Si se sigue el relato del propio arzobispo, éste no recibió el ultimátum del juez Moreno hasta el viernes 29 por la mañana, lo que hace difícil que fuera en ese momento cuando "conociera el auto dictado por el Juzgado de Instrucción 4", como cita la nota
(Jesús Bastante/Agencias).- Después de casi una decena de requerimientos y tres apercibimientos -el último, con amenaza de sanción-, el arzobispo de Granada, Javier Martínez, ha claudicado y esta mañana ha entregado ante el Juzgado de Guardia la «documentación requerida» sobre el «caso Romanones«. Una entrega que, según ha podido saber RD, se ha producido a regañadientes, y después de una tensa reunión en Nunciatura, que ya no apoya sin reservas, como hasta ahora, al prelado.
Así las cosas, la Santa Sede ha tenido que recordar al arzobispo de Granada que, según los vigentes Acuerdos Iglesia-Estado, la normativa eclesiástica española y la propia voluntad del Papa, la colaboración con las autoridades debía ser plena. Tras conocer el ultimátum del juez, además, varios obispos se dirigieron a la Santa Sede para informar del peligro que podría acarrear una nueva desobediencia del prelado.
El conocimiento del caso de abusos en Oviedo, por el que el Papa Francisco ha expulsado del sacerdocio a un religioso, ha motivado que Doctrina de la Fe, finalmente, no quisiera que el asunto traspasase las fronteras de nuestro país, y ha forzado a Martínez a entregar la documentación.
Desde la diócesis, sin embargo, se trata de vender la cesión como una muestra de colaboración con las autoridades. Así, en un comunicado, el Arzobispado ha informado que, de acuerdo con la legislación aplicable y con las indicaciones de la autoridad competente de la Iglesia, «se le han transmitido las cautelas y reservas que protegen esa documentación«, al tratarse de datos obtenidos «en el ámbito eclesial» y que responden «a la normativa canónica propia de ese ámbito».
Desde la curia se especifica que «tan pronto» el arzobispo tuvo conocimiento de estos requerimientos trasladó las notificaciones del juez a la Congregación para la Doctrina de la Fe, «única instancia eclesiástica competente en el tema». En una carta remitida el pasado 28 de mayo, este organismo autorizó al arzobispo a entregar al magistrado la documentación solicitada, con el propósito de que «pueda aclarar los presuntos hechos delictivos».
Sin embargo, y si se sigue el relato del propio arzobispo, éste no recibió el ultimátum del juez Moreno hasta el viernes 29 por la mañana, lo que hace difícil que fuera en ese momento cuando «conociera el auto dictado por el Juzgado de Instrucción 4», como cita la nota.
Pese a todo, el Arzobispado de Granada quiere mantener el sigilo de las comunicaciones, apuntando que los documentos entregados se encuentran «protegidos» por un acuerdo de «rango internacional» y el procedimiento canónico «en manos de la Santa Sede», por lo que al prelado se le hacía «imposible» disponer «a su arbitrio» sin «violar tanto el ordenamiento legal vigente como la disciplina de la Iglesia».
La documentación entregada a hora, seis meses después de la primera solicitud, debería incluirlas declaraciones ante la Iglesia de los sacerdotes acusados. El comunicado subraya que «se ha colaborado en todo momento con la investigación judicial», pese a que el auto del juez señala varios requerimientos anteriores para que la Diócesis entregase la documentación interna, llegando a amenazar con la imputación de los posibles delitos de falsedad, denegación de auxilio a la Justicia y desobediencia.
El juez insistía en dicho requerimiento judicial que hasta el momento no se le habían facilitado «las declaraciones e interrogatorios escritos de los sacerdotes sobre los que se inicio expediente eclesiástico«, que estimaba que «necesariamente deben de obrar de forma escrita a la luz de las disposiciones sobre procedimientos administrativos y eclesiásticos».
Nota del Arzobispado de Granada
El miércoles y el jueves de la semana pasada (27 y 28 de mayo), el arzobispo de Granada, D. Javier Martínez, estaba en Córdoba y en Madrid gestionando diversos asuntos relacionados con su ministerio en la diócesis. El viernes 29 acudió a la hora convenida con los notificadores judiciales, y le fue notificado personalmente el auto dictado por el Juzgado de Instrucción nº 4, en el que se le requería para aportar determinada documentación relacionada con los presuntos delitos de abusos sexuales imputados a unos sacerdotes y laicos de la diócesis.
El arzobispo ha venido cooperando con la autoridad judicial desde que se tuvo noticia de la denuncia de estos hechos, habiendo instado incluso al denunciante, por ser mayor de edad, a que presentara la correspondiente denuncia a las autoridades civiles. Sin embargo, al estar el procedimiento canónico en manos de la Santa Sede, y al estar protegidos también los documentos por un Acuerdo de rango internacional, le hacía imposible al arzobispo disponer a su arbitrio de la documentación solicitada sin violar tanto el ordenamiento legal vigente como la disciplina de la Iglesia. Así se le hizo saber al juzgado tras su primera petición de esos documentos. Esa petición fue comunicada el 14 de mayo, y ha sido reiterada ahora en el requerimiento entregado el viernes 29.
Tan pronto el arzobispo tuvo conocimiento de estos requerimientos, trasladó las notificaciones del juez a la Congregación para la Doctrina de la Fe, única instancia eclesiástica competente en el tema, que en carta del 28 de mayo autoriza al arzobispo a entregar al juez la documentación solicitada, «con el propósito de que la autoridad judicial civil pueda aclarar los presuntos hechos delictivos».
En consecuencia, el arzobispo ha hecho llegar esta misma mañana al juzgado la documentación solicitada, presentándola ante el juzgado de guardia. En la comunicación al juzgado, de acuerdo con la legislación aplicable y con las indicaciones de la autoridad competente de la Iglesia, se le han transmitido las cautelas y reservas que protegen esa documentación, al tratarse de documentación obtenida en el ámbito eclesial y que responde a la normativa canónica propia de ese ámbito.
