El arzobispo podría ser llamado a declarar como testigo en las próximas semanas. Su sucesor en Granada podría ser Juan del Río
(Jesús Bastante).- El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, deberá entregar al Juzgado de Instrucción número 4 de Granada los documentos oficiales de la investigación canónica que se llevó a cabo el pasado mes de octubre y que se saldó con la suspensión a divinis de tres sacerdotes, miembros del «clan de los Romanones», imputados por delitos de abusos sexuales a menores, tras la denuncia de Daniel, y calificados por la investigación como «degradantes y vejatorios».
Según ha podido confirmar en exclusiva RD, el juez Antonio Moreno Marín ha solicitado, mediante una providencia judicial, al Arzobispado de Granada, toda la documentación relativa a la investigación que se llevó a cabo por parte de dos jueces del Tribunal Eclesiástico de Valencia (que responden a las iniciales de J. D. B. y J. G. A.), y cuyos resultados supuestamente sirvieron a monseñor Martínez para suspender a los tres sacerdotes y declarar inocentes a los otros nueve sacerdotes y dos laicos.
Incluso, llegó a hablar de «víctimas» para referirse a ellos, según apuntan fuentes directas conocedoras del caso. Sin embargo, todos ellos están investigados y uno de ellos, Sergio Q. M., profesor de Religión, pasó a disposición judicial y está imputado junto a otros tres curas. Sólo entonces la diócesis le retiró la venia docendi.
El Magistrado ha requerido de inmediato al arzobispo toda la documentación de expediente informativo que instruyó en su día. Una documentación que también le habría solicitado la Congregación para la Doctrina de la Fe, y que a día de hoy no ha sido enviada a Roma. Fuentes vaticanas interpretan este gesto como un nuevo desaire del prelado, que ve cómo su cese se antoja definitivo en enero. Distintas informaciones apuntan al arzobispo castrense, Juan del Río, como su sucesor en Granada.
El Juez quiere comparar las declaraciones efectuadas por los «Romanones» (los imputados e investigados) en sede judicial, y las que supuestamente llevaron a cabo ante la investigación diocesana, para comprobar si existen contradicciones. Al tiempo, quiere conocer la opinión de los jueces, sin descartar la del propio arzobispo, quien podría ser llamado a declarar como testigo en los próximos días.
Según las normas vaticanas -compatibles con la legislación española y los Acuerdos Iglesia Estado- el arzobispo de Granada estaría obligado a remitir toda la información requerida por el magistrado a la mayor brevedad posible. Algunas fuentes llegan a sugerir -aunque esta información no ha podido ser contrastada, amparándose los responsables episcopales en el secreto eclesiástico del sumario- que no habría constancia documental de algunas de las entrevistas a los investigados por abusos sexuales.
Sí se ha hecho llegar las declaraciones tanto de los padres de Daniel como de la propia víctima. Daniel se encuentra en estos momentos muy tranquilo, y su único deseo sigue siendo el servicio a la verdad y a la justicia, sin querer hacer ningún daño a la Iglesia y con la única intención de evitar que los abusos pudieran seguir cometiéndose.
El apoyo del Papa -que ha continuado produciéndose de forma más discreta y a través de terceras personas- ha resultado fundamental en su decisión de dar el paso adelante y denunciar. El secreto del sumario, prolongado durante un mes, está permitiendo que la investigación avance sin el revuelo mediático ni las presiones intra y extraeclesiales inherentes al caso. En breve, podríamos asistir a importantes novedades judiciales.
Por otro lado, las acusaciones acerca de los gastos de monseñor no han hecho sino incrementar. Tal y como ha adelantado hoy Andalucesdiario.es, y ha podido corroborar esta web con documentos oficiales del Arzobispado (algunos de los cuales adjuntamos en esta información) el arzobispo de Granada recibe de la Conferencia Episcopal un sueldo mensual de 1.200 euros. Sin embargo, gasta una media de 2.000 a 3.000 euros mensuales con una Visa oro que corre a cargo de la diócesis. Expertos consultados por RD que han podido examinar toda la documentación estiman que Javier Martínez podría disponer directamente de alrededor de 60.000 euros al año para su uso personal.
Según los presupuestos diocesanos desde 2009, Martínez tiene todos los gastos cubiertos (casa, comida, automóvil, teléfono, etcétera…), además de su sueldo, pero los «Gastos del Sr. Arzobispo» superan los 180.000 euros al año. Ello sin contar los centros de estudio, gastos de la Curia ni nóminas de algunos de sus más estrechos colaboradores, pertenecientes al movimiento de Comunión y Liberación.
«Sueldo y Visa oro aparte -describe Andalucesdiario.es-, el arzobispo percibe unas retribuciones en especie que llegan a ser escandalosas. Utilización de vivienda y vehículo, manutención, viajes, teléfono, gastos de libre disposición… forman parte del salario en especie por las que cualquier mortal tendría que tributar en su declaración de la renta. ¿Lo hace el arzobispo? Javier Martínez está por encima del mínimo exento de la declaración de la renta con los ingresos salariales que recibe de la Conferencia Episcopal (1.200 euros al mes) y el complemento que cobra de la diócesis (8.893 euros al año). Que incluya en su declaración los pagos directos de consumos, bienes y servicios que carga a la diócesis es otra historia».
En el año 2009, en plena crisis económica y financiera, los gastos del arzobispo le costaron a la diócesis 183.167,13 euros. Sus desplazamientos, consumo de teléfono, gastos de representación y complementos de retribución y libre disposición supusieron 29.000 euros. Sus dos secretarias costaron 91.621 euros (incluyendo sus nóminas y seguridad social) y los gastos de la residencia arzobispal (funcionamiento, teléfono, personal seglar y prima de seguro), 60.543 euros, sin incluir consumos de calefacción o servicio de limpieza, que se cargaban en el capítulo de gastos generales.
Unos gastos que, añade la web, alcanzaron los 188.528 euros en 2010, «una cantidad que supone más 500 euros de media al día». Solo sus desplazamientos, gastos de representación y de vehículo, teléfono, y complementos de retribución y libre disposición le costaron a la diócesis 41.524 euros. Lo demás se fue en teléfonos (más de 7.000 euros, entre el consumo de su secretaria y la residencia arzobispal), en gastos de funcionamiento de la vivienda (15.456 euros), en las nóminas y seguros sociales de sus dos secretarias y el personal de servicio de la residencia y poco más.
Los datos forman parte de la liquidación de los presupuestos del Arzobispado de los años 2009 y 2010. Son los datos oficiales, aunque los gastos reales podrían ser superiores, dado que desde el año 2011 todos su gastos se engloban en partidas generales.
