Hechos. Demostrados con documentos y testimonios. A los que hay que sumar el relato de lo acontecido desde que "Daniel" recibe la llamada del Papa hasta que se decide a denunciar, que dejan claro que la actuación del prelado dejó mucho que desear
«Los Obispos, que han venido siguiendo también la campaña mediática de acoso al Arzobispo de Granada que ha tenido lugar en los últimos meses, campaña que no ha temido recurrir a la mentira y a la calumnia, expresan su comunión plena y su apoyo al Arzobispo de Granada, Mons. Javier Martínez, y lamentan esas informaciones falsas e injustas que tanto daño hacen al Pueblo de Dios». Así reza la nota de «apoyo al arzobispo de Granada» de sus compañeros de Andalucía. Una nota que, a nuestro juicio (y en lo que a Religion Digital se refiere), no sólo es falsa y falaz, sino, además, injusta y falta de ética.
La nota lanza acusaciones gravísimas contra los medios de comunicación, acusándolos de mentir, calumniar y publicar informaciones falsas e injustas. Además, acusaciones de tal calibre se lanzan hacia los medios en general, sin especificar. Al no citar medios concretos, se deduce que la gravísima acusación se dirige a todos en general. No parece de recibo una descalificación tan general y generalizada por parte de los obispos del Sur. Creemos que se trata de una clamorosa injusticia, amén de una evidente muestra de falta de valentía de los prelados, que tiran la piedra y esconden la mano.
No se pueden lanzar «pedradas» de tamaño calibre, sin aducir pruebas y datos, con todo lujo de detalles. Acusaciones éticas tan graves precisan ser probadas, de lo contrario se descalifican por sí solas como una burda campaña de corporativismo eclesiástico. Una actitud muy alejada de las pautas de credibilidad y transparencia que pide continuamente a la Iglesia (y por supuesto, a los pastores) el Papa Francisco
Aun sin citar expresamente a nuestro medio, desde Religión Digital nos vemos en la obligación de desmentir a los obispos del Sur de España ante estas graves acusaciones, que ponen en cuestión la profesionalidad y el rigor informativo que desde hace casi 15 años han convertido a esta web en el portal de información religiosa en castellano más leído del mundo.
Religión Digital se siente implícitamente aludida e injustamente señalada y descalificada sin pruebas. Con acusaciones tan burdas y genéricas que merecen ser rebatidas. Porque, como profesionales y como creyentes, tenemos la conciencia absolutamente tranquila: nunca hemos calumniado ni mentido ni publicado informaciones falsas.
Hemos sido el medio que ha destapado, a nivel mundial, el caso de abusos de los «Romanones», pendiente de juicio. ¿Se puede llamar eso calumniar o mentir? Hemos sido el medio que ha publicado la carta de sacerdotes y fieles, dirigida al Papa y a las congregaciones del Clero y Obispos, en la que se denuncian las irregularidades económicas, personales y de gestión del arzobispo de Granada, monseñor Martínez. Y estamos orgullosos de ambas cosas, porque, como profesionales, respondemos a las funciones básicas y deontológicas de los medios de comunicación: informar y controlar el ejercicio del poder . Y, como creyentes, seguimos las directrices del Papa, que pide transparencia total y tolerancia cero real contra los abusos de las manzanas podridas del clero.
No queremos ni es nuestro objetivo convertirnos en jueces de monseñor Martínez. No somos jueces de nadie, sólo notarios de unos hechos cuyo enjuiciamiento corresponde tomar a los que, en la Iglesia y en la sociedad civil, están facultados para ello. Pero los obispos del Sur tampoco deberían erigirse en jueces de los medios y dictar sentencia pública y taxativa de condena de éstos sin prueba alguna.
Como periodistas y como creyentes pedimos, pues, a los obispos del Sur que aporten las pruebas de sus gravísimas acusaciones o que publiquen otra nota (igual de pública) rectificando. Y, en clave menor pero con su debida importancia, también nos gustaría que comunicasen al pueblo de Dios que camina en Andalucía y a los medios cuántos obispos aprobaron esta parte tan injusta y grave de la nota conjunta. ¿Hubo votaciones? ¿Se aprobó toda la nota en conjunto o por epígrafes? ¿Fueron todos los que la aprobaron conscientes de lo que estaban haciendo? Tenemos derecho a saber. En nombre del derecho a la información de los fieles y de los medios de comunicación. Porque, como bien sabemos fieles y obispos, sólo la verdad nos hace libres.
