El Juez constata "que en todo caso se ha omitido en las documentaciones sucesivas remitidas por el Arzobispado de Granada las declaraciones e interrogatorios escritos de los sacerdotes sobre los que se inició expediente eclesiástico"
(Jesús Bastante).- El Juez del «caso Romanones», Antonio Moreno, acaba de dar un ultimátum al arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez. En una breve y dura providencia, el Magistrado conmina al prelado a entregar, de una vez por todas, los interrogatorios a los doce investigados -diez sacerdotes y dos seglares- por el caso de abusos a menores en Granada. En caso de no hacerlo, Martínez podría incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial, después de que se le haya requerido, hasta en ocho ocasiones, la documentación que está obligado a entregar según las legislaciones civil y canónica.
En la resolución, el Juez constata «que en todo caso se ha omitido en las documentaciones sucesivas remitidas por el Arzobispado de Granada las declaraciones e interrogatorios escritos de los sacerdotes sobre los que se inició expediente eclesiástico«, y que «necesariamente deben de obrar de forma escrita a la luz de las disposiciones sobre procedimientos administrativos y eclesiásticos que dieron lugar incluso a resoluciones de suspensión de ese Arzobispado».
Esto es: que tal y como informó Religión Digital, pese a los intentos de desmentido de la diócesis de Granada, Javier Martínez está obligado, según el protocolo de actuación aprobado por la Conferencia Episcopal española en 2010, y por las normas de la Santa Sede, a elaborar informes escritos de cualquier actuación y, en caso de serles requeridos -como ha sucedido, hasta en ocho ocasiones con esta- a remitir dicha documentación a la Justicia.
Tal y como demuestra el sumario del caso Romanones, conforme a los Protocolos relativos al procedimiento a seguir en casos de abusos por clérigos contra menores de edad, de la Conferencia Episcopal Española, y de la Santa Sede («Guía para la comprensión de los procedimientos básicos de la Congregación para la Doctrina de la Fe respecto de las acusaciones de abusos sexuales», de junio de 2010), el Arzobispo de Granada estaba obligado a incoar a cada uno de los diez sacerdotes denunciados un expediente canónico, de naturaleza administrativa, respecto de los hechos denunciados, incorporando al mismo los interrogatorios y redactar y suscribir su propio informe como arzobispo diocesano.
El propio Martínez, en una de sus primeras respuestas a los requerimientos judiciales, afirmó que había puesto en marcha, contra los denunciados, el procedimiento canónico al que está obligado por los protocolos eclesiásticos. De hecho, tres sacerdotes continúan suspendidos «a divinis», mientras que a uno de los seglares se le retiró la venia docendi para continuar impartiendo clases de Religión. Otros siete de los investigados siguen, pese al escándalo, como sacerdotes en sus respectivas parroquias de Granada, sin que oficialmente haya sanción alguna contra ellos.
Pese a lo que algunos sectores eclesiásticos están intentando apuntar, los delitos contra los doce investigados no han prescrito, y la instrucción continúa con la petición de información y los resultados de los informes policiales tanto a la víctima como al principal de los acusados, el padre Román, que concluyeron con altas cotas de veracidad respecto no sólo a los abusos, sino a la participación del resto de investigados. De modo paralelo, la Audiencia Provincial de Granada ha fijado para el 15 de septiembre la fecha para decidir sobre la prescripción o no de los delitos.
Por lo tanto, monseñor Martínez debía cumplimentar, personalmente, de forma completa los requerimientos del juzgado, especialmente si ha incoado los preceptivos expedientes a los denunciados, y remitir las copias íntegras de los mismos; y, si no los ha incoado, informar al respecto y explicar al juez por qué no lo ha hecho. En caso contrario, se arriesga a ser acusado de desobediencia a la Justicia. En todo caso, la diócesis podría ser declarada responsable civil subsidiario, como ha sucedido, la pasada semana, en el caso de abusos de Can Picafort (Mallorca).
La providencia conmina al arzobispo «que aporte como parte de toda la documentación íntegra solicitada, las declaraciones, interrogatorios e informe que hubo de subcribir de forma escrita en relación a las personas implicadas en este procedimiento judicial y respecto a las que se siguió expediente canónico».
«En todo caso deberá ser remitido e informado por la persona requerida y bajo los apercibimientos que en caso de incumplimiento procedan en derecho«, culmina el escrito del juez Moreno. La respuesta judicial llega después de que el Arzobispado de Granada -y no el arzobispo, quien ahora sí está conminado a responder personalmente, y no a través de su vicecanciller- se haya negado, hasta en siete ocasiones (y tras dos apercibimientos) a ofrecer información alguna sobre los expedientes e interrogatorios a los doce implicados en el caso de abusos a «Daniel». Ni siquiera si éstos se llegaron a producir.
El último escrito de respuesta vino firmado no por el arzobispo, sino por la vicecanciller, Teresa Rodríguez Arenas. El texto, de apenas un folio, no hace la más mínima referencia a la solicitud fundamental tanto del juez como de las acusaciones: que se requiriera al Arzobispado, como también se hizo a la Santa Sede, «copia íntegra de las actuaciones canónicas v de todo lo actuado en la jurisdicción eclesiástica en relación a los hechos denunciados en el presente procedimiento, que consten en sus archivos o que hayan sido enviadas a ese Arzobispado de Granada, así como de quejas, denuncias o reclamaciones de cualquier tipo que se hubiesen podido recibir respecto de los 10 sacerdotes denunciados desde que fueron ordenados sacerdotes«.
El caso se hizo público el pasado mes de noviembre, cuando fueron detenidos el considerado líder del clan, el padre Román M.V.C., dos sacerdotes más y un profesor de Religión, que sin embargo quedaron después en libertad con cargos, en un caso en el que se ha imputado a un total de doce personas.
La prescripción de los posibles delitos (abusos sexuales y exhibicionismo, aunque las acusaciones también hablan de asociación ilícita, corrupción de menores y agresión sexual) para algunos de los investigados está, ahora, en manos de la Audiencia Provincial, después de que el juez Moreno enviara los recursos de las partes al organismo judicial.
Todo se precipitó después de que un joven comunicara por carta al Vaticano que había sido víctima de abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 años por parte de este grupo de religiosos de Granada, lo que motivó que el propio Papa Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo.
Tras la llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer ipso facto denuncia contra todos los afectados.
El Papa se pronunció también coincidiendo con la salida a la luz de esos supuestos abusos en un vuelo de regreso a Roma tras su discurso en el Parlamento Europeo en el que señaló que «la verdad es la verdad» y «no debe esconderse».
