Por primera vez, el Arzobispo no se ampara en que el caso está bajo secreto pontificio, sino bajo la autoridad de otra instancia -en este caso, Doctrina de la Fe-, y se compromete a solicitar permiso para entregar la documentación exigida
(Jesús Bastante).- El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, continúa con su huída hacia adelante en el caso de abusos sexuales investigado en Granada. En una nota de prensa emitida este mismo viernes, después de varias consultas tanto en Nunciatura como ante la presidencia de la Conferencia Episcopal, la diócesis se ampara en la Congregación para la Doctrina de la Fe, «única instancia y tribunal eclesial competente», para evitar el envío de los expedientes requeridos por el Juez instructor del caso.
Tras sucesivos requerimientos y tres apercibimientos, la diócesis se ha dirigido finalmente al Juez Antonio Moreno. Según ha podido saber RD, Javier Martínez lo hizo después de reclamar, infructuosamente, la colaboración tanto de la Nunciatura Apostólica como de la presidencia de la Conferencia Episcopal, quienes se negaron a avalar sus tesis con un escrito judicial.
En esta ocasión, el escrito está firmado por el arzobispo, y no por su vicecanciller, y en su respuesta, Javier Martínez subraya cómo «es la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la Santa Sede, la que avoca para sí y se constituye en única instancia y tribunal eclesial competente para el conocimiento de las responsabilidades canónicas que se pudieran haber producido, y la que, por tanto, sigue en este momento el procedimiento propio para el esclarecimiento de los hechos».
En opinión de Martínez -no compartida por las acusaciones ni por el propio juez-, es el organismo vaticano presidido por el cardenal Müller la que «posee la documentación procedente y la que podría autorizar, el traslado a una instancia civil y la eventual divulgación de aquellas informaciones hechas en el ámbito de la conciencia».
En lo que sí supone una novedad, y que según fuentes consultadas por RD, viene después de las conversaciones con asesores judiciales del Episcopado, el esrito concluye con el ofrecimiento, por parte de la diócesis, «a solicitar las oportunas autorizaciones de acuerdo con la legislación civil y eclesiástica aplicable, en lo procedente».
Por primera vez, el Arzobispo no se ampara en que el caso está bajo secreto pontificio, sino bajo la autoridad de otra instancia -en este caso, Doctrina de la Fe-, y se compromete a solicitar permiso para, en cumplimiento de los Acuerdos Iglesia-Estado y de la colaboración exigida por el Papa Francisco, poder entregar finalmente la documentación requerida y que podría resultar determinante para dilucidar el caso de abusos sexuales contra Daniel, por el que están siendo investigados diez sacerdotes y dos seglares.
Nota de prensa del Arzobispado de Granada.
En escrito firmado por el Sr. Arzobispo, tal como se le había solicitado, éste ha ofrecido respuesta a la nueva petición de documentos del Juzgado de Instrucción que tramita las actuaciones penales que se siguen contra varios sacerdotes y un laico en relación con un presunto delito de abusos.
La comunicación afirma que la Diócesis ha venido colaborando con el Juzgado para el esclarecimiento de estos hechos y ha aportado cuanta información se le ha solicitado, desde el primer momento, y señala que instó en su día al denunciante a poner los hechos en conocimiento del Juzgado puesto que al ser ya aquel mayor de edad, la denuncia solo podía ser formulada por él, tras de lo cual se realizó inmediata comunicación de lo conocido en ese momento a la Fiscalía, aportando copia integra de lo comunicado a la Iglesia y ofreciendo su colaboración.
Señala también que, de acuerdo con la legislación canónica aplicable, es la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la Santa Sede, la que avoca para sí y se constituye en única instancia y tribunal eclesial competente para el conocimiento de las responsabilidades canónicas que se pudieran haber producido, y la que, por tanto, sigue en este momento el procedimiento propio para el esclarecimiento de los hechos. Es ella, pues, la que posee la documentación procedente y la que podría autorizar, el traslado a una instancia civil y la eventual divulgación de aquellas informaciones hechas en el ámbito de la conciencia.
El arzobispado se ofrece, finalmente, a solicitar las oportunas autorizaciones de acuerdo con la legislación civil y eclesiástica aplicable, en lo procedente.
