Antes de actuar, Rajoy pidió un informe jurídico sobre todas las instituciones que se financian significativamente a través de dinero público para saber con claridad el marco y las consecuencias de las decisiones adoptadas
El Gobierno popular incluirá a la Iglesia católica dentro del proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, según han confirmado fuentes del Ejecutivo, de las que hoy informa La Razón. A diferencia de otras entidades, la institución sólo será controlado en lo referente a los fondos públicos que recibe por parte del Estado, no de todas sus cuentas.
Antes de actuar, Rajoy pidió un informe jurídico sobre todas las instituciones que se financian significativamente a través de dinero público para saber con claridad el marco y las consecuencias de las decisiones adoptadas. La Iglesia es receptora y, como tal, quedará afectada por los nuevos controles, pero exclusivamente en lo que afecta a esos fondos públicos. La Iglesia recibe dinero de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para la conservación de sus centros religiosos, para colegios católicos y profesores de religión y a través de la casilla de la Declaración de la Renta (IRPF).
El hecho de que el Gobierno dé un paso adelante en incluir a la Iglesia Católica dentro de las instituciones que formen parte de la Ley de Transparencia, según fuentes episcopales, no supone un esfuerzo añadido. En cualquier caso, tocaría adaptarse simplemente a los formularios de la nueva normativa. Tampoco será necesario que se ponga al día, por ejemplo, en régimen fiscal, pues las fundaciones eclesiales se rigen, como cualquier otra fundación, por la Ley de Mecenazgo, lo que hace que se derrumbe en este punto también el mito de los privilegios eclesiales. En igualdad de condiciones también se encuentra al abordar el asunto de los donativos Cáritas o Cruz Roja.
