La providencia judicial ya ha sido trasladada desde Exteriores a la Santa Sede a través de la Nunciatura Apostólica
(Jesús Bastante).- «Reitérese el oficio librado al Arzobispo de Granada para que en el plazo de diez días a la recepción del nuevo remita lo que se le solicitó en el anterior de fecha dos de marzo actual». El juez del caso de abusos sexuales a menores de Granada, Antonio Moreno Marín, ha vuelto a exigir al arzobispo Javier Martínez toda la documentación referente al «clan de los Romanones», según una providencia emitida el pasado viernes y que ha sido remitida a las partes.
Se trata de la séptima ocasión desde que se inició el procedimiento en que el magistrado reclama al Arzobispado de Granada las actuaciones canónicas en relación a los hechos denunciados por el joven «Daniel» y por el que están siendo investigados diez sacerdotes y dos laicos de la diócesis. La última petición del juez, además, se hizo extensiva a la Santa Sede y a la Conferencia Episcopal. Como ya publicó RD, el secretario general de la CEE, José María Gil Tamayo, ya contestó enviando el protocolo de actuación aprobado por la Iglesia española en 2010 -y hecho público por los obispos después de que lo adelantara esta web-.
En cuanto a la petición al Vaticano, RD puede confirmar que el Ministerio de Justicia ya remitió la providencia al de Exteriores, quien a su vez ha hecho llegar la providencia judicial a la Nunciatura Apostólica. La embajada vaticana en España, dirigida por Renzo Fratini, tiene la obligación de cursar a la Congregación para la Doctrina de la Fe la solicitud judicial y de canalizar la respuesta.
En cuanto al Arzobispado de Granada, la petición también instaba a monseñor Martínez a enviar todas las quejas, denuncias o reclamaciones de cualquier tipo que se hubiesen podido recibir respecto a los «Romanones». A la vez, se reclama al Arzobispo que informe si el grupo de sacerdotes y seglares han solicitado a la diócesis el reconocimiento eclesiástico de la asociación o fraternidad o hermandad sacerdotal y de fieles «que de hecho han tenido constituida al menos en los últimos diez años» y, en su caso, si le constan «quejas, reclamaciones o denuncias referidas al modo de proceder de dicha asociación o fraternidad de facto».
Por otra parte, también pidió que informe sobre las contribuciones, donaciones o aportaciones económicas que hubieren podido realizar tanto la asociación de hecho compuesta por los sacerdotes como cualquiera de ellos, por sí o en nombre de terceros, al Arzobispado de Granada o a cualquier entidad o persona dependiente del mismo», y también que aclare las reuniones mantenidas por el arzobispo con los integrantes de este grupo.
En otra providencia, a la que ha tenido acceso esta web, el magistrado responde a las alegaciones de PRODENI y de la Fiscalía respecto a la petición de la acusación de declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado de Granada. En este sentido, el juez pide esperar a la recepción de la información requerida a Javier Martínez y al Vaticano, antes de dictaminar si procede o no. Lo que parece claro es que, si en esta ocasión -es la séptima- el arzobispo continúa sin responder, se arriesga a ser multado por obstrucción a la Justicia, e incluso a ser llamado a declarar, instándose de facto a la responsabilidad civil subsidiaria.
Finalmente, una tercera providencia del juez Moreno ordena la «desencriptación de las claves o contraseñas» que protejan el material informático incautado al principal investigado en la trama y líder del clan, Román M. V., quien «no facilitó voluntariamente las claves de carpetas solicitadas en los equipos intervenidos judicialmente».
Todo ello se produce después de que el informe del Servicio de Análisis de la Conducta de la Policía Nacional, como ya informó RD, dictaminara que los testimonios de Román son «altamente deshonestos» que «ocultan la verdad e incluso la alteran».
El informe pericial a Román se une al practicado con anterioridad a «Daniel», la víctima de abusos sexuales, y la contraposición de ambos resulta fundamental a la hora de esclarecer el caso. Así, mientras las palabras de Román, sus gestos y su comportamiento durante las periciales restan «credibilidad» a su relato, las mismas pruebas practicadas a la víctima constatan que éstas son «altamente honestas».
