, ONG y demás. En la rueda de prensa al término de la Comisión Permanente, el Epsicopado presentó los presupuestos de la CEE (4,28 millones) y el Fondo Común Interdiocesano (algo más de 231), y se explicó cómo, en 2010, las pérdidas asumidas por el fin de la exención del IVA superaron los 26 millones de euros.
La Permanente no abordó la crisis económica, aunque Martínez Camino apuntó que muy probablemente se hablará de ello en la próximo Asamblea Plenaria. No obstante, apuntó que «los obispos y los sacerdotes están hablando continuamente en sus diócesis de la crisis que afecta a la sociedad, y por supuesto a la Iglesia», y recalcó el esfuerzo de instituciones como Cáritas, que en los últimos tres años han duplicado las atenciones a los afectados.
Los obispos también presentaron los nuevos criterios para la Declaración de Idoneidad para los profesores de Religión, motivada por los cambios en las titulaciones del espacio Bolonia. Preguntado por la polémica por Resurrección Galera, profesora de Religión a la que la Justicia ha reconocido el derecho a ser reintegrada en su puesto de trabajo, Martínez Camino apuntó que, en contra de algunas informaciones, «el caso no ha sido asumido por la Conferencia Episcopal. Lo que ha habido es consultas». En este punto, incidió en que «lo que está en cuestión es que la clase de Religión católica sea clase de Religión Católica». Y obligar a reintegrar a una docente que no tiene la missio canónica de la Iglesia no sería ético en opinión de Camino. «La autoridad civil ¿puede imponer a un determinado profesor de Religión por motivos puramente laborales que no cuenta con el aval de la Iglesia católica? Es un problema objetivo. El profesor de Religión católica que no cuenta con el aval no entra en el estatuto que la legislación vigente concede porque no está garantizado que esa clase sea de Religión Católica», dijo.
Sobre las recientes manifestaciones estudiantiles, Camino no quiso valorar sus razones, limitándose a recordar que el derecho a manifestarse está incluido en la Constitución. Sí apuntó, no obstante, este derecho «no incluye la violencia o el desorden», e hizo un llamemiento para que «no haya confrontaciones violentas que dificulten la situación eimpidan resolver los problemas. Que nos mantengamos todos, ahora más que nunca, en los procedimientos propios de un régimen democrático, civilizado, de confrontación de opiniones, pero no de violencias o imposiciones que no pueden traer nada bueno».
Finalmente, el portavoz episcopal afirmó que no han concretado con el Ministerio de Educación ningún encuentro sobre el futuro de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, y que esperarán a dar una opinión sobre los cambios cuando exista un Real Decreto. «En principio no nos parece mal que se cambie, porque no nos gusta el que hay ahora», concluyó.
