También se solicita el impulso de una Ley de libertad de conciencia y religiosa "que evite privilegios y discriminaciones por razón de convicciones y creencias"
El grupo del PSE-EE en el Parlamento vasco ha registrado una iniciativa en la que insta al Gobierno central a revisar los Acuerdos con la Santa Sede, con el fin de «asegurar la laicidad del Estado y garantizar la igualdad de tratamiento de la Iglesia Católica al del resto de confesiones religiosas e instituciones, incluyendo «el pago de impuestos en igualdad de condiciones«.
Esta propuesta, registrada por el parlamentario socialista Vicente Reyes, se ha tramitado a través de una enmienda a una moción de Aralar sobre la asignatura de Religión.
El texto del PSE, según ha explicado este partido a través de un comunicado, «amplía el debate al análisis de todas las relaciones establecidas en los Acuerdos con la Santa Sede».
Estos pactos –cinco en total– fueron firmados por el Estado español y el Vaticano entre 1976 y 1979, con el objetivo de sustituir al Concordato de 1953. Entre otras cuestiones, los acuerdos incluyen materias como la enseñanza o fiscalidad.
En su propuesta, Reyes destaca que la laicidad del Estado es un «elemento consustancial a la idea de libertad e igualdad», así como «una condición ‘sine qua non’ para una convivencia armónica en nuestro país».
Por ese motivo, ha reclamado «la revisión de las cuestiones legales, educativas, culturales y económicas relativas a dichos acuerdos, además de la presencia religiosa en las Fuerzas Armadas».
A su vez, el texto de los socialistas pide «establecer un tratamiento fiscal de las distintas confesiones religiosas igual que el del resto de instituciones, que asegure el pago de impuestos en igualdad de condiciones».
En este sentido, también se solicita el impulso de una Ley de libertad de conciencia y religiosa «que evite privilegios y discriminaciones por razón de convicciones y creencias». Dicha norma debería garantizar también «la neutralidad religiosa en los espacios y actos públicos para que no exista confusión entre lo público y lo religioso, superando el marco definido por la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980«.
Reyes plantea la reforma de la Ley Hipotecaria modificada en 1998, que «permite a la Iglesia Católica no registrar inmuebles y terrenos, equiparándome a las Administraciones territoriales y Corporaciones de derecho público, emitiendo sus propios certificados de dominio en ausencia de título escrito de dominio».
Dicha reforma, según ha explicado Reyes, pretende «acabar con este privilegio carente de justificación, estudiando las vías para la devolución de los inmuebles y terrenos reclamados por los municipios y otros potenciales titulares».
Por último, los socialistas proponen adecuar la legislación vigente para que los acuerdos de cooperación del Estado con las distintas confesiones religiosas «se adapten a los mismos principios sin que exista discriminación en el trato recibido por las mismas».
(Rd/Ep)
