El concejal de UPyD, el único voto en contra, ha manifestado su oposición por la "labor social" que desempeñan las entidades cristianas
El pleno del Ayuntamiento de Elda (Alicante) ha aprobado, con la abstención de los catorce ediles del grupo mayoritario del PP, la reclamación del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las ONG cristianas y al resto de entidades que se ubican en inmuebles de la localidad de titularidad de la Iglesia católica.
Durante la sesión plenaria, celebrada el martes, los 14 concejales ‘populares’ se abstuvieron en la votación de una moción a tal efecto promovida por los dos concejales de Esquerra Unida (EU) y respaldada por los ocho representantes socialistas, mientras que el único voto en contra fue el de Unión, Progreso y Democracia (UPyD).
De este modo, y a través de un comunicado, el portavoz de UPyD en Elda, César González, ha anunciado este miércoles que su formación iniciará una campaña informativa sobre la aprobación del cobro del IBI a la Iglesia, una medida a la que el concejal ha mostrado su oposición por «la labor social que desempeñan las entidades cristianas en tiempos de crisis».
Partidos, sindicatos y patronales
Igualmente, ha expresado su rechazo al mantenimiento de la exención a favor de partidos políticos, sindicatos, patronales y otras organizaciones que «sí mantendrán el privilegio», así como «al hecho de que el cobro debe establecerse en función del uso y no de la titularidad, de modo que se si presta una labor social, debe haber una exención«.
González ha señalado que esta medida provocará que organizaciones como Manos Unidas o Cáritas, además de los colegios concertados de la localidad, tengan que hacer frente a este tributo «con las repercusiones que ello tendrá en los servicios asistenciales que prestan o en la matrícula de los alumnos», tal y como ha indicado.
«Afán recaudatorio»
El portavoz de UPyD ha manifestado que la alcaldesa de Elda, la ‘popular’ Adela Pedrosa, con esta medida «se desmarca de las directrices marcadas» por el presidente del PP nacional, Mariano Rajoy, «por puro y duro afán recaudatorio». «Por 20.000 euros, que es lo que cuesta el salario de uno de sus 11 asesores, se está poniendo en peligro la labor social de organizaciones benéficas, parroquias y colegios concertados», ha subrayado González.
El portavoz ha resaltado que este acuerdo plenario establece un «principio discriminatorio» con otros credos religiosos que también disponen de templos en el municipio y que «se seguirán beneficiando de la exención fiscal», algo que, a su entender, resulta «pintoresco y que seguro que los afectados tendrán en cuenta». «UPyD lo que defiende es que todas las religiones sean iguales ante el Estado, y en Elda los católicos estarán perjudicados», ha agregado.
Así, González ha señalado que enviará una carta a todos los colectivos «afectados» en el que se incluirá una copia del acuerdo plenario y una misiva, en la que informará «sobre los perjuicios causados a las organizaciones benéficas gracias a la cómplice abstención del PP motivada por la necesidad de recaudar«, y se expondrá el punto de vista que sobre esta cuestión tiene la formación. (RD/Ep)
