El religioso, que responde a las iniciales I.L.S y que fue párroco de una Iglesia de Salamanca en la década de los 80 del siglo XX, fue denunciado por un hombre que, supuestamente, fue víctima de abusos sexuales entre 1982 y el verano de 1992
La Diócesis de Salamanca ha sancionado a Isidro López Santos, sacerdote ya jubilado y acusado de un supuesto delito de abuso sexual de menores que ya ha prescrito, con la prohibición del ejercicio público del ministerio pastoral, han informado este lunes fuentes del Obispado a través de un comunicado.
El religioso, que responde a las iniciales I.L.S y que fue párroco de una Iglesia de Salamanca en la década de los 80 del siglo XX, fue denunciado hace unos meses por un hombre que, supuestamente, fue víctima de abusos sexuales cuando tenía 10 años por parte del sacerdote, entre 1982 y el verano de 1992.
La Diócesis de Salamanca y la Congregación para la Doctrina de la Fe han precisado en el comunicado que han llevado a cabo un procedimiento, primero de investigación previa de los hechos denunciados y posteriormente de un proceso penal administrativo, que, por el largo tiempo transcurrido, habían prescrito civil y canónicamente.
Con estas actuaciones, la Iglesia ha manifestado su «compromiso con la verdad y la justicia», creando a la vez las condiciones jurídicas necesarias para garantizar «la imparcialidad y la equidad en la comprobación de los hechos denunciados».
Además la Diócesis ha expresado que «ha deseado salvaguardar en todo momento el derecho a la intimidad y a la buena fama de todas las partes implicadas, así como todos los demás derechos de las víctimas y del sacerdote acusado».
Finalmente, la Congregación para la Doctrina de la Fe, tras evaluar el conjunto de las pruebas recogidas en las actas del proceso y la situación personal del sacerdote acusado, ha decretado sancionarle con la prohibición del ejercicio público del ministerio pastoral.
De este modo, la Diócesis de Salamanca ha manifestado su «compromiso con la tutela del bien público general y de la Iglesia en particular».
Esta responsabilidad, han añadido las mismas fuentes, se concreta en la vigilancia y protección de los derechos de todos los fieles, pero de un modo especial en la salvaguarda de los menores, «los más frágiles y desprotegidos».
Además, esta comunidad diocesana manifiesta su «profundo dolor» por la supuesta comisión de unos delitos que «han lesionado la santidad del sacerdocio y han herido gravemente la vida cristiana de las víctimas y su comunión con la Iglesia».
De este modo, «el pastor diocesano pide a todos perdón, expresando a la vez el compromiso de que actos semejantes no se repitan nunca más«.
Asimismo, y sobre todo, ha mostrado su «fraternal solidaridad, su oración y apoyo humano y espiritual a todas las víctimas que han sufrido y están sufriendo las consecuencias de los hechos que han motivado el presente proceso penal».
(RD/Agencias)
