Los obispos han declarado que la unidad, la convivencia, la historia de España es un bien que hay que tratar con responsabilidad moral
(RD/Agencias).- Está a punto de tener que abandonar su cargo de secretario del episcopado, pero, mientras tanto, sigue ejerciendo como «la voz» de la Iglesia española. Y, como tal, Juan Antonio Martínez Camino advierte de que «no es moral actuar contra la Constitución» a la Iglesia catalana y a las más de 55 entidades católicas catalanas, que el pasado jueves presentaron en el Parlamento de Cataluña un manifiesto en elq ue apoyan la autodeterminación.
Ayer, durante una entrevista en el Debate de la 1, de TVE, el todavía secretario de la Conferencia episcopal española arremetió contra las entidades católicas catalanas por haberse sumado al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, amparándose en la Doctrina Social de la Iglesia. Una opción que también respaldó no hace mucho tiempo el obispo de Solsona, Xavier Novell.
Y es que, según Camino, «quebrantar en la acción política el marco legal de la convivencia no es aceptable desde el punto de vista moral».
Camino explicó que los obispos españoles entraron, hace algún tiempo, en esta cuestión «no porque pretendan expresar una postura sobre un tema político, sino porque se trata de «una cuestión política con implicaciones morales en la que está en juego el bien común, la paz y la convivencia». Y lo hicieron en sendos documentos: ‘Valoración Moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias’ de 2002 y ‘Orientaciones Morales ante la situación actual de España’, de 2006.
Documentos que el propio cardenal de Madrid, Rouco Varela, acaba de reconocer que provocaron «muchas discusiones». Y de hecho, ya entonces, los obispos catalanes y vascos se desmarcaron públicamente de ellos.
Camino aseguró en TV1 que «los obispos han declarado que la unidad, la convivencia, la historia de España es un bien que hay que tratar con responsabilidad moral»
En esa instrucción pastoral del año 2006, los obispos afriman:
«La Iglesia reconoce, en principio, la legitimidad de las posiciones nacionalistas que, sin recurrir a la violencia, por métodos democráticos, pretendan modificar la unidad política de España. Pero enseña también que, en este caso, como en cualquier otro, las propuestas nacionalistas deben ser justificadas con referencia al bien común de toda la población directa o indirectamente afectada. Todos tenemos que hacernos las siguientes preguntas. (…) Es un bien importante poder ser simultáneamente ciudadano, en igualdad de derechos, en cualquier territorio o en cualquier ciudad del actual Estado español. ¿Sería justo reducir o suprimir estos bienes y derechos sin que pudiéramos opinar y expresarnos todos los afectados?»
El documento del 2002, por su parte, decía, entre otras cosas:
«Poner en peligro la convivencia de los españoles, negando unilateralmente la soberanía de España, sin valorar las graves consecuencias que esta negación podría acarrear no sería prudente ni moralmente aceptable. Pretender unilateralmente alterar este ordenamiento jurídico en función de una determinada voluntad de poder local o de cualquier otro tipo, es inadmisible».