Las acusaciones son especialmente graves, y la respuesta tiene, por ello, que ser contundente: los obispos del Sur de España están desinformados o se están prestando a una evidente estrategida de la mentira y de la huída hacia adelante. Como dijo el Papa Francisco a preguntas de periodistas sobre el caso de abusos en Granada, «La verdad es la verdad y no debemos esconderla«.
Eso es lo que estamos haciendo desde el primer momento. Con documentos oficiales -incluyendo la llamada del Papa Francisco-, testimonios de la víctima, fuentes de la investigación y, también, con las cartas que sacerdotes y fieles de Granada han hecho llegar a la Santa Sede. Todo ello respetando la privacidad de determinadas comunicaciones que por deontología profesional no van a ser publicadas pero cuyo conocimiento dejaría en muy mal lugar a los obispos del Sur de España.
Vayamos por partes:
En primer lugar, y como una mínima lectura de las decenas de informaciones publicadas por este medio desde noviembre pasado, no existe ninguna «campaña mediática de acoso al Arzobispo de Granada». Es más, lamentablemente ha sido el propio Arzobispo de Granada -y sus consejeros aúlicos, pertenecientes a Comunión y Liberación- quien ha querido convertir el caso de abusos sexuales a un menor, cuya investigación forzó el propio Papa Francisco, en el «caso Martínez«. Una tesis que, por desgracia, han «comprado» los obispos del Sur de España.
Nada más lejos de la realidad. De hecho, la primera información -que fue portada, como tantas otras a lo largo de este proceso, en todo el mundo- ni siquiera citaba, en momento alguno, a la diócesis de Granada, como se puede comprobar en la noticia del 16 de noviembre: «Francisco fuerza una investigación sobre abusos sexuales en una diócesis española«.
En segundo término, los obispos muestran su «comunión plena y su apoyo» al arzobispo de Granada. Lamentablemente, y pasados tres meses, todavía no se ha escuchado por boca de este organismo ninguna palabra de condena a los abusos o de apoyo a la víctima. Tampoco en esta nota, en la que los obispos del Sur de España continúan apartándose de la línea trazada por el Papa Francisco.
Finalmente, nos detenemos en la expresión «campaña que no ha temido recurrir a la mentira y a la calumnia». Como medio de información, que tiene en la búsqueda de la veracidad su mayor afán, nos sentimos especialmente concernidos ante esta acusación, reservándonos -después de demostrar la falsedad de la frase- el derecho de ejercer cuales acciones sean necesarias para que se produzca un desmentido rotundo a este comunicado.
Tras la publicación de la noticia sobre los abusos y la llamada del Papa, y hasta el día de hoy, el Arzobispado de Granada ha emitido cinco notas.
La primera de ellas el 17 de noviembre, en la que se decían dos cosas que no responden a la realidad. Así, el comunicado apuntaba que «desde el momento en que se tuvo noticia fehaciente de la acusación presentada ante la Santa Sede por un joven de Granada, de haber sufrido abusos sexuales por parte de un grupo de sacerdotes de la diócesis, este arzobispado ha seguido escrupulosamente el procedimiento previsto para estos casos por la disciplina canónica (…). En el tratamiento de este caso, la diócesis ha seguido estrictamente los principios de la disciplina de la Iglesia, que son los siguientes:
1. Tolerancia cero con los abusos y con quienes los cometen.
2. Ayuda a las presuntas víctimas y, una vez probados los hechos, a las víctimas si las hay.
3. Cooperación con las autoridades en el establecimiento de la verdad y la justicia, de forma que estas conductas aberrantes, que la Iglesia rechaza y condena, puedan evitarse y erradicarse»
Sin embargo, tanto las normas de Doctrina de la Fe, como la praxis del propio papa Francisco obligan a que esa «tolerancia cero» se aplique no sólo a quienes lo cometen, sino a los encubridores y conocedores. Como el propio arzobispo reconoció en una entrevista en la cadena Cope que había actuado contra tres sacerdotes y no contra el resto de los investigados. «las cartas del denunciante y la Santa Sede implican directamente a 3 sacerdotes que están apartados de todo, del ejercicio del ministerio sacerdotal público, también se habla de otros sacerdotes que si fueran verdad los hechos los habrían conocido«, dijo el 20 de noviembre en la emisora episcopal. Algo similar a lo que manifestó posteriormente en una entrevista en 13TV y lo que dijo a los medios en Madrid el 19 de ese mes: «El arzobispo ha aclarado que hay diez sacerdotes y dos seglares acusados, aunque ha precisado que en las indicaciones que recibió del Vaticano se le dieron instrucciones para «aplicar medidas cautelares a tres sacerdotes». «Los otros pueden ser conocedores pero no han intervenido«, ha precisado».
