"No hay interpretación posible a estas palabras: la persona a la que se refieren estos documentos no ha sido oficialmente cesada", señalan expertos
(Jesús Bastante).- Francisco J. C. M., vicario judicial adjunto de la diócesis de Granada, y uno de los cuatro imputados en el caso de abusos sexuales a menores que se investiga en la ciudad andaluza, fue suspendido por el arzobispo Francisco Javier Martínez en octubre pasado, aunque no cesado de su responsabilidad en el Tribunal Eclesiástico, según se desprende de diversos documentos a los que ha tenido acceso RD.
En los mismos, se insiste en que el encausado, uno de los supuestos miembros del «clan de los Romanones» que podría haber abusado de Daniel, sufre la «imposibilidad» de «continuar ejerciendo sus funciones durante algún tiempo». Este diario ha consultado a expertos en Derecho Canónico y jurisdicción eclesiástica que confirman que «no hay interpretación posible a estas palabras: la persona a la que se refieren estos documentos no ha sido oficialmente cesada».
Cuando estalló el escándalo de abusos, y tras varios días de silencio, el arzobispo de Granada aseguró, a través de una nota, que la diócesis «impuso las medidas cautelares a los sacerdotes directamente acusados de los abusos, retirándolos del ejercicio del ministerio sacerdotal». No hizo lo propio con el profesor de Religión, a quien sólo retiró la «missio canonica» una vez fue detenido. Pese a todo, Martínez aseguraba que no se produjeron más sanciones porque así se lo ordenó tanto la investigación como el denunciante. Algo que RD está en condiciones de demostrar que no es cierto.
Ahora, además, se comprueba cómo uno de los sacerdotes, pese estar supuestamente suspendido «a divinis» (no se ha presentado documento alguno que lo demuestre), no ha sido cesado oficialmente en su cargo de vicario general adjunto, ni se ha nombrado un sustituto, sino que únicamente sufre la «imposibilidad» de «continuar ejerciendo sus funciones durante algún tiempo».
Desde la Santa Sede, además, parece clara la decisión respecto al futuro del todavía arzobispo de Granada. Su pésima gestión en el caso de abusos sexuales, actuando tarde y siendo dejado en evidencia tanto por las víctimas («supuesta víctima», como él mismo recalcó en varias entrevistas) como por el mismísimo papa Francisco, ha decretado el final de su carrera eclesiástica, que se hará efectiva, según fuentes eclesiales, después de Navidad.
El Papa llamó a Daniel en dos ocasiones, una el 10 de agosto, para pedirle perdón, y otra el 10 de octubre, para animarle a denunciar al comprobar que las sanciones del prelado eran netamente insuficientes.
La Santa Sede, descontenta de cómo se están realizando los procedimientos, ya tiene prácticamente nombrado a su sucesor, mientras que monseñor Martínez está «quemando sus naves» e intentando que el cese se convierta en un «traslado».
Esto es, que no sea prematuramente jubilado (tiene 67 años, y la edad canónica para dejar sus funciones son los 75), sino enviado a otra diócesis o a algún dicasterio romano. Fuentes cercanas aseguran que el prelado no quiere abandonar Granada derrotado, pero que aceptaría de buen grado un cargo en Tierra Santa (es un experto en estudios bíblicos).
Lo que parece claro es que la estrategia de defensa -postración ante el altar de la catedral incluida-, auspiciada por expertos en derecho y comunicación de Comunión y Liberación (el movimiento neoconservador al que pertenece, y que ha enviado correos a través de los directores de colegios y fundaciones que sostienen, pidiendo a sus seguidores que voten a favor del arzobispo en las encuestas presentes en algunos medios, como elmundo.es), ha servido de poco al arzobispo, que este fin de semana mismo se negaba a hablar ante los medios con esta críptica expresión literal: «No tengo nada que decir, ya lo comprendéis. Todo lo que tenía que decir está dicho. Pido para que todos lleguemos al cielo, todos los hombres, sin excepción«.
Entretanto, como informó RD, el juez ha permitido a Daniel personarse como acusación particular, algo que también han solicitado tanto Prodeni como otras instituciones. Por el momento, y hasta que no se levante el secreto del sumario, prosiguen las investigaciones. La Policía espera que, en los próximos días, puedan declarar otras tres víctimas, que ya lo habrían hecho ante la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero que temen hacerlo en Granada. Roma les estaría animando a hacerlo para evitar que se dieran nuevos casos y que el proceso judicial se dilate excesivamente en el tiempo.
