En 2012 prestaron asistencia religiosa un total de 146 capellanes, aunque el Gobierno recuerda que existen también religiosos y seglares pertenecientes a la entidad pastoral penitenciaria
El Estado destinó en 2012 algo más de 94 millones de euros para pagar a los cerca de 3.000 profesores que imparten la asignatura de religión católica en educación infantil y primaria.
En una respuesta al diputado del PSOE Juan Moscoso, el Gobierno explica que el Estado solo paga el coste de los profesores de religión católica, del nivel de educación infantil y primaria, de Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Ceuta, Melilla y los colegios en el exterior.
Así, en 2012 el coste de las retribuciones de los 2.953 profesores de religión católica para este ámbito fue de 71.911.164 euros y el coste de seguridad social correspondiente a esas retribuciones ascendió a los 22.292.460 euros, por lo que el coste total del profesorado fue de 94.203.625 euros.
El Gobierno ha informado, asimismo, que estos profesores impartieron, durante el pasado año, un total de 69.787 horas lectivas.
Asistencia en el Ejército
En cuanto al personal que ejerce servicios espirituales dentro del Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo explica en otra respuesta parlamentaria que hay 74 capellanes castrenses, 2 vicarios episcopales y 1 arzobispo castrense, y su coste, durante 2012, ascendió a 471.823 euros.
Sobre la asistencia religiosa en centros penitenciarios, la trasferencia a la Conferencia Episcopal Española prevista en los presupuestos generales del Estado para 2013 es de 309.500 euros.
En 2012 prestaron asistencia religiosa un total de 146 capellanes, aunque el Gobierno recuerda que existen también religiosos y seglares pertenecientes a la entidad pastoral penitenciaria, que prestan sus servicios en multitud de programas y que estas actuaciones se enmarcan en la intervención de ONG y entidades colaboradoras en los centros penitenciarios.
Exenciones fiscales
El portavoz socialista para la Unión Europea en el Congreso, Juan Moscoso del Prado, ha criticado la «falta de transparencia del Gobierno» por «ocultar» al Congreso las cifras de las exenciones fiscales a la Iglesia, al mismo tiempo que opina que las respuestas proporcionadas por el Ejecutivo representan una «falta de respeto al Parlamento».
Moscoso del Prado presentó en enero doce preguntas en el Congreso en las que se interesaba por el coste que supone para el Estado dejar de recaudar todos los impuestos de los que está exenta la Iglesia como el IRPF, el IBI o el de Sucesiones, Donaciones y Transmisiones Patrimoniales, entre otros puntos.
Sobre la recaudación del IBI, del impuesto sobre sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales onerosas, el Gobierno aclara en sus respuestas parlamentarias que, por ejemplo, «no corresponde al ámbito central, sino autonómico o municipal por lo que no se dispone de más datos en relación con las preguntas con referencia».
Fiestas religiosas
Acerca de si el Gobierno está negociando con la Conferencia Episcopal el traslado de festividades de origen no religioso, el Ejecutivo explica que el 9 de enero de 2012 los interlocutores sociales (CEOE, CEPYME, CC.OO. y UGT) suscribieron un acuerdo de Diálogo Social bipartito en el que llegó a un acuerdo para proponer al Gobierno que se trasladen al lunes algunas festividades de ámbito nacional entre semana y, concretamente, el 15 de agosto, el 1 de noviembre y el 6 de diciembre.
En cuanto a las festividades nacionales de origen religioso, el Gobierno defiende que éstas están fijadas de acuerdo con los acuerdos de 1979 con la Santa Sede y por ello, indica que cualquier cambio en su celebración deberá ser consultado previamente con la Conferencia Episcopal Española.
Cobrar por entrar a iglesias
Por otro lado, Moscoso preguntaba al Gobierno si tenía previsto establecer algún sistema de control y supervisión del cobro arbitrario de entradas en horarios particulares por la Iglesia Católica en edificios que forman parte del patrimonio artístico y documental que son mantenidos con fondos públicos.
El Gobierno explica que el Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Educación, ha promovido la elaboración y puesta en marcha de planes nacionales que tienen como objetivo común la protección, conservación y difusión del patrimonio cultural, de los que el de las Catedrales y Abadias, Monasterios y Conventos pertenecen a la Iglesia.
Es más, sostiene que la Ley de 1983 del Patrimonio Histórico Español establece que los propietarios y, en su caso titulares de derechos reales de bienes declarados de interés cultural deberán permitir la visita pública, en condiciones de gratuidad, al menos cuatro días al mes, en días y horas previamente señalados.
No obstante, puntualiza que la competencia en materia de protección del patrimonio histórico corresponde a las comunidades autónomas, encargadas de gestionar, según su propia normativa, los parámetros y las relaciones con las distintas instituciones titulares de los bienes culturales.
(Rd/Agencias)