Eliminar este privilegio, sin resolver cómo recuperar los miles de bienes expoliados, además de la indefensión que genera a la ciudadanía, tiene un coste social incalculable
Diversos colectivos ciudadanos y comunidades cristianas, integrados en la Plataforma ‘Mezquita-Catedral, Patrimonio de Todos’, la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, Europa Laica, Redes Cristianas y Comunidades Cristianas Populares, acudirán «en los próximos meses a instancias europeas, donde la separación Iglesia-Estado es una realidad política consolidada y no una ficción, y quizás los partidos mayoritarios tengan menos ataduras confesionales y electoralistas que en España», respecto a las inmatriculaciones de la Iglesia Católica.
En un comunicado conjunto, dichos colectivos, plataformas y comunidades han explicado que han adoptado esta decisión «tras la aprobación por el Congreso de los Diputados, y próximamente en el Senado, de la reforma de la Ley Hipotecaria que elimina el privilegio que la dictadura franquista concedió a la Iglesia Católica para registrar inmuebles como si fuera una administración pública, pero que consiente la usurpación ya realizada de miles de bienes de toda índole, con especial gravedad los de naturaleza pública y pertenecientes al patrimonio cultural, arquitectónico e histórico-artístico del Estado».
Ante esto, ha manifestado, en primer lugar, que «la desaparición del privilegio registral que equipara a la Iglesia Católica con la administración pública ha sido un triunfo de la ciudadanía, que así lo ha venido denunciando y exigiendo» y «todos los partidos sin excepción han reconocido que se trataba de un privilegio anacrónico e injustificable, de lo contrario no lo habrían derogado».
Sin embargo, «la desaparición de este privilegio no significa que los miles de bienes usurpados queden convalidados. Es decir, no dejan de ser inconstitucionales las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica al amparo del precepto franquista y, en la mayoría de los casos, practicadas en fraude de Ley y abuso de Derecho, al apropiarse de bienes públicos, y en muchísimos casos sin condición religiosa, como plazas, locales comerciales, viviendas, solares, caminos o monumentos de la dimensión de la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla».
Entienden los mencionados colectivos que «esta reforma del Gobierno del PP, permitida con la pasividad del PSOE, ha cortado la vía directa para que se pudiera declarar la inconstitucionalidad del artículo 206.1 de la Ley Hipotecaria y solventar de una vez el problema. Eliminar este privilegio, sin resolver cómo recuperar los miles de bienes expoliados, además de la indefensión que genera a la ciudadanía, tiene un coste social incalculable».
Por otro lado, los colectivos han agradecido a Izquierda Unida, ICV, Compromis, Amaiur y Geroa-Bai «su apoyo al recurso de inconstitucionalidad, aunque no se haya conseguido el número necesario para su presentación», quedando «retratados para la historia, por tanto, los partidos políticos que no han querido apoyar el recurso de inconstitucionalidad, amparados en diversas excusas y permitiendo el mayor expolio patrimonial jamás ocurrido en España».
En este sentido, las citadas plataformas han dicho lamentar «la negativa del PSOE, como partido de oposición decisivo en la aritmética parlamentaria, a recurrir la inconstitucionalidad de la norma, pese a que ha reconocido públicamente su presunta ilegalidad. Esta posición incomprensible podría permitir la apropiación de miles de bienes públicos por la Iglesia y la pérdida de un instrumento jurídico fundamental para intentar recuperarlos».
Por todo ello, «ante esta deplorable situación», los citados colectivos, plataformas y comunidades afirman verse «obligados a acudir en los próximos meses a instancias europeas, donde la separación Iglesia-Estado es una realidad política consolidada y no una ficción, y quizás los partidos mayoritarios tengan menos ataduras confesionales y electoralistas que en España».
(Rd/Ep)
