No se suele prescindir de que el obispo tenga la primera palabra en la investigación previa. Pero aquí vinieron de fuera
(Jesús Bastante).- El padre R. M. V., principal encausado por el caso de abusos sexuales a menores por parte de un grupo de sacerdotes y laicos de Granada conocido como «el clan de los Romanones», llevó a cabo prácticas «degradantes y vejatorias» contra Daniel, el joven que, animado por el Papa Francisco, acabó denunciando, según se desprende del auto del juez Antonio Moreno Marín.
El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada añade que los supuestos abusos se produjeron entre 2004 y 2007, cuando la víctimas contaba entre 14 y 17 años. En la denuncia, se expone en dicho auto -nos cuenta Levante-, Daniel habría sido objeto de «de continuados o permanentes abusos y agresiones sexuales por parte de un grupo de sacerdotes» de la diócesis entre dichas fechas, y reconoce que el chico «también relató su denuncia al Arzobispado y a la Santa Sede».
El magistrado señala en el escrito que aparecen indicios que permiten afirmar que el padre Román lideraba un grupo formado por nueve sacerdotes diocesanos y dos seglares. Entre ellos, amén del supuesto cabecilla, están los dos curas y el seglar investigados y puestos en libertad con cargos.
El auto relata con crudeza en qué consistían los abusos y vejaciones recibidas por la víctima, que comenzó a frecuentar la parroquia de San Juan María Vianney con 7 años y, junto a otro amigo, fue monaguillo del principal encausado. Según el escrito judicial, cada vez con mayor asiduidad, el padre Román utilizaba como técnicas de acercamiento la posibilidad de ver películas y quedarse a cenar y a dormir en algunos de los domicilios que se han registrado. El sacerdote aseguraba ver en Daniel «una gran vocación para el sacerdocio, y que por ese motivo tiene que compartir con el grupo de sacerdotes su modo de vida».
Era en esas noches cuando el sacerdote «le proponía ocupar su cama», habiendo otras libres, lo que le ocasionaba una fuerte presión física y psicológica. En 2006 y 2007, en dos ocasiones, añade el juez en referencia a la denuncia, tras un masaje previo, el sacerdote trató de agredirlo sexualmente. El auto apunta otras vejaciones, cuyos datos omitimos por su crudeza.
Entretanto, el resto del clan apoyaba a su jefe frente a los reparos del denunciante, se afirma en el auto judicial, que señala cómo Daniel llegó a sufrir «amenazas verbales, en el sentido de que si no vivía la sexualidad con claridad de miras, tendría que dejar el grupo». Algo que Daniel acabó haciendo tras un año de sufrimiento y acosos de todo tipo.
El grupo, añade el juez, «dispone de múltiples propiedades y alto nivel de vida», y no descarta «otros actos de índole sexual sobre menores pendientes de confirmación probatoria indiciaria», para lo que sería precisa alguna otra denuncia más, además de las dos ya planteadas. En todo caso, cabe resaltar que el auto se concreta en la denuncia de Daniel, puesto que el miércoles todavía no se habían llevado a cabo las comprobaciones necesarias, razón por la que la cual el magistrado ordenó la ampliación de diligencias, que se están llevando a cabo -con interrogatorios a nuevos testigos y nuevas declaraciones de los denunciantes– en estos días. La intención es superar las «contradicciones» que se advierten entre lo denunciado y las actuaciones llevadas a cabo por el magistrado -dejar en libertad con cargos a los cuatro denunciados-, y poder obtener más pruebas que refuercen los testimonios, cuya tardanza pueden complicar los resultados finales de la investigación.
Aún así, el juez imputa al padre Román un supuesto delito permanente de abuso sexual en el que habría tenido lugar el «aprovechamiento de una situación de prevalimiento«; así como un presunto delito de agresión sexual, en la que además de prevalimiento e intimidación con suficiente intensidad y relevancia concurriría la agravante de las conductas de «carácter particularmente degradante y vejatorio que se realizan de manera conjunta por varias personas adultas sobre víctimas menores especialmente vulnerables y prevaliéndose de una superioridad».
Igualmente, se le imputa un delito continuado de exhibicionismo. El magistrado ve «motivos bastantes» para creer criminalmente responsable de esos ilícitos, y le impone una medida de alejamiento en relación a los dos denunciantes.
Todo esto se produce una vez se ha comprobado que los imputados en el caso llevaban al menos un mes preparando su defensa, para la que han contratado al abogado Javier Muriel, perteneciente a un despacho marbellí que también defendió a personas imputadas en el caso Malaya.
