No se puede hacer demagogia poniendo en tela de juicio el trabajo y la dedicación de determinadas organizaciones tanto religiosas como civiles, obviando los beneficios sociales que prestan
El Gobierno no tiene intención de reformar el acuerdo suscrito con la Santa Sede en 1979, que exime a la Iglesia católica de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles por la mayoría de sus propiedades, y recuerda que tampoco abonan esa contribución otras confesiones y entidades sin ánimo de lucro.
El Ejecutivo ha recopilado toda la legislación en la que se basan las exenciones tributarias en una respuesta parlamentaria dirigida al portavoz del BNG en el Congreso, Francisco Jorquera.
El diputado gallego había escrito al Gobierno para preguntarle si no consideraba un anacronismo los privilegios de la Iglesia y alertaba de que, sólo en Santiago de Compostela, la exención del IBI supone dejar de ingresar 37,4 millones de euros al año.
El Gobierno le recuerda que modificar ese régimen exigiría firmar un nuevo acuerdo con la Santa Sede y pone de manifiesto que son muchas las entidades que no pagan el IBI.
También están exentas, por ejemplo, otras iglesias y religiones que han firmado acuerdos de colaboración con el Estado español, como la evangélica, la israelita o la islámica, que no pagan por sus inmuebles destinados al culto, a la asistencia religiosa, a residencias, a oficinas o a la formación de sus pastores, ministros o imanes.
No lo hacen desde 1992, cuando el Gobierno promulgó sendas leyes con los acuerdos de cooperación firmados con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas de España y la Comisión Islámica de España.
Además, subraya el Ejecutivo, en 2002 se aprobó una ley que exime del IBI a las entidades sin fines lucrativos, salvo que en sus inmuebles realicen actividades por las que tengan que pagar el impuesto de sociedades.
Entre las entidades sin fines lucrativos se incluyen las fundaciones, las asociaciones declaradas de utilidad pública, las ONG de desarrollo, las federaciones deportivas españolas, el Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico.
«El fundamento de la exención radica en la naturaleza no lucrativa de la entidad beneficiaria y la actividad que se realiza«, destaca el Gobierno, que resalta el derecho fundamental a la libertad de culto y los servicios de interés social -educativos, hospitalarios o asistenciales- que prestan estas organizaciones.
Apunta además el Ejecutivo que por el artículo 16.3 de la Constitución, «el Estado está obligado a mantener relaciones de cooperación con la Iglesia católica y el resto de confesiones» presentes en España.
La respuesta del Gobierno al diputado del BNG coincide con la puesta en marcha de una campaña por parte del PSOE para que se cobre el IBI por pisos, garajes, lonjas y otros inmuebles no vinculados al culto religioso que figuren a nombre de la Iglesia Católica y de otras confesiones.
Por su parte, el secretario ejecutivo de política local del PP, Manuel Cobo, ha enviado una carta a los alcaldes, presidentes de Diputación y portavoces de sus grupos municipales y diputaciones en la que llama a rechazar las mociones «demagógicas» del PSOE sobre el pago del IBI por parte de la Iglesia.
La carta, a la que ha tenido acceso Efe y que incluye un argumentario contra esa medida , sale al paso de la iniciativa socialista para que en todos los ayuntamientos españoles se debatan mociones en las que se inste a cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles a la Iglesia católica.
Cobo advierte en su misiva de que ante la presentación de esas mociones para cobrar el IBI o denunciar el Concordato con la Santa sede, «la posición del grupo popular sólo puede ser desfavorable«.
«Se trata de una moción que no respeta la legislación estatal como la ley de Mecenezago ni los tratados internacionales, por cuanto las exenciones de determinados impuestos no traen causa en caprichos del legislador, sino en una serie de principios», señala el dirigente del PP.
Entre esos principios cita los de reciprocidad, colaboración público-privada, fomento de la cultura y el arte, protección del patrimonio histórico-artístico, y arraigo de valores sociales y confesionales amparados por la Constitución.
«No se puede hacer demagogia poniendo en tela de juicio el trabajo y la dedicación de determinadas organizaciones tanto religiosas como civiles, obviando los beneficios sociales que prestan a los ciudadanos más desfavorecidos, más aún -precisa- en situaciones límite como las que soportan muchas personas debido a la crisis económica».
Añade Cobo que carece de rigor que sea precisamente el PSOE el que cuestione ahora la existencia de esta exención y la vigencia del Concordato cuando no se ha atrevido a hacerlo en los siete años de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ni en los trece de Felipe González.
Gobiernos de los que recuerda que formó parte el actual líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba.
El argumentario que el PP ha enviado a sus representantes locales recoge todos esas reflexiones y recuerda que España tiene tres acuerdos de colaboración similares al existente con la Santa Sede con las comunidades religiosas evangélica, israelita e islámica.
Además, señala que el PP considera que la fórmula de colaboración con la Iglesia funciona satisfactoriamente, responde a los postulados constitucionales, produce beneficios a la sociedad y cuenta con un amplio respaldo social.
(Rd/Agencias)
