La Iglesia tendrá las mismas obligaciones que cualquier institución privada que reciba fondos públicos
Gobierno y oposición (excepto IU y UPyD) han acordado que tanto la Iglesia como la Casa Real sean incluidas en el anteproyecto de Ley de Transparencia sin restricciones específicas. Así, la Casa Real tendrá las mismas obligaciones que el Congreso, el Senado, el Tribunal de Cuentas o el Tribunal Constitucional mientras la Iglesia tendrá que asumir los mismos requisitos de transparencia que cualquier institución privada que reciba fondos públicos.
El Gobierno y los grupos parlamentarios han acordado hoy agilizar la tramitación de la ley de Transparencia de forma que el debate de totalidad en el pleno del Congreso pueda celebrarse el próximo 30 de mayo y la norma pueda enviarse al Senado en el actual periodo de sesiones, antes del mes de agosto. Se trata del principal acuerdo alcanzado hoy en la reunión que ha celebrado el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, con representantes de los grupos parlamentarios, con los que ha establecido el calendario de tramitación de la ley.
El acuerdo establece que se cierre el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad el próximo martes 21 de mayo y que el texto de la ley se debata en pleno el jueves 30 de mayo.
De ahí, la norma pasaría al trámite de enmiendas parciales -fin del plazo de presentación, el 11 de junio-, para que sean debatidas en ponencia y comisión de modo que la ley pueda ser aprobada como muy tarde durante el mes de julio. Tal y como ha explicado el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, la ley de Transparencia podría llegar al Senado en otoño y aprobarse definitivamente antes de final de año, de modo que entrara en vigor a principios de 2014.
González Pons ha confirmado que la Casa del Rey estará sujeta a la ley de Transparencia, al mismo nivel que el Congreso de los Diputados y otras instituciones del Estado. También deberán informar de sus cuentas los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales, como también otras instituciones privadas que reciben mayoritariamente fondos públicos.
«La transparencia es uno de los mejores instrumentos para luchar contra la corrupción, por eso es importante que no sea sólo una ley del PP, sino de todos los partidos políticos», ha asegurado González Pons, que se ha felicitado por el buen clima de la reunión.
Por su parte, la diputada del PSOE Meritxell Batet ha coincidido en que de la reunión han salido aspectos positivos porque el Gobierno «tiene ganas de pactar» y de consensuar la ley, aunque ha añadido que ahora habrá que esperar a ver hasta dónde llega su «generosidad» porque «hoy por hoy» la ley no gusta a los socialistas.
No obstante, el PSOE no se plantea a día de hoy presentar una enmienda a la totalidad y confía en que las conversaciones con el Gobierno avancen.
Eso sí, hay dos asuntos en los que el PSOE ve más cerrado al Gobierno: en la agencia que debe controlar el cumplimiento de la ley y en la posibilidad de que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas tenga la capacidad de sancionar a otros cargos públicos, algo que considera inconstitucional.
Un reproche que también ha hecho Jordi Jané, de CiU, que se ha mostrado dispuesto a regular la transparencia de las Administraciones Públicas, pero sin conculcar las competencias de las comunidades autónomas.
(Rd/Agencias)
