A la espera de lo que se decida en Granada, lo acaecido en Oviedo nos muestra cómo la implicación del obispo puede resultar decisiva a la hora de establecer sanciones canónicas, y de conocer la verdad
(Jesús Bastante).- «La verdad es la verdad, y no debemos esconderla«. El pasado mes de noviembre, tras su visita al Parlamento Europeo, el Francisco hablaba en público sobre el escándalo de abusos sexuales a menores en Granada. El Papa llamó por teléfono al joven «Daniel» y le animó en su decisión de acudir a los tribunales, pese a la falta de apoyo del arzobispo de Granada, Javier Martínez.
La «tolerancia cero» de Bergoglio contra los abusos sexuales a menores se ha cobrado la primera víctima en España, el padre Chus. A la espera de lo que se decida en Granada, lo acaecido en Oviedo nos muestra cómo la implicación del obispo puede resultar decisiva a la hora de establecer sanciones canónicas, y de conocer la verdad.
La «expulsión del estado clerical» es una de las penas más graves que puede sufrir un sacerdote, e implica, como en este caso, que deja de serlo. Sin posibilidad de apelar y sin vuelta atrás. No es una «suspensión a divinis» que en cualquier momento puede ser revocada. Es la primera vez que esta sanción se da en España, por este caso, desde que Francisco es Papa.
El Arzobispado de Oviedo, liderado por Jesús Sanz, ha actuado con rotundidad y sin dar pie al espectáculo, y después de un proceso que ha durado algo más de un año, y en el que ha intervenido la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Papa lo ha culminado anunciando la expulsión del estado clerical del padre Jesús María Menéndez Suárez de manera «irrevocable e inapelable», según el comunicado de la diócesis.
La nota episcopal concluye manifestando su «profundo dolor por unos delitos que han supuesto un daño enormemente lesivo tanto en personas adultas, como especialmente en menores de edad según la legislación eclesial, por parte de quien ha manchado la santidad de su sacerdocio y ha roto la comunión». Mientras tanto, «pide perdón por la conducta reprobable de este sacerdote, expresa su voluntad de seguir velando por el bien de todos los fieles, especialmente los menores y más desprotegidos».
Fuentes conocedoras del proceso han asegurado a RD que, una vez avanzado el proceso, se fueron sumando más posibles víctimas del padre Chus, en su mayor parte jóvenes. Tras la sanción canónica, el sacerdote pasa a ser el «ciudadano Chus» y, más que posiblemente, habrá de vérselas con la fiscalía de menores. Tal y como adelantábamos ayer, y como confirma hoy El Comercio, la titular de Instrucción número 4 de Gijón, Ana López Pandiella, abrió hace dos meses diligencias a raíz de las denuncias presentadas en la comisaría de Gijón por dos supuestas víctimas de abusos. El procedimiento ha sido incoado y se encuentra aún en la fase inicial de investigación. El padre Chus no ha sido aún citado a declarar y sobre él no pesa cargo alguno, circunstancia que podría modificarse a medida que avance la instrucción.
La resolución del Vaticano de expulsar al sacerdote coincide con la fecha en la que los dos denunciantes acudieron al Cuerpo Nacional de Policía para narrar los supuestos abusos, «prolongados en el tiempo», que habrían sufrido por parte del religioso. Los responsables del Servicio de Atención a la Familia (SAF) les tomaron declaración y remitieron los informes al juzgado de instrucción que en ese momento se encontraba de guardia.
Para entonces la decisión del Papa Francisco ya era firme dada «la grave conducta inmoral contra el sexto mandamiento del Decálogo y el abuso de menores según las normas canónicas vigentes (menos de 18 años)». El 6 de marzo fue suspendido de todas sus funciones y se le dispensó el celibato.
La noticia ha causado un gran revuelo en la diócesis, toda vez que el sacerdote era muy conocido en Gijón. Hasta que se ha conocido la condena, la imagen que se tenía del padre Chus era muy diferente. Con 63 años, había sido había sido párroco hasta entonces de Castiello de la Marina, en Villaviciosa, y anteriormente de otras localidades asturianas como Tazones, Argüero y Oles, hasta que el arzobispo, Jesús Sanz Montes, le prohibió cautelarmente dar misa a mediados de 2014.
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