En el mejor de los escenarios la deuda, contraída durante el boom inmobiliario, se saldaría dentro de 80 años
Este pueblo contiene la respiración para poder hacer alguna inversión, asfaltar las calles o proyectar programas sociales, culturales y deportivos. Y hay jóvenes que se quieren marchar porque ven el futuro aquí oscuro. Es como si una maldición hubiese caído sobre ellos.
En realidad es una deuda de 20 millones de dólares, casi el doble del presupuesto total que tiene el ayuntamiento, que le deben a las monjas de la localidad.
El pueblo se llama Godella y queda en los alrededores de Valencia, con una población de unos 14.000 habitantes.
Hasta hace poco era la envidia de las localidades cercanas por tener sus finanzas saneadas a pesar de la crisis, pero ahora los vecinos comienzan a verlo como a una familia al borde del desahucio por no pagar su hipoteca.
La deuda con las hermanas es el tema omnipresente en Godella. «No me quiero imaginar el pueblo sin sus fiestas, sin sus Bous al Carrer (encierro de toros) porque el dinero es para las monjas. Me hierve la sangre cuando lo pienso, tengo que escuchar música para relajarme», comenta Bruno Martínez, de 24 años, miembro de la Asociación ContraCultura.
Bruno forma parte de la generación que heredará la deuda. «Estoy pensando en irme a otro pueblo, muchos de mis amigos ya se han ido. La deuda va a acarrear más impuestos, tasas para el autobús, recortes de actividades culturales, de subvenciones», anticipa.
La culpa es del bosque
El motivo -o «monstruo», como lo llaman algunos habitantes- es un bosque de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús que iba a ser expropiado en 1990 para convertirlo en parque público.
Al principio el terreno se valoró en unos 232.000 dólares, pero el proceso se fue alargando hasta que entró en vigor la Ley del Suelo de 1998, conocida como la Ley del «boom inmobiliario», que permitía valorar las propiedades según el valor del mercado.
Para entonces el bosque había engordado su precio 200 veces más: ya costaba 46 millones.
El litigio, que cumple ya 24 años, fue zanjado en 2012 por el Tribunal Supremo que condenó al ayuntamiento a pagar unos 20 millones (incluidos los intereses) a las religiosas.
Ahora el pueblo espera en vilo la aplicación de la sentencia, después de que las religiosas rechazaran varias propuestas del ayuntamiento, entre ellas el canje por solares y propiedades o la dación en pago: saldar la deuda con la entrega de la propiedad, como se ha planteado en el caso de las familias hipotecadas.
¿Con la Iglesia hemos topado?
El deterioro del pueblo por falta de inversión es evidente. Al caminar por las calles de Godella no sólo se ve el deterioro del asfalto sino algunos carteles de protesta y la sensación de que todo está congelado a la espera de la decisión que tome la magistrada que lleva el caso.
En la residencia de hermanas ancianas, una de las religiosas subraya que no «va a dar ningún tipo de información» y que espera que «todo se resuelva». Tanto la Congregación como sus abogados prefieren no hacer declaraciones.
«Estamos pendientes de la ejecución de la sentencia. Sólo podemos decir que estamos en un proceso de negociación», detalló Ricardo Ramón, abogado de las religiosas.
Las monjas tienen una larga relación con Godella. Allí tienen un colegio por el que han pasado muchos de sus habitantes, una residencia de religiosas y una universidad.
«La relación es muy estrecha y a nadie le interesa que se deteriore. El aspecto religioso sin duda está presente en personas que se decantan muy a favor o muy en contra de ellas. La famosa frase de El Quijote: ‘Con la iglesia hemos topado’, hay que verla en este caso de forma desapasionada. No hay que olvidar que la Congregación es una sociedad mercantil, independientemente de su carácter religioso«, señala a Pep Vidal, representante de las asociaciones de vecinos.
«Un sector de la población le echa la culpa a los políticos, de cierta dejación al no reservar dinero para pagar el parque. Lo cierto del caso es que tampoco se sabía cuánto iba a costar. Las leyes cambian constantemente y Godella no ha sido el único pueblo afectado durante el boom inmobiliario en España«, agrega.
Un nombre
Algunos habitantes invocan constantemente un nombre como si fuera el origen de la mala fortuna del pueblo: José María Aznar. El expresidente fue el promotor de la Ley del Suelo de 1998.
El arquitecto Alejandro Pons, asesor del ayuntamiento, recuerda que al comienzo las religiosas se opusieron a la expropiación del bosque con más de 7.000 alegaciones «hasta que la justicia falló que era lícita. El problema es que habían transcurrido 10 años y se aplicó la ley del momento, la que había aprobado Aznar».
«Lo que habría sido una expropiación razonable se convirtió en un monstruo con la nueva valoración. La Congregación dio un giro copernicano: ahora sí quería ser expropiada».
«Vamos a tener el bosque más caro de España aunque eso suponga que el ayuntamiento desaparezca o que se fusione con otro para que lo mantengan», comentaba un vecino frente al bosque mediterráneo que durante todo el proceso ha permanecido cerrado al público.
Plan de choque y supervivencia
«Las religiosas no han aceptado nuestras propuestas, quieren un plan de pagos de la deuda. En lo que sí están de acuerdo es en el aplazamiento», detalla Eva Sanchis, alcaldesa de Godella y exalumna de la Congregación, mientras explica los malabares financieros que están diseñando para enfrentar el pago.
En el mejor de los escenarios la deuda se saldaría dentro de 80 años, sólo si las religiosas aceptaran una propuesta de pago anual de unos 258.000 dólares, cantidad que, según Sanchis, se podría reunir después de renunciar a cualquier tipo de inversión y de vender el patrimonio del pueblo.
Con esa cantidad pueden mantener servicios básicos como el alumbrado público o la limpieza de las calles. Si las cuotas fueran más altas tendrían que comenzar a despedir profesores, trabajadores sociales, psicólogos.
«Si nos obligan a pagar cuotas más altas sería la ruina para el ayuntamiento», subraya la alcaldesa.
En un comunicado a la alcaldesa, la representante de las religiosas, María Dolores Górriz, señala que «la congregación tiene el mismo deseo que usted de que el pueblo de Godella no se vea perjudicado».
Bruno, por su parte, ha escuchado hablar a sus padres y amigos del parque desde que nació. Tiene la misma edad del litigio legal, 24 años. Antes soñaba con la idea de internarse en el bosque y cruzar a la huerta que rodea a Godella, ahora sólo sueña con emigrar. (RD/Agencias)
