El portavoz episcopal recuerda que la Conferencia Episcopal no tiene competencia para decidir sobre la continuidad del arzobispo de Granada en su cargo
El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, ha subrayado la «total confianza y respeto» de la Iglesia española en la acción de la Justicia en el caso de los supuestos abusos sexuales en Granada por parte de sacerdotes y laicos conocidos como el «Clan de los Romanones», tras levantarse el secreto de sumario. «La justicia tiene la última palabra», ha recalcado
Gil Tamayo se ha mostrado convencido de que la investigación contribuirá al esclarecimiento de los hechos. «Creo que nosotros hemos de seguir trabajando para evitar hechos como los que contempla el auto hecho público por el juez de Granada», ha declarado tras la ceremonia de entrega de los Premios Bravo de Comunicación Social, que concede la CEE.
Además, ha reiterado su «absoluta confianza en la Justicia» y su deseo de que «se esclarezca la verdad» para que no vuelvan a ocurrir hechos tan graves como los que se contemplan.
Por otro lado, ha recordado que la Conferencia Episcopal no tiene competencia para decidir sobre la continuidad del arzobispo de Granada en su cargo y que es «al Santo Padre y el arzobispo de Granada» a quienes compete discernir sobre la cuestión.
En cualquier caso, ha asegurado que por parte de los obispos españoles sólo hay «comunión y cercanía» con el prelado, en tanto que es «un obispo de la Conferencia Episcopal Española». «Tiene la cercanía de todos sus hermanos obispos», ha concluido.
Por otro lado, el abogado del joven que, con su denuncia, motivó la investigación a un grupo de sacerdotes por supuestos abusos sexuales a menores ha considerado hoy que los hechos «más graves» a los que se refiere el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada en su último no estarían todavía prescritos.
El letrado Jorge Aguilera ha anunciado que así lo hará constar en el escrito que presente al juez Antonio Moreno, quien en una resolución notificada ayer a las partes levantó el secreto de sumario que pesaba sobre las actuaciones y planteó la posibilidad de que algunos de los delitos hubieran prescrito.
El abogado entiende, a falta de un análisis más pormenorizado, que los hechos «más graves» a los que se refiere el juez instructor no pueden considerarse prescritos. No obstante, dado que el derecho penal es de tipo personal, ha apostillado, habrá que ver con detenimiento cada uno de los hechos que se imputan y sus supuestos responsables para determinar la implicación o participación de cada uno de los doce imputados totales.
Tras un análisis inicial de los 1.600 folios que integran las actuaciones, Aguilera ha señalado asimismo que «faltan por llegar» algunas pruebas que considera esenciales en la investigación de los hechos. Entre ellas, se ha referido a una pericial del Servicio de Análisis de Conducta de la Unidad Central de Inteligencia Criminal de la Policía Nacional respecto a las manifestaciones de su cliente, quien con su denuncia dio origen a la investigación judicial.
Asimismo también estaría pendiente otra prueba del Grupo de Delitos Informáticos relacionada con el análisis de todo el material informático que fue incautado durante los registros practicados en distintos inmuebles de los principales imputados.
(RD/Agencias)
