Definitivamente, el arzobispo de Granada parece querer seguir convirtiéndose en el principal protagonista de lo que debía ser la lucha de la Iglesia contra un caso de abusos a menores en su diócesis
(Jesús Bastante).- Este mediodía, dos funcionarios de la Policía Judicial han entrado en la sede del Arzobispado para entregar en mano a Javier Martínez el auto del juez Antonio Moreno, publicado este lunes, en el que le conmina a entregar, en el plazo de tres días, la documentación íntegra del caso «Romanones», incluidos los interrogatorios a los diez sacerdotes implicados en la trama.
La decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada se produce después de que, desde el pasado lunes, un funcionario hubiera intentado en dos ocasiones, sin éxito, hacer entrega del auto al arzobispo. Sus colaboradores arguyeron que el prelado no se encontraba en esos momentos.
Dos días después, y según ha podido comprobar RD (ver imágenes), dos funcionarios, un hombre y una mujer, por mandato del magistrado, han entrado en la sede del Arzobispado pocos minutos antes del mediodía, permaneciendo alrededor de siete minutos en el palacio episcopal. Un artista callejero disfrazado de la Muerte con guadaña fue testigo mudo de la escena.
En el transcurso de este tiempo, han solicitado la presencia del arzobispo y le ha hecho entrega de los nueve folios del auto judicial en el que da un plazo de tres días al prelado para que remita «las declaraciones, interrogatorios e informe que hubo de suscribir de forma escrita» a los diez sacerdotes y dos seglares imputados en el caso. Otras fuentes han señalado que Martínez no se encontraba en ese momento, aunque les ha emplazado a las diez de la mañana de este viernes para recoger en persona el requerimiento judicial.
En caso de no contestar a este requerimiento, Martínez «podría incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial y/o denegación de auxilio a la Justicia, librándose los oportunos testimonios para depuración de sus presuntas responsabilidades», además de apuntar que la actuación del prelado «supone indiciariamente una evidente negativa a cumplir y colaborar con las autoridades civiles, o de ocultación«, y no casa ni con los Acuerdos Iglesia-Estado ni con los protocolos de actuación aprobados por la Conferencia Episcopal o la actitud del propio Papa Francisco, quien fue el que activó la investigación por este caso tras llamar al joven «Daniel», víctima de abusos sexuales, quien le escribió este verano, y quien animó al chico a acudir a los tribunales.
Y es que en este caso, los actos del arzobispo están comprometiendo a la misma Santa Sede, y a las relaciones Iglesia-Estado en España. Definitivamente, el arzobispo de Granada parece querer seguir convirtiéndose en el principal protagonista de lo que debía ser la lucha de la Iglesia contra un caso de abusos a menores en su diócesis.
Como se recordará, y pese a no haber recibido oficialmente el auto, el Arzobispado de Granada afirmó ayer a Ep que Francisco Javier Martínez, consultará «a sus superiores» qué hacer tras la última petición del Juzgado de Instrucción 4 de Granada. Fuentes de la Diócesis apuntaron que se remiten al último escrito que enviaron a los medios de comunicación por este asunto y han incidido en que por ahora «no hay nada nuevo», ya que debe dirimirse lo que es «una cuestión eclesiástica y una cuestión civil».
Lo cierto es que desde que se conoció el auto judicial, el arzobispo de Granada ha cancelado algunos de sus actos de esta semana alegando razones personales, aunque se espera reaparezca en público el próximo sábado, cuando coronará canónicamente la imagen de la Virgen de la Amargura. A partir de la entrega efectiva del auto judicial, el arzobispo cuenta con tres días para contestar.
