La financiación pública de la Iglesia católica continúa siendo un concepto presupuestariamente difícil de detectar y aún permanece oculto detrás de partidas indirectas
La financiación pública de la Iglesia católica es «presupuestariamente difícil de detectar» y está «oculta» detrás de partidas indirectas, según destaca un informe sobre el laicismo y las religiones en España elaborado por la Fundación Ferrer Guàrdia.
La segunda edición del «Anuario de la Laicidad en España 2012«, que ha sido presentado hoy, estima que la Iglesia recibe entre ocho mil y nueve mil millones de euros al año, al sumar las exenciones tributarias, lo recibido por el IRPF, la financiación de los centros concertados, la obra social y el patrimonio, entre otros.
El estudio, que trata de difundir de forma divulgativa los contenidos religiosos que pueden alterar la convivencia, según ha explicado el director de la Fundación, Oriol Illa, indica que hay varios motivos que «impiden» la transparencia en la cantidad que el Estado destina a la Iglesia.
Así, expone las «dificultades encontradas» para disponer de información relativa a este asunto y la existencia de acuerdos concordatarios «de inspiración preconstitucional».
«La financiación pública de la Iglesia católica continúa siendo un concepto presupuestariamente difícil de detectar y aún permanece oculto detrás de partidas indirectas, de carácter público», indica el anuario.
El informe dedica un apartado a la visita del Papa, el pasado mes de agosto a Madrid con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, de la que subraya también la «falta de transparencia» en relación a los costes que ha supuesto para el erario público.
Considera que «no hubo un equilibrio» entre la «necesaria neutralidad que debe ejercer el poder político y la visibilidad que se mostró durante los días que la comitiva vaticana estuvo en la capital.
El anuario también recoge estadísticas oficiales de opinión que reflejan, según ha señalado su coordinadora, Laura Madruga, que a pesar de que el 73 por ciento de los españoles se confiesa católico, la mayoría tiene un comportamiento y actitud que no comparte los postulados de la Iglesia.
Recoge datos de 2008 que muestran que el 54,8 de los católicos está en contra de la postura de la Iglesia sobre el aborto, el 67,7 por ciento opina que la homosexualidad no es una enfermedad, el 53 por ciento está a favor del matrimonio homosexual, y en relación a la eutanasia, el 36,8 por ciento la apoya y el 38,4 por ciento lo hace en casos específicos.
Constata, asimismo, que el 34,8 por ciento de la población que se declara no religiosa son jóvenes, que el 80 por ciento de los ciudadanos aboga por la separación Iglesia-Estado, y que los matrimonios civiles superan a los católicos.
Recoge también la diferencia entre comunidades autónomas en relación a este último aspecto, y mientras que en Cataluña cerca del 80 por ciento de los matrimonios no son religiosos, en Extremadura, esa cifra se reduce hasta el 40 por ciento.
En cuanto al alumnado que cursó asignaturas de religión, Andalucía es la autonomía mayoritaria, con un 81 por ciento, y Cataluña la que menos, con un 37 por ciento de estudiantes. (RD/Efe)