No solo prepararon su defensa a fondo con suficiente antelación -cuenta ABC-, sino que el pasado lunes por la mañana, cuando fueron arrestados en el chalé de Pinos Genil, utilizado como residencia esporádica y como centro de actividades del grupo, daba la impresión de que estaban esperando a la Policía Nacional para ser detenidos. Los cuatro estaban juntos y desde días atrás se hizo ‘vox populi’ la inminente detención de los ahora imputados. En aquel momento, había otras cuatro personas en esta casa de la urbanización Los Pinillos.
La preparación de la defensa del caso comenzó el 29 de octubre, un día después de que sufrieran un robo en esta casa de Pinos Genil. De allí se llevaron un ordenador, una tablet y una bolsa con monedas. Los ladrones forzaron la puerta de la vivienda, que en ese momento se encontraba vacía.
Por otro lado, y como apunta Darío Menor en Vida Nueva, el arzobispo de Granada, Javier Martínez, podría haber quedado desautorizado a ojos del Papa por su forma de gestionar el caso de supuestos abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes de su archidiócesis. Fuentes vaticanas consideran «poco habitual» que fueran dos jueces del Tribunal Eclesiástico de Valencia, y no del de Granada, quienes interrogaran tanto a la joven víctima como a sus familiares. «No se suele prescindir de que el obispo tenga la primera palabra en la investigación previa. Pero aquí vinieron de fuera». Esta decisión estaba motivada porque uno de los imputados ejercía como vicario judicial en la archidiócesis andaluza.
Se está siguiendo con enorme atención lo que ocurre en Granada desde la Congregación para la Doctrina de la Fe, el «ministerio» vaticano que se encarga de gestionar los abusos sexuales a menores cometidos por eclesiásticos. En primera línea está la llamada Sección Disciplinar, el área que se ocupa de estos casos. Formada por una docena de sacerdotes de diversas nacionalidades, entre los que hay al menos un español, ha visto incrementado su número de efectivos en los últimos años para gestionar con mayor rapidez las denuncias.
El responsable de este grupo es el mexicano Pedro Miguel Funes, quien lleva desde 2001 ocupándose de la pederastia. Por encima de la Sección Disciplinar queda el promotor de justicia, el «fiscal» de Doctrina de la Fe. Hasta 2012 ocupaba este cargo Charles J. Scicluna, el brazo ejecutor de la campaña de tolerancia cero puesta en marcha por Benedicto XVI y continuada por Francisco. En septiembre, el Pontífice nombró como nuevo promotor de justicia a Robert J. Geisinger, hasta entonces procurador general de la Compañía de Jesús. Sustituía a Robert W. Oliver, a quien designó secretario de la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores, creada para estudiar cómo evitar los abusos y mejorar el trato a las víctimas. Esta es la comisión de la que el Papa habría invitado a formar parte al joven granadino.
Según algunas fuentes eclesiásticas, sería el propio Geisinger quien habría cogido las riendas del caso de Granada después de que Francisco pidiera al cardenal Gerhard Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que comenzara a investigar. Lo hizo tras recibir la carta en la que la víctima le desvelaba su sufrimiento y aportaba las identidades de sus supuestos abusadores. Un primer informe de lo acaecido le habría sido entregado al Papa a finales de verano, antes de que llamara por teléfono por segunda vez al muchacho.
Una vez concluida la investigación previa, la Congregación para la Doctrina de la Fe decidirá si comienza un proceso canónico y dónde se lleva a cabo. En Roma no se da por descontando que el juicio vaya a tener lugar en la diócesis donde se ha cometido el delito, como es habitual. El haber echado mano de una instancia judicial externa en la fase inicial, como eran los dos jueces valencianos, arroja dudas sobre la posibilidad de que el eventual proceso tenga lugar en Granada. «En el derecho eclesiástico no se le hacen descuentos a nadie. Si un obispo no ofrece confianza, se puede acudir a otro tribunal», señala una fuente vaticana. Otro eclesiástico con experiencia en estos casos, y que pide igualmente mantener el anonimato, asegura que siempre se intenta «evitar el escándalo», lo que podría llevar a que el proceso sea en Roma.
El juicio concluiría con una sentencia, tras la cual las partes podrían apelar. El recurso sería estudiado por un nuevo organismo, el grupo de siete cardenales y obispos creado por Francisco a principios de noviembre para agilizar las apelaciones en los casos de abusos.
