Reconocer que ETA ha producido sufrimiento no me parece suficiente
El obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte, considera necesario para consolidar el nuevo tiempo abierto en Euskadi que ETA entregue «sus arsenales» y se «disuelva definitivamente». Pero también está convencido de que el Gobierno central puede poner su granito de arena y «favorecer estos pasos» de la banda con una gestión «adecuada», sobre todo en lo referido a los presos, con una «política penitenciaria más flexible».
Uriarte, que medió entre el Gobierno de Aznar y ETA durante la tregua de Lizarra, en 1998, sostiene en una entrevista que hoy publica ‘El Diario Vasco‘ que una posible interlocución entre la organización terrorista y Madrid y París para avanzar en la entrega de las armas «sería un factor decisivo».
«Un Gobierno no rebaja su dignidad en una interlocución realizada en las debidas condiciones», asegura el antiguo prelado de San Sebastián. Incluso, cree que la mediación internacional «ha jugado ya un papel activo al facilitar el cese definitivo de la actividad terrorista de ETA».
Uriarte sitúa en tres ámbitos diferentes los pasos que deben darse para asentar la convivencia. Desde el «institucional», pide una política penitenciaria «más flexible»; desde los partidos, incluyendo a Sortu, «una exigencia unánime de desarme y disolución de ETA y una urgencia al Gobierno para que modifique su posición rígida». «Desde el ámbito social, un cultivo de una cultura de paz», añade el obispo, que también se refiere a la situación de las víctimas.
A su juicio, el reconocimiento, la «reparación y la ayuda a víctimas de todo signo es exigencia de la justicia y elemento decisivo para la reconciliación personal y social». Uriarte, en todo caso, diferencia entre víctimas «inocentes» y víctimas «agresoras y agredidas». Entre las primera sitúa al niño Fabio Moreno, asesinado en Erandio 1991 cuando apenas tenía dos años, al explotar una bomba adosada a los bajos del vehículo particular de su padre, guardia civil.
En el segundo grupo coloca a José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, «torturados hasta la muerte y calcinados, son agresores en su calidad de miembros de un grupo armado agresivo y al mismo tiempo agredidos inhumanamente por las circunstancias de su muerte violenta». Los dos jóvenes fueron secuestrados en Francia por miembros de las fuerzas de seguridad españolas en 1983 y sus restos no fueron encontrados hasta doce años después en Alicante. El general de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, y el ex gobernador civil de Gipuzkoa Julen Elgorriaga, entre otros, fueron condenados a varias décadas de prisión. Para Uriarte, «equiparar a una víctima inocente con un agresor agredido es injusto».
Respecto a los gestos realizados en los últimos meses por la izquierda abertzale, el obispo afirma que «reconocer que ETA ha producido sufrimiento no me parece suficiente». «Es necesario admitir que ha sido un sufrimiento injusto y mostrar voluntad de reparación», subraya Uriarte, quien también se muestra convencido de que todos aquellos que han «violado gravemente el núcleo intangible de los derechos humanos» y han producido daños graves e irreversibles tienen la obligación moral de pedir perdón». Aunque, en este sentido, concede que «ninguna instancia cívica tiene poder jurídico para urgírselo».
Sobre la concesión de beneficios penitenciarios, es claro. Para acceder a ellos es exigible «la ruptura de todo vínculo de pertenencia a ETA». Pero este requisito no debe tenerse en cuenta para aplicar «otras medidas prepolíticas», como la excarcelación de presos enfermos o el acercamiento a cárceles del País Vasco.
Uriarte sale en defensa del papel jugado por la Iglesia vasca durante los últimos años. «Este servicio no ha sido lo suficientemente reconocido. Ha sido en bastantes ocasiones malinterpretado e incluso manipulado», recalca.
