Dada la gravedad de los hechos, el juez no incoará procedimiento abreviado, sino que elevará las diligencias a sumario, y concluyen en que, con toda probabilidad, el caso será juzgado por la Audiencia Provincial
(Jesús Bastante).- «El camino será todavía un poco largo». Expertos judiciales consultados por Religión Digital estiman que «quedan meses» para ver a los imputados por el caso de abusos sexuales a menores en Granada (diez sacerdotes y dos laicos) ante el banquillo de los acusados.
El procedimiento judicial, que arrancó el pasado mes de noviembre, tuvo su punto culminante hace justo una semana, cuando el juez instructor abrió el secreto de sumario, imputando a doce personas, miembros del llamado «clan de los Romanones» por la presunta comisión de delitos de agresión sexual, abusos y exhibicionismo, agravados por prevalimiento, cooperación o encubrimiento.
El juez Moreno dio un plazo de diez días hábiles, que termina el próximo 10 de febrero, para que las partes (Fiscalía, acusación particular, acusación popular y defensa) formulen sus posiciones acerca de la prescripción o no de los delitos de los que se habla en el auto, así como los presuntos autores de los mismos. Esta toma de postura es clave, aunque no definitiva, pues será el juez quien dictará resolución, fijando su criterio.
La resolución judicial, en todo caso, es recurrible por las partes ante el propio juzgado y ante la Audiencia Provincial de Granada. Una vez hecho esto, las partes podrán proponer las diligencias que estimen oportunas para proseguir con la instrucción de las actuales Diligencias Previas.
Entretanto, el proceso sigue, y se pueden volver a presentar pruebas, testigos y nuevos sujetos penales, como por ejemplo la asociación ilícita, que el propio magistrado apunta tanto en el auto como en las diligencias, en las que queda demostrado que todo el grupo de imputados «dispone de importante patrimonio en común«, tal y como concluye el auto.
El fiscal del caso Francisco Hernández, cree que la «mayoría» de los delitos ha prescrito aunque no el de los abusos sexuales con prevalimiento, y pedirá al juez instructor que determine si hay material para formular acusación. El equipo que asesora a los imputados -y que trabaja en común-, ya ha indicado que no duda de la total inocencia de sus defendidos.
Sin embargo, tanto el abogado que defiende a Daniel (Jorge Aguilera) como la asociación Prodeni -a la que el juez permitió, antes de abrir sumario, personarse como acusación popular- van más allá y concluyen que, al menos, queda demostrado que los cuatro imputados que fueron detenidos a finales de noviembre: Román M. V. de C. (quien da nombre al «clan de los Romanones»), Francisco José C. M., Manuel M. M., y Sergio Q. M., podrían ser acusados de delitos de abusos sexuales con prevalimiento, que en ningún caso habría prescrito.
En cuanto al resto, se pedirá que se les encause, entendiendo que se trata de delitos continuados. En todo caso, la acusación trabaja con el convencimiento de que se puede demostrar la asociación ilícita o «grupo coercitivo», en tanto que presuntamente habrían utilizado su posición de poder y control como sacerdotes y profesores sobre menores de edad, para manipularles y conseguir fines ilícito.
De hecho, en las diligencias se comprueba cómo todos los imputados son propietarios mancomunados de una importante cantidad de inmuebles, así como el hecho -reconocido por todos los acusados- de que vivían juntos y compartían todo -sueldo, gastos y propiedades-, incluso los detalles del relato de los hechos y las percepciones sobre todas y cada una de las personas que han participado en el proceso. Una sola opinión, y el reconocimiento de que Román era el líder absoluto del grupo.
En todo caso, lo que el auto deja claro es que, en la fase de instrucción, quedan probados los abusos tanto en autoría como en encubrimiento y conocimiento, delitos que, en el caso de la legislación canónica, no prescriben hasta 20 años después de que las víctimas alcancen la mayoría de edad. En este sentido, y dado que el arzobispo de Granada, Javier Martínez, no respondió a los sucesivos requerimientos del juez para que le entregase el expediente de los interrogatorios que la investigación canónica tuvo que hacer a los implicados, no se descarta se eleve petición a Roma. Tampoco, como apuntaron distintas fuentes, que se pida la declaración, en calidad de testigo, el propio prelado.
Terminada la instrucción, el Juzgado dictaminará si las actuales Diligencias Previas se convierten en Procedimiento Abreviado o en Sumario, según la gravedad de las penas que, en principio, correspondan a los delitos que se estimen presuntamente cometidos, y el Organo judicial al que le corresponde celebrar el oportuno juicio.
Todas las fuentes consultadas coinciden al afirmar que, dada la gravedad de los hechos, el juez no incoará procedimiento abreviado, sino que elevará las diligencias a sumario, y concluyen en que, con toda probabilidad, el caso será juzgado por la Audiencia Provincial.