Derecho que tiene cada persona, desde su nacimiento y sin ninguna condición añadida, a percibir una cantidad periódica del Estado, por encima del umbral de la pobreza, para cubrir sus necesidades materiales de subsistencia
(CCP Andalucía).- Las Comunidades Cristianas Populares de Andalucía denunciamos la desoladora situación de emergencia social que padecemos en nuestro país, por los recortes del actual gobierno español en enseñanza, sanidad y dependencia; por el alto índice de paro (el 26 % de la población activa), que ha dejado sin ningún ingreso a más de 650.000 familias.
Son vergonzosas y hasta insultantes las repetidas noticias sobre pobreza, desahucios, precariedad y marginación que van limitando la libertad real de millones de personas y las van arrojando a la exclusión social.
En Andalucía es más dramática aún esta situación: los parados llegan al millón y medio (el 36,4 %, diez puntos más que la media española) y son 139.000 los hogares que carecen de ingreso alguno. Buena parte de estos hogares sufren cortes de agua, de luz, y frecuentes desahucios. Para vergüenza de nuestra sociedad, son ya varios los indigentes que han aparecido muertos en los vertederos, cajeros y plazas de ciudades como Cádiz, Málaga o Sevilla. Uno de cada cuatro españoles pobres es andaluz y malvive de lo que desechan los supermercados o de la caridad de los comedores de Cáritas u otras instituciones.
Frente a esta situación de miseria, los ricos son cada vez más ricos. En España, a pesar de la crisis, los ingresos medios de las personas más ricas del país son siete veces superiores al nivel medio de ingresos de quienes tienen menos rentas. Se ha subvencionado a los Bancos con más de 60.000 millones de euros y el beneficio de las empresas del Ibex ha sido de 38.156 millones de €, el año pasado.
Las Comunidades Cristianas Populares de Andalucía consideran que, estas injustas y terribles desigualdades económicas suponen una flagrante violación del derecho a la vida, expuesto en el art. 3º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el art. 15º de la Constitución Española. Por otra parte, las políticas de acción social que lleva a cabo la Junta de Andalucía, como el salario social o las rentas mínimas de inserción, exigen demasiados requisitos burocráticos y, en el mejor de los casos, solucionan el problema sólo de forma temporal.
Por ello, aplaudimos y nos solidarizamos con la Plataforma española que promueve la Iniciativa Legislativa Popular ante el Parlamento nacional, para que se promulgue una Ley de Renta Básica Universal, como un medio eficaz para la erradicación de la pobreza. La Renta básica universal (RBU) es el derecho que tiene cada persona, desde su nacimiento y sin ninguna condición añadida, a percibir una cantidad periódica del Estado, por encima del umbral de la pobreza, para cubrir sus necesidades materiales de subsistencia.
La RBU es un mecanismo eficaz de distribución de la renta, que garantiza la seguridad económica a la población frente a la incertidumbre y la arbitrariedad en el trabajo, que permite iniciar otros modos de vida, que fomenta la igualdad de género y contribuye a eliminar los estigmas sociales de la pobreza.
Por otra parte, esta medida coincide con la práctica de las primitivas comunidades cristianas, en donde «no había ningún indigente entre ellos» (Hechos 4,34). También significa recuperar el principio cristiano (olvidado en la práctica) de que la propiedad tiene una función social y de que, como decían los Padres, se llama rapiña, avaricia y defraudación no sólo el arrebatar lo ajeno, sino también el no dar parte de lo propio a los demás.