Todo ello, por no abundar en el hecho de que los obispos españoles se enteraron del caso de abusos un mes después de que se produjera la denuncia, y después de la información publicada en RD. En ningún momento Javier Martínez se dirigió a ellos, tal y como admitió el portavoz episcopal, José María Gil Tamayo, durante la rueda de prensa final de la Asamblea Plenaria de noviembre: «La CEE tuvo conocimiento de este asunto a través de los medios de comunicación«. «Tolerancia cero. En todos los ámbitos. Hay una confianza absoluta en la justicia. Esto no admite medianías. Las responsabilidades no son negociables en este sentido«, añadió, a la pregunta de este medio sobre si esto era referido a abusadores y encubridores.
La nota de la Archidiócesis apuntaba que, «de acuerdo con esa praxis, se han seguido los trámites establecidos en la misma para verificar si la mencionada acusación tenía verosimilitud. Apenas llevada a cabo esa investigación preliminar, que no tiene aún carácter judicial, este arzobispado impuso las medidas cautelares a los sacerdotes directamente acusados de los abusos, retirándolos del ejercicio del ministerio sacerdotal». En este caso, se comprueba -no será la primera vez- cómo la utilización del lenguaje es, cuando menos, maniquea. Al apuntar que se sancionó a «los sacerdotes directamente acusados de los abusos», se intenta mitigar el hecho de que no se sancionó a los otros 9 sacerdotes investigados en el sumario, ni a los dos laicos, uno de los cuales está imputado y ejercía como profesor de Religión, hasta el día después de su detención. Como tuvo que reconocer en su segunda nota, con fecha del 27 de noviembre, el propio Arzobispado.
Aun así, RD demostró el pasado 2 de diciembre, cómo el vicario judicial acusado de abusos fue suspendido, pero no cesado en su puesto, como instan las normas vaticanas.
El 15 de diciembre, el Arzobispado de Granada emite una tercera nota, en la que apunta que «al igual que un número considerable de las informaciones aparecidas en algunos medios durante las últimas semanas en relación con este Arzobispado, son completamente falsas unas informaciones publicadas hoy respecto a que el Arzobispado no hubiera dado traslado a la autoridad judicial de la documentación que le ha sido solicitada por el Juzgado de Instrucción nº. 4 de Granada». De nuevo, la utilización del lenguaje resulta maniquea, aunque falsa. Porque lo que en realidad publicó Religión Digital el 14 de diciembre fue que el juez reclamó al arzobispo de Granada dicho expediente. La propia nota, en un segundo párrafo, reconoce que el arzobispo «trasladó al Juzgado la documentación que más tarde le fue solicitada por él, como lo ha hecho después en otra ocasión aportando nuevos datos posteriores». De nuevo, información y no mentiras ni manipulaciones, ni mucho menos campañas orquestadas.
Las dos últimas notas datan de esta misma semana, y reflejan cómo el Arzobispo de Granada, a quien los obispos del Sur de España muestran su «comunión plena y su apoyo», en su anunciada caída -incluso reconocido, en las redes sociales, por sus más inmediatos colaboradores, que tienen nombres y apellidos que en su día se harán públicos- decide pasarse definitivamente al ataque. Ya no se habla para nada de «Daniel», de los abusos o del llamado «clan de los Romanones».
Directamente, y así se dice en la nota del 20 de enero, «el Arzobispado de Granada desmiente que el Arzobispo Mons. Javier Martínez haya estado en Roma la pasada semana y que haya sido llamado ante la Santa Sede para rendir cuentas de su ministerio episcopal».
Una vez más, el juego de las palabras. Pero es que nadie dijo, en ningún medio, que el arzobispo hubiera viajado «la pasada semana», sino «en los primeros días de enero». Así lo apuntaba RD el día 15 de enero, información que hemos podido corroborar directamente en Roma. También, que en dicha cita el arzobispo tuvo oportunidad de conocer el contenido de las cartas de fieles y sacerdotes que este martes publicó esta web.
