El juez constató el 30 de diciembre, y después el 8 de enero, que desde la diócesis "no se ha aportado actuación alguna relativa a la denuncia eclesiástica que dio origen al presente procedimiento"
(Jesús Bastante).- El juez instructor del caso de abusos a menores en Granada que ayer imputó a doce personas (diez sacerdotes y dos laicos) por la presunta comisión de delitos de agresión sexual, abusos y exhibicionismo, agravados por prevalimiento, cooperación o encubrimiento, reclamó en varias ocasiones al arzobispo de Granada, Javier Martínez, los documentos oficiales de la investigación canónica, tal y como informó Religión Digital.
Una noticia que trató de desmentir el Arzobispado (amenazando incluso con acciones judiciales), pero que confirma la lectura del auto judicial, que no da prueba de que dichos interrogatorios, en caso de producirse, se entregaran al juez. ¿Hubo investigación canónica? ¿Existe siquiera referencia escrita o grabada de los supuestos interrogatorios a los encausados por parte de la autoridad eclesiástica? Preguntas sin respuesta, también para el juez.
«El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, deberá entregar al Juzgado de Instrucción número 4 de Granada los documentos oficiales de la investigación canónica que se llevó a cabo el pasado mes de octubre y que se saldó con la suspensión a divinis de tres sacerdotes, miembros del «clan de los Romanones», imputados por delitos de abusos sexuales a menores, tras la denuncia de Daniel, y calificados por la investigación como «degradantes y vejatorios».», informaba el pasado 14 de diciembre nuestra web.
Al día siguiente, una de las cinco notas del Arzobispado declaraba que «son completamente falsas unas informaciones publicadas hoy respecto a que el Arzobispado no hubiera dado traslado a la autoridad judicial de la documentación que le ha sido solicitada por el Juzgado de Instrucción nº. 4 de Granada».
Según el sumario del caso, el juez solicitó hasta en cinco ocasiones al Arzobispado de Granada información relativa al caso, tal y como se refleja en las diligencias, a las que ha tenido acceso esta web.
La primera de ellas tuvo lugar el 4 de noviembre, apenas se decretó el secreto de sumario. En la misma, y aludiendo a la «colaboración expuesta por el Sr. Arzobispo de Granada en su comunicación de fecha 17 de octubre, remitan copia íntegra de todo lo actuado en esa jurisdicción eclesiástica en relación a los hechos del presente conocimiento».
A los dos días, monseñor Martínez contestaba enviando la correspondencia mantenida con «Daniel» (entre los documentos, la carta al Papa), así como algunos detalles de la legislación canónica, y el interrogatorio que dos jueces del Tribunal Eclesiástico de Valencia hicieron a la víctima de abusos. En todas ellas, Daniel acusa a las doce personas ahora imputadas. Por primera vez, el arzobispo no envió los interrogatorios a las personas investigadas, aunque sí refiere que sancionó cautelarmente a tres de ellos: Román M. V., Francisco José C. M. y Manuel M. M. No hay ninguna referencia por parte del arzobispo al resto. Como curiosidad, destacar que en el intercambio de correos se recoge expresamente cómo la víctima pide al arzobispo que le acompañe en la presentación de la denuncia «para dar parte de los hechos y manifestar así el conocimiento que desde la Iglesia se tiene de este delito».
La segunda providencia judicial data del 9 de diciembre, días después de que el arzobispo, esta vez sin petición, enviara de nuevo al juez otra serie de correos, en los que se refleja una discusión con la víctima sobre el pago de una prueba pericial. En dicha providencia, el magistrado pide al Arzobispado que «se certifique e informe de la existencia o no, en sus archivos, expedientes o en cualquier otro soporte, de quejas, denuncias o reclamaciones de cualquier tipo que se hubieran podido realizar, desde que fueran ordenados sacerdotes», por los diez curas ahora imputados. No únicamente a los tres sancionados por Martínez. El abogado de la diócesis plantea algunas dudas sobre la legalidad de esta petición, que el magistrado responde casi de inmediato.
Con fecha del 19 de diciembre, llega la última respuesta del Arzobispado. En la misma no se ofrece ningún documento que avale la existencia o no de interrogatorios a los acusados por parte de las autoridades eclesiásticas. Lo que sí observa el arzobispo, y así lo envía, es que «se han recibido en el Arzobispado algunos escritos firmados por diversos fieles de la parroquia de San Juan María Vianney de Granada que testifican a su favor, y no dan credibilidad a las acusaciones vertidas contra ellos». Muchas de ellas son cartas-tipo, que dicen exactamente lo mismo y únicamente cambian el nombre y el DNI.
El 30 de diciembre, el juez emite una nueva diligencia, en la que constata que desde la diócesis «no se ha aportado actuación alguna relativa a la denuncia eclesiástica que dio origen al presente procedimiento«, por lo que libra oficio al Arzobispado de Granada «a fin de que remita copia íntegra de todas las actuaciones eclesiásticas a que hubiera dado origen la comunicación de (nombre de la víctima) en relación a los hechos por los que se siguen las presentes«.
Al no haber respuesta, el 8 de enero de 2015, y por segunda vez, el magistrado vuelve a hacer la misma petición, y ordena librar «oficio al Arzobispado a fin de que remita copia íntegra de todas las actuaciones eclesiásticas a que hubiera dado origen la comunicación….»
En todo caso, y después del auto judicial, quedan varias preguntas pendientes, que bien habría de contestar el arzobispo de Granada a su vuelta de Roma, donde ayer participó -sentado en primera fila- a la misa oficiada por el Papa, y pudo saludarle tras la misma, aunque no fue recibido en audiencia por el Santo Padre.
Primera: ¿Hubo o no expediente a los curas acusados de abusos? ¿A todos los ahora imputados y ya entonces investigados, o solo a los tres sancionados? ¿Habló el arzobispo con ellos? ¿Cómo se gestionaron las sanciones, y por qué sólo a tres de ellos? ¿Qué hará el arzobispo ahora con los siete sacerdotes que han sido imputados, y que a día de hoy continúan ejerciendo su ministerio en distintas parroquias de la diócesis de Granada? ¿Es ésta la «tolerancia cero» propugnada por el Papa Francisco?
