"El arzobispo ha tratado de tapar los hechos", han explicado en distintos correos y llamadas telefónicas algunos sacerdotes de Granada, que temían que un caso como éste pudiera suceder
(Jesús Bastante).- La denuncia de Daniel (víctima de abusos sexuales por parte de varios sacerdotes) y el apoyo explícito del Papa Francisco, adelantados en exclusiva por RD, han marcado la actualidad social y religiosa de nuestro país desde anoche. Las investigaciones, que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, están siendo seguidas de cerca por el Fiscal General de Estado, Eduardo Torres-Dulce, y no se descarta que en las próximas horas se proceda a las primeras detenciones.
Tras la tibia nota del Arzobispado de Granada, reconociendo los hechos y tratando de demostrar que se había actuado con contundencia -se ha apartado a tres sacerdotes, pero colocado en su lugar a otros tres de los implicados-, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó esta tarde que -como dijo esta web- el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada ha incoado diligencias de investigación penal contra diez sacerdotes diocesanos y dos seglares, por supuestos abusos sexuales cometidos contra menores en la última década.
Como apuntamos, la investigación -que está a punto de concluir- continúa bajo secreto de sumario. Según informa el Alto Tribunal en un comunicado, el juzgado incoó diligencias de investigación penal a principios de noviembre para aclarar el asunto, después de que Daniel prestara su primera declaración (a finales de septiembre) y de que ésta se formalizara (ya en octubre). La Fiscalía Superior de Andalucía abrió diligencias informativas e instó a la Fiscalía Provincial a denunciar los hechos.
Fue en ese momento cuando la diócesis, empujada por la Santa Sede –Francisco quiere que el joven forme parte de la comisión de víctimas de abusos creada por él-, se puso a disposición del Juzgado, y tomó algunas medidas. Entre ellas, la de apartar a tres de los implicados de sus tareas sacerdotales, impidiéndoles la práctica de sacramentos tanto en público como en privado. Sin embargo, los sustituyó -en parroquias y en algún puesto de responsabilidad diocesana- por otros de los investigados como encubridores.
La nota del Arzobispado indica que «impuso las medidas cautelares a los sacerdotes directamente acusados de los abusos, retirándolos del ejercicio del ministerio sacerdotal». Lamentablemente, la nota se ciñe única y exclusivamente a los sacerdotes «directamente acusados de los abusos», y no a sus supuestos encubridores, que continúan ejerciendo con total impunidad.
Además de Daniel, al menos otros cuatro menores han sido víctimas de abusos sexuales por parte de los sacerdotes. Paralelamente a las diligencias que sigue el Juzgado de Instrucción número 4, el Vaticano ha abierto una investigación después de instar al arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, a esclarecer los hechos y a actuar con contundencia.
Y es que la sensación en los pasillos de Añastro -compartida, en buena medida, en la Congregación para la Doctrina de la Fe– es que el arzobispo de Granada ha actuado «solo y sin contar con nadie». De hecho, según ha podido saber RD, hace unos días los servicios jurídicos de la Conferencia Episcopal recibieron una notificación del dicasterio vaticano preguntando qué sabían del asunto.
Oficialmente, Javier Martínez no se ha dirigido a ningún órgano de la Conferencia Episcopal para dar explicaciones o siquiera informar de lo sucedido. «Se ha limitado a enviarnos una nota, que además de mal redactada, deja el campo abierto a la especulación», afirman fuentes episcopales, que esperan a que este martes el arzobispo se una a los debates en la Conferencia Episcopal -hoy se encontraba presidiendo el funeral por monseñor Azagra- para solicitarle las aclaraciones pertinentes.
«El arzobispo ha tratado de tapar los hechos», han explicado en distintos correos y llamadas telefónicas algunos sacerdotes de Granada, que temían que un caso como éste pudiera suceder. Más allá de las resoluciones judiciales, la actuación canónica en Granada está siendo, cuando menos, mínima. «No se puede aludir a las normas vaticanas para después únicamente suspender a divinis a los presuntos autores físicos de los abusos. Esas mismas normas hablan claramente de la obligación de llevar ante la Justicia también a los encubridores«, señalan los curas, que apuntan que, desde ayer, toda la diócesis es un hervidero de rumores.
Todos, sin embargo, coinciden en señalar la prudencia y el «amor a la Iglesia» del joven denunciante, y la «respuesta magnífica» del Papa Francisco, que sin lugar a dudas «marca un antes y un después en la actitud de la Iglesia frente a los abusos». «El Papa nos ha indicado claramente que ya no puede haber marcha atrás«, apuntaba este mediodía un obispo en la calle Añastro.
Una actitud refrendada por el propio presidente del Episcopado, Ricardo Blázquez, quien señaló a preguntas de los periodistas su rechazo absoluto a los abusos sexuales, al tiempo que ha asegurado que la Iglesia está dispuesta a «colaborar» con la Justicia para esclarecer los casos de abusos sexuales.
«Estamos dispuestos a colaborar, por supuesto, el Arzobispo de Granada con las autoridades, con el Papa, con la curia y los servicios de la Iglesia para estas cuestiones y también con los jueces», afirmó Blázquez tras la apertura de la CIV Asamblea Plenaria de la CEE.
El obispo ha admitido que no había leído el comunicado publicado por la diócesis de Granada sobre el caso pero que, en cualquier caso, la Iglesia española «rechaza absolutamente siempre el abuso de personas» y «de niños particularmente» pues se trata de casos «con una singular gravedad».