El relato de los hechos, por mucho que se empeñe en desmentir el Arzobispado, es éste, así como que posteriormente Martínez preparó sendos informes para su defensa, tanto en los casos de abusos como en el de la deuda contraída por la diócesis. Como admitía -siempre acaban admitiendo los hechos, a su manera- la nota de marras, «el Arzobispo de Granada se desplazará a Roma próximamente durante unos días para llevar a cabo en diversas Congregaciones de la Santa Sede diferentes gestiones acerca de la vida diocesana». En dichas reuniones, que tendrán lugar entre mañana y el próximo martes (pues el 28 el arzobispo estará oficiando en Granada, ya sea como titular de la diócesis o como administrador apostólico), conocerá definitivamente su destino.
La última de las notas, de este 21 de enero, y que coincide en el tiempo -han sido instantáneas- con la publicada por los Obispos del Sur de España, el «Comité Técnico del Consejo de Asuntos Económicos de la Archidiócesis de Granada» (sic) subraya que «es totalmente falso que el arzobispo haya solicitado o dispuesto, a título personal, de ninguna cantidad extraordinaria de dinero que exceda de la establecida en las partidas presupuestarias correspondientes».
Este mismo diario demostraba el 14 de diciembre pasado, con imágenes de los presupuestos de la propia Archidiócesis granadina (que volvemos a reproducir), que don Javier Martínez gasta una media de 2.000 a 3.000 euros mensuales con una Visa oro que corre a cargo de la diócesis.
Según los presupuestos diocesanos desde 2009, Martínez tiene todos los gastos cubiertos (casa, comida, automóvil, teléfono, etcétera…), además de su sueldo, pero los «Gastos del Sr. Arzobispo» superan los 180.000 euros al año. Ello sin contar los centros de estudio, gastos de la Curia ni nóminas de algunos de sus más estrechos colaboradores, pertenecientes al movimiento de Comunión y Liberación.
En el año 2009, en plena crisis económica y financiera, los gastos del arzobispo le costaron a la diócesis 183.167,13 euros. Sus desplazamientos, consumo de teléfono, gastos de representación y complementos de retribución y libre disposición supusieron 29.000 euros. Sus dos secretarias costaron 91.621 euros (incluyendo sus nóminas y seguridad social) y los gastos de la residencia arzobispal (funcionamiento, teléfono, personal seglar y prima de seguro), 60.543 euros, sin incluir consumos de calefacción o servicio de limpieza, que se cargaban en el capítulo de gastos generales.
Unos gastos que alcanzaron los 188.528 euros en 2010, «una cantidad que supone más 500 euros de media al día». Solo sus desplazamientos, gastos de representación y de vehículo, teléfono, y complementos de retribución y libre disposición le costaron a la diócesis 41.524 euros. Lo demás se fue en teléfonos (más de 7.000 euros, entre el consumo de su secretaria y la residencia arzobispal), en gastos de funcionamiento de la vivienda (15.456 euros), en las nóminas y seguros sociales de sus dos secretarias y el personal de servicio de la residencia y poco más.
Los datos forman parte de la liquidación de los presupuestos del Arzobispado de los años 2009 y 2010. Son los datos oficiales, aunque los gastos reales podrían ser superiores, dado que desde el año 2011 todos sus gastos se engloban en partidas generales.
Por otro lado, nos remitimos a las decenas de cartas que se enviaron al Papa y a los prefectos de las congregaciones de obispos y clero, el pasado mes de diciembre, y que motivaron la primera llamada a consultas a monseñor Martínez.
Hechos. Demostrados con documentos, testimonios, luz y taquígrafos. A los que hay que sumar el relato de lo acontecido desde que «Daniel» recibe la llamada del Papa hasta que se decide a denunciar, que dejan claro -y así lo atestigua, bajo juramento, la víctima- cómo la actuación del prelado deja mucho que desear.
Lamentablemente, y si no rectifican los Obispos del Sur de España pecarán del mismo delito, el todavía arzobispo de Granada se ha ocupado más en defenderse a sí mismo -la investigación también dilucidará si también a los sacerdotes investigados- que a la víctima de abusos. Ha convertido el «caso Romanones» en el «caso Martínez», y ha intentado convertirse en la víctima de un caso que ha puesto a la diócesis de Granada en el ojo del huracán. Por desgracia, muchos -parece ser que también los Obispos del Sur de España- le han «comprado» el discurso.
