Montero reta a Nieto a que PSOE y PP pidan en el Congreso cambiar la Ley Hipotecaria que permita debatir sobre su titularidad
La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que defiende exclusivamente el «interés general» de los andaluces en el debate acerca de la titularidad de la Mezquita de Córdoba mientras que el PP-A, a través del alcalde de la ciudad y parlamentario, José Antonio Nieto, ha acusado a la Administración autonómica de «estar siendo parte del problema», bien por «error o por intención», ya que no da muestras de «querer resolverlo».
Montero y Nieto se han hecho sendos reproches en el transcurso de la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento, órgano al que el PP-A ha querido trasladar este debate con la petición de la comparecencia sobre este asunto de la consejera, responsable también de las competencias en Patrimonio.
Nieto, que ha comenzado su intervención lamentando que la Junta no tenga «sintonía» con «la sensibilidad de los ciudadanos de Córdoba», ha acusado a la Administración autonómica de utilizar un debate iniciado por una plataforma que «no tiene soporte legal ni forma jurídica» para «crear un problema que en Córdoba no existe», ya que cada ciudadano llama «como quiere» a este monumento, ya sea Mezquita Catedral, Mezquita o Catedral.
«Este problema, que es recurrente a lo largo de la historia, se está generando a través de unos canales y unos medios de comunicación determinados pero con una diferencia: que hasta ahora la Junta nunca había tomado partido», ha advertido el alcalde de Córdoba para criticar que tanto la presidenta de la Junta, Susana Díaz, como los miembros del Gobierno andaluz «se hayan puesto del lado de una de las plataformas», lo que ha tachado de «error» no sólo porque existen otras «ocho o nueve plataformas» y no todas piden lo mismo sino porque esta actitud no sirve para llegar «a un consenso» en torno a la titularidad del monumento.
El popular, que considera que la Junta está utilizando el monumento y la ciudad como «elemento de confrontación para defender algo indefendible«, ha recordado que la Mezquita es Catedral desde 1239 y que, por un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, se decidió nombrarla institucionalmente como Mezquita Catedral pese a que, después, cada ciudadano la llama como quiere y «nadie puede imponerle a nadie que la llame de otra forma».
Bajo este argumento, Nieto ha insistido en que «todo el procedimiento seguido hasta ahora» por sus «titulares pacíficos» -la Iglesia Católica, que inmatriculó el monumento en 2006- se ajusta a la legalidad» y que la norma que rige estos procesos «hay que cumplirla» le guste o no al PSOE-A o la Junta.
En esa línea, ha preguntado con ironía a Montero por qué, si su partido piensa «que esa norma que permite a la Iglesia hacer uso de ciertas ventajas a la hora poder inmatricular monumentos es preconstitucional», no la cambiaron mientras estuvieron presidiendo el Gobierno central. Además, ha instado a Montero a aclarar qué es lo que la Junta propone realmente para la Mezquita y le ha preguntado que si «es la expropiación».
Ante ello, la consejera ha insistido en que la Junta no tiene más interés que el que la Mezquita de Córdoba sea «patrimonio de todos«, por lo que trabaja en «preservar para lo público el monumento, así como para garantizar un uso adecuado» del mismo.
«Es una decisión pertinente, necesaria y que se justifica a partir de nuestra obligación en defensa de lo público«, ha remachado la consejera, quien ha advertido a Nieto de que «la Junta tiene mucho que decir» en este asunto porque la Mezquita Catedral de Córdoba forma parte del Patrimonio Histórico andaluz según el inventario de bienes transferidos a la Junta por el Estado en su día y, además, está catalogada como Bien de Interés Cultural, de modo que «cualquier intervención en el monumento requiere de la autorización de la Junta, tanto desde el punto de vista material como en relación con los valores simbólicos e inmateriales del bien».
Así pues, y tras recalcar en diferentes ocasiones durante su intervención que no es un asunto relacionado con la religión sino con el patrimonio y un bien público, ha subrayado que se trata de «un debate de interpretación de una norma y de las competencias que por ley tiene que ejercer el Gobierno andaluz«, algo que ve no obstante «compatible con que la Mezquita sea un monumento de todos los ciudadanos».
TENSO DEBATE CON UNA ÚNICA POSIBILIDAD DE ACUERDO
En el turno de réplica de esta comparecencia, Nieto ha aprovechado para insistir en que el debate sobre la titularidad de la Mezquita es «una ficción» que la Junta alimenta hablando de «enfrentamientos, choques o bandos» porque, a su juicio, no se «atreve» a decir claramente que no quiere que sea propiedad de la Iglesia.
«Si no lo quieren, cambien la ley, a mí no me parece mal», ha asegurado el alcalde de Córdoba, a quien Montero le ha dicho que, pese a que haya «difamado» a la Junta diciendo que «no cumple las leyes» -algo que ha rechazado frontalmente- «recoge su guante» y le propone que, «de la mano, PP y PSOE planteen en el Congreso de los Diputados un cambio en la entrada en vigor de la parte de la Ley Hipotecaria que permita que la titularidad de la Mezquita se pueda plantear en los términos que, democráticamente, la sociedad pueda establecer».
«¿Estamos de acuerdo? Pues bienvenida esa intervención», ha apostillado la consejera al término del debate de esta comparecencia sin que Nieto lo haya negado.
Antes de que ambos llegaran a esta posibilidad de acuerdo, que no se ha concretado en nada más, el parlamentario ‘popular’, no obstante, ha reprochado a la consejera que «no se quiera enterar ni a la primera ni a la segunda ni, probablemente, nunca» de que no existe un problema en Córdoba con la Mezquita y ésta le ha respondido, visiblemente molesta, que eso es una «ofensa y una falta de respeto» hacia su persona porque, cuanto menos, Nieto debería «suponerle la misma inteligencia» que a él.
Además, Montero le ha pedido que tenga «cuidado» cuando utiliza el «argumento de que la Mezquita es un bien particular y ahí no se puede meter» porque, con este razonamiento, le está «dando la razón a quienes trasladan que la titularidad no debe ser de la Iglesia porque puede hacer con ella lo que quiera».
De ahí, que le haya llamado al «consenso» por la «defensa del interés general» al considerar que comparten «muchas más cosas» de las que les diferencian y le haya pedido que deje de «echar leña al fuego» en este asunto. (RD/EP)
