El Juez podría decretar prisión con fianza eludible por una cantidad económica para el principal encausado, y la imputación del resto con medidas cautelares
(Jesús Bastante).- La investigación sobre supuestos abusos sexuales a menores cometidos por el «clan de los Romanones» en Granada prosigue su curso. Tras las detenciones de cuatro de los implicados, que han pasado a disposición judicial de manera individualizada, el magistrado Antonio Moreno Marín ha decretado prisión eludible con fianza (10.000 euros, que ha pagado de inmediato) para R. M. V. C., el cabecilla del grupo, y libertad con cargos a los otros tres, con petición de orden de alejamiento (y retirada de pasaporte) a todos los detenidos.
Del mismo modo, RD ha podido confirmar que, tras la segunda denuncia admitida a trámite, el magistrado ha decretado la ampliación de diligencias del caso. Dicha ampliación de diligencias supone que el Juzgado de Instrucción número 4 incorpora a la investigación policial la segunda denuncia, presentada el pasado lunes por la noche ante el Juzgado de Guardia de Granada. Esto implica nuevas investigaciones, una ampliación de la declaración de la segunda víctima, y la posibilidad, que ya baraja la Policía, de que aumente el número de implicados y, en su caso, de detenidos. Aunque el segundo afectado vivió los supuestos abusos en la misma época que Daniel, algunos de los abusadores o de los encubridores podrían ser distintos a los cuatro detenidos.
A última hora de la tarde, terminaba de declarar ante el Juez Moreno el líder del clan de los Romanones. Por la mañana, lo habían hecho los otros tres detenidos, que permanecen en los calabozos incomunicados entre sí. Al parecer, los detenidos negaron los hechos que se les imputan y se declararon inocentes.
Al final de la cuarta declaración, el Juez emitirá un auto para cada uno de los implicados, que seguramente concluirá con el decreto de prisión con fianza eludible por una cantidad económica para el principal encausado, y la imputación del resto con medidas cautelares, como la obligación de presentarse cada semana en el Juzgado o la retención del pasaporte para evitar posibles fugas. Al parecer, la Fiscalía solicitará entre 30.00 y 50.000 euros de fianza para e líder del clan, y el alejamiento de las víctimas para el resto, junto a la retirada del pasaporte.
Entretanto, y según ha podido saber RD, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía recibió esta misma mañana, con fecha de hoy, la retirada de la venia docendi (el permiso para enseñar en nombre de la Iglesia) del profesor de Religión detenido por el caso de abusos. Una cuestión que ha provocado cierta polémica, toda vez que la pasada semana, en declaraciones a la cadena Cope, el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, aseguraba que sólo había tomado medidas sancionatorias contra tres sacerdotes (supuestamente, porque no se ha aclarado este término, los tres detenidos), y no contra el resto de los investigados (una docena), aun reconociendo que «conocían» los actos que se llevaban a cabo, porque así se lo habían pedido tanto la víctima como el Juez.
La retirada de la idoneidad no deja de ser un acto de autoridad, que únicamente compete «al ordinario del lugar», tal y como reflejan los Acuerdos Iglesia-Estado y los decretos que los desarrollan, por lo que ha de interpretarse que el arzobispo sí tiene capacidad para sancionar a los investigados desde el punto de vista canónico, sin que ello interfiera en el proceso abierto por la Justicia.
El caso de Granada fue advertido por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien en declaraciones a periodistas en el Congreso declaraba «execrables» los abusos sexuales que se investigan, aun subrayando que habrá que valorar las circunstancias probatorias antes adoptar una decisión al respecto.
Preguntado sobre si la Fiscalía es partidaria de mantener la prisión provisional para los detenidos en caso de que fuera decretada, el titular del Ministerio Fiscal explicó que no ha sido consultado por la Fiscalía de Granada sobre este caso, pero ha recordado que la Fiscalía ha estado «desde el primer momento» en el mismo.
Aunque ha subrayado que los hechos en principio le parecen «realmente graves» y «execrables», ha recalcado que habrá que valorar las circunstancias probatorias y qué se ha declarado, para adoptar una disposición en ese sentido.
