Ha puntualizado que hay que ver "exactamente" cuáles son los límites establecidos y conocer aquello sobre lo que el Gobierno quiere tener información
El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Giménez Barriocanal, ha asegurado que el Gobierno aún no se ha puesto en contacto con ellos para estudiar el asunto de la Ley de Transparencia, en la que, según indicó hace un mes la vicepresidenta primera y portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, entrará la Iglesia Católica. En cualquier caso, Giménez Barriocanal ha afirmado que estarán «encantados» de atenderles pues están dispuestos a colaborar.
«Nosotros no hemos recibido ninguna notificación oficial sobre este asunto y, por supuesto, estamos dispuestos, como ya lo dijo el secretario general, a colaborar en aquellas cosas que se nos piden porque nuestro objetivo es dar la mayor transparencia a nuestras actividades. Pero, a día de hoy, todavía no nos han planteado nada», ha afirmado en una entrevista concedida a Europa Press, a un día del debate de las enmiendas de totalidad al proyecto de Ley de Transparencia en el Congreso.
Giménez Barriocanal ha explicado que la Ley de Transparencia es una norma fundamentalmente pensada para que rindan cuentas las administraciones públicas pero que también prevé la posibilidad de que determinadas entidades privadas cuya financiación supere un determinado límite de fondos públicos puedan estar incluidas.
Por ello, considera «lógico» que, si hay unos principios generales en los que se marca que las entidades que reciban unos fondos públicos deben ser incluidas en una norma, todas las que cumplan estos requisitos estén incorporadas, ya sea «una institución de la Iglesia, la fundación de un sindicato o un partido político». «Me parece que eso es lo razonable», ha subrayado.
No obstante, ha puntualizado que hay que ver «exactamente» cuáles son los límites establecidos y conocer aquello sobre lo que el Gobierno quiere tener información pues, según ha indicado, la Iglesia Católica española está configurada jurídicamente por más de 40.000 entidades –de las que 22.700 son parroquias– y todas ellas son «independientes» y tienen su propia autonomía jurídica. En este caso, según ha señalado, habría que ver «cuál es el sustrato jurídico según el cual se puede reclamar una información a una cofradía o a una determinada fundación que no recibe fondos públicos».
En cualquier caso, Giménez Barriocanal cree que lo que dictará la norma será que la Iglesia de España rinda cuentas sobre el destino de los fondos recaudados a través de la casilla de la Declaración de la Renta –por medio de la cual recaudó 247,9 millones de euros en el ejercicio correspondiente a 2011–. De este dinero, según ha afirmado, la Iglesia puede dar cuenta e incluso presentar hasta la última transferencia bancaria que recoge a dónde ha ido a parar cada euro.
Pero esta explicación, según ha aseverado, la Conferencia Episcopal ya la da en la memoria económica de actividades, que se presentará el próximo 13 de junio. Esa memoria anual, que se pone a disposición de los ciudadanos en el apartado de ‘Financiación’ de la página web de la Conferencia Episcopal, también la presentan ante la Dirección General de Relaciones con las Confesiones, dependiente del Ministerio de Justicia, según ha explicado.
(RD/Ep)
